Lo hará a través de una empresa de consultoría llamada KPMG, contratada por $ 5.849.745, para realizar el “análisis" de las pensiones no contributivas suspendidas la semana pasada a pedido del FMI.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Martes 2 de octubre de 2018 13:39
Presidencia de la Nación difundió la contratación de una empresa que ofrece servicios de auditoría y asesoramiento, llamada KPMG Argentina, por la suma de $ 5.849.745, con el objetivo de que analice las más de un millón de pensiones no contributivas entre las que se encuentra las que son por discapacidad que, por la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, están suspendidas.
El expediente, cuyo número es el 483-0004-LPR18, se puede ver en el portal de compras del Estado nacional y tiene fecha del 27 de agosto de 2018. Es decir, que el Estado aprobó dicha contratación casi un mes antes de que se publicara en el Boletín Oficial la resolución que disponía la suspensión de las pensiones no contributivas.
Según la información que brindó el Ministerio de Desarrollo Social, la empresa se dedicará a estudiar unos 100.000 legajos de pensiones, que ya fueron preseleccionados por esa cartera, con el objetivo de recortar un 10 % de las pensiones, que en total son 1.056.504.
Así, el Estado pretende “ahorrar”, ajustar en realidad, unos 8 mil millones de pesos tal como lo pide el FMI, que implicará un golpe durísimo para sectores muy vulnerables que además en su gran mayoría dependen de ese ingreso casi exclusivamente para poder sobrevivir, ya que su discapacidad les imposibilita trabajar.
Varina Suleiman es abogada y miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). En diálogo con La Izquierda Diario denunció que se "va a pagar esa cifra millonaria para hacer un trabajo bajo un paradigma que no es legal, cuando hay empleados del Estado capacitados porque trabajan con pensiones desde hace años para hacer este trabajo". Recordó además que los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad sufrieron despidos en abril de este año.
¿A qué se refiere Suleiman cuando habla de que el paradigma que quiere implementar el Estado no es legal?
Para dar de baja las pensiones, el macrismo utiliza un decreto menemista, el 432/97, que establece como requisito para cobrar una pensión de este tipo que la persona pueda acreditar un 76 % de discapacidad que le prohíba trabajar y que sea titular de bienes, entre otras cosas. "Decime vos como llega al centro un hombre en silla de ruedas, o las personas ciegas que usan un teléfono con tecnología determinada porque no pueden usar otros", afirmó la abogada.
Suleiman denuncia que el Gobierno "toma como normativa vigente el decreto 432, mientras que la normativa vigente es la de la Convención de Naciones Unidas que establece en su artículo 28 la protección social del Estado a todas las personas con discapacidad, que incluye entre otras cosas vivienda adecuada, vestimenta. Imaginate que con los $5.300 apenas se mitiga el gasto que el Estado no cubre. Recortar por ahí es lo mas miserable, cuando hay sectores que han ganado mucho".
Acá radica la inconstitucionalidad. Por esta razón desde REDI presentaron un escrito en la Cámara de Apelaciones donde esta el expediente solicitando que se suspenda la aplicación de resolución "La Cámara tiene que resolver si es constitucional o no el decreto, por lo que la Agencia Nacional de Discapacidad no puede aplicar la resolución".
Una política de ajuste que no es nueva, pero que de la mano del Presupuesto se profundizará
La política de ajuste sobre ese sector no es nueva. El Gobierno nacional suspendió y dio de baja en los últimos dos años a unas 170.000 pensiones no contributivas, de las cuales 70.000 eran por invalidez o discapacidad. En septiembre de este año, la jueza Adriana Cammarata dictaminó que la restitución de todas las pensiones, sin embargo el oficialismo no solo que apeló el fallo, sino que decidió contraatacar poniendo en suspenso todas las pensiones y estableciendo un plazo de 10 días hábiles para que cada titular del beneficio realice el reclamo ante el Anses.
El proyecto del Presupuesto 2019, que el Gobierno hizo siguiendo las órdenes del FMI y pretende que se apruebe con la colaboración de un sector del peronismo, establece un duro ajuste, de $ 358.039 millones, para las condiciones de vida de amplios sectores de la mayoría de la población y que impactará de manera mas brutal sobre los más débiles y vulnerables. Ese el caso de las personas con discapacidad y sus familias.
“Hay un prejuicio que asimila la discapacidad a la vagancia", dice Suleiman. Y eso es justamente lo que hace el Gobierno: poner en pié una campaña, de nefastas consecuencias para las personas con discapacidad, cuyo lema es despretigiarlas para quitarles sus mínimos haberes que no llegan a cubrir ni un tercio de los costos que esas personas y sus familia afrontan.
Como venimos denunciado desde este medio, el ajuste que impulsa el Gobierno, plasmado en el Presupuesto, está puesto al servicio de pagar los intereses de la deuda (el 54 % del ajuste se destinará a eso), en detrimento de la inversión en educación, ciencia, técnica y salud. Y el caso de las personas con discapacidad es una de las muestras más brutales.
