Tras el respaldo del General Director de Carabineros, Mario Rozas, y el Ministro del Interior, Víctor Pérez, comenzó a circular una declaración proveniente de altos mandos de la institución actualmente procesados por el incumplimiento protocolar frente al uso de la fuerza, estando en contra de la actual investigación realizada la Crontraloría General de la República, y aludiendo al debido procedimiento.
Miércoles 16 de septiembre de 2020
FOTO: La Nación
La impunidad vuelve a operar de la manera más insólita y descarada posible, estando al centro nuevamente Carabineros de Chile, institución que se encuentra actualmente siendo formalizada en sus altos mandos por la Contraloría General de la República (CGR), producto de sus responsabilidades en la violación sistemática a los derechos humanos, en el marco de lo que se ha conocido como el “estallido social”.
Es así como 7 generales se encuentran siendo investigados frente al no cumplimiento de los “protocolos del uso de la fuerza”. Protocolos que por cierto se encuentran contenidos en los manuales internos, de acuerdo a lo signado por el medio Bío Bío.
Los sujetos que se encuentran actualmente inculpados son el general inspector Ricardo Yáñez Reveco, actual Director Nacional de Orden y Seguridad; el general inspector Jorge Valenzuela Hernández, Director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti Riess, Jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás Álvarez, Jefe Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno Vásquez, Jefe V Zona Valparaíso; y Jean Camus Dávila, Director de Logística.
El blindaje de Mario Rozas y el gobierno
Como era de esperarse el primero en salir a escudar a los funcionarios policiales acusados fue el General Director de Carabineros, Mario Rozas, quien ya se ha hecho de un significativo historial de excusas, protegiendo a una de las instituciones más cuestionadas durante los últimos años, manifestando esta vez que “los uniformados se levantan todas las mañanas para hacer el bien”, y agregando irónicamente que “hay muchos estrategas policiales”, atentando con su labor.
Sin embargo, a la par del esperado respaldo de Rozas ante la situación, se hizo también presente el blindaje del gobierno hacia Carabineros, el que por medio de su actual Ministro del Interior y perpetuador de la política represiva y de impunidad, Víctor Pérez quien señaló:
"El Gobierno ha sido extraordinariamente claro en esta situación, hemos respaldado el actuar Carabineros. Creo que el actual alto mando ha tenido que enfrentar una situación extraordinariamente compleja en los niveles de violencia, por lo tanto, creemos que esas acciones que ellos desarrollaron están dentro del marco de la ley”.
Un claro ejemplo de cómo frente a las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos, que significaron mutilaciones y muertes por “fuerzas del orden”, el gobierno mantiene su incólume posición de defensa hacia los criminales de verde.
La hipócrita carta presentada por la defensa de los acusados
Por su parte, frente al respaldo institucional tanto de Carabineros y el gobierno de Sebastián Piñera, los altos mandos acusados se manifestaron por medio de una declaración expuesta por la defensa de los procesados, en contra de la investigación realizada por la CGR, lamentando “que se hubiesen infringido las normas de reserva de ese tipo de acto administrativo, ya que sin haber sido notificados al menos dos generales han tomado conocimiento de la formulación de cargos en su contra” de acuerdo a lo señalado por La Tercera, agregando que “En cuanto al fondo de los cargos formulados por la CGR, debemos reiterar que el Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hechos delictivos ocurridos desde el mes de octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública conocido por todos”.
Siguiendo esta línea de victimización manifiestan a través del texto que “desde este punto de vista, tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir alguna acción acorde con las diversas situaciones que se fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes”, y por último añadiendo que “En cuanto a la actuación de la CGR, el ejercicio de la potestad sancionadora debe ser ejercida de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, como asimismo respetando los principios y garantías de todos los ciudadanos. Desde este punto de vista, resulta ilegal que la CGR se inmiscuya en estas materias, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al General Director de Carabineros de Chile, todo ello de acuerdo a la LOC que los regula y los reglamentos respectivos”.
La respuesta de la Contraloría General de la República
Frente a dicha declaración, no se demoró en surgir una respuesta desde la CGR, señalando que “La facultad de la Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República que le encarga el control de legalidad de los actos de la administración y en el artículo 133 de la Ley 10.336 que sostiene que el contralor, o cualquier otro funcionario de la Contraloría especialmente facultado por aquél, podrá ordenar cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos”.
A su vez manifestaron la notificación del procedimiento al General Director de Carabineros, Mario Rozas, con oficio 6.412 del día 20 de Marzo, contando con más de 457 denuncias debidamente formalizadas individualmente, y precisando el procedimiento sumarial efectuado.
El gobierno de la impunidad
Está más que clara la ubicación del gobierno frente a la situación política actual, donde a estar cerca de cumplirse 1 año del “estallido social”, la impunidad policial por parte de Carabineros se mantiene como sello, siendo responsables de innumerables atropellos a los derechos humanos, mientras personas como Gustavo Gatica o Fabiola Campillay, quienes perdieron su vista, permanecen aún sin obtener justicia. Y mucho menos aquellas personas como Abel Acuña, quienes perdieron su vida por la represión policial y militar en las calles.
La necesidad constante por parte del gobierno de Piñera de reprimir, controlar y perseguir cualquier indicio de protestas social, requiere de la utilización de las fuerzas represivas del Estado como Carabineros, quienes a pesar de contar con un amplio historial de corrupción y violencia, quienes cuentan con ciego respaldo del régimen podrido en el que vivimos, que escolta a camioneros y adeptos del rechazo, mientras ejerce la mayor brutalidad contra mapuches y manifestantes que reclaman por sus derechos.
Se palpa el enorme repudio a Carabineros en amplios sectores de la población. Y mientras algunos buscan reformar una institución podrida hasta la médula, la disolución de estas “fuerzas del orden” está planteada frente a su rol de garante de los intereses de este régimen, que desata la crisis encima de los hombros del pueblo trabajador, mientras salvaguarda la fortuna de los grandes empresarios, y con ella la violencia en contra de la protesta y la movilización.
