POLÉMICA CON LOS #21FBoliviaDijoNO. Bolivia: ¿Estamos en dictadura como afirman las plataformas del 21F?

Dentro de los marcos de la política electoral que se viene dando en Bolivia, se ha generado una polarización como efecto de las consignas que viene levantando la derecha liberal: dictadura vs democracia. Sin embargo, estas consignas no son la expresión de la realidad, pues decir que Evo Morales es un dictador, que el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) es una dictadura o que frente a la dictadura hay que defender la democracia, está muy lejos de una caracterización correcta de la realidad y está al servicio de una política pro imperialista como vemos en Venezuela con Guaidó.

La oposición ha enarbolado la consigna de democracia o dictadura apoyándose en la violación a la democracia representativa con el desconocimiento por parte del Tribunal Supremo Electoral del referéndum vinculante del 21 de febrero del 2016 con el que se imposibilitaba la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, y en el que se impide la reelección consecutiva de más de dos mandatos. Este desconocimiento tiene como resultado la habilitación de Evo Morales y García Linera como candidatos para las elecciones del presente año, y, como correlato, las protestas opositoras que tienen como objetivo desgastar al MAS y favorecer sus propias candidaturas en la ya abierta campaña electoral.

El MAS a lo largo de sus trece años de gobierno ha fortalecido el Estado y ha generado grandes ganancias en favor de la burguesía y las transnacionales sobre la base de la cooptación de organizaciones sindicales, campesinas y barriales, aceitado esto con una favorable situación económica que contribuyó a pasivizar al movimiento de masas protagonista de los grandes levantamientos de la década pasada. Una cada vez mayor instrumentalización de la justicia y, sobre todo, afectando las demandas de la clase trabajadora, campesinos y pueblos indígenas en favor de los pulpos petroleros y mineros y a la oligarquía sojera y ganadera cruceña.

Frente al gobierno está la oposición de derecha que se presenta dividida, con viejos figurones de la “democracia pactada” y del “autonomismo” oriental, así como de las “plataformas”, un movimiento heterogéneo y no centralizado, muy activo en las redes sociales, en el que hay sectores que apoyan desde un discurso lavado de “izquierda” democrática, hasta sectores abiertamente racistas, anti “ideología de género” como llaman a la lucha por derechos elementales, como el katarista Víctor Hugo Cárdenas, diversos ultraderechistas, como el diputado chuquisaqueño Poppe –una suerte de “bolsonaristas” locales-, que comparten el rechazo a la repostulación de Evo. De conjunto los unos y los otros, no son una alternativa que representen los intereses de las y los trabajadores, ni de los pueblos indígenas, campesinos, de las mujeres, de las diversidades sexuales, de la juventud y el pueblo pobre.

La democracia burguesa del MAS y de los 21F: democracia de los ricos

La “democracia” que defienden la derecha liberal, las plataformas 21F y la CONADE es la democracia neoliberal, basada en el consenso de las diversas camarillas empresariales y burguesas y tutelada por los dictados del imperialismo norteamericano. Las violaciones a la Constitución poco les importa como quedó demostrado en los mecanismos de la “capitalización” para burlar los mandatos constitucionales que fueron implementados con ataques severos a los trabajadores, campesinos y al pueblo en general durante todo el ciclo neoliberal. Oponen esta “democracia” a la del gobierno, basada en el papel de caudillo que cumple Evo Morales y en los mismos mecanismos de instrumentalización de la justicia y del aparato estatal pero sin consensuar estas medidas con las fracciones burguesas tradicionales. Estas dos formas de gestión de lo política y el aparato estatal son para nosotros dos formas de lo que definiera Lenin, “democracia” para los ricos. El capitalista esconde con el nombre de democracia, un verdadero sistema de explotación por parte de un pequeño grupo de personas que son las dueñas de las grandes empresas, las tierras y los bancos. Los que protegen y defienden la democracia sin exponer su carácter burgués, naturalizan las relaciones de propiedad, de desigualdad y violencia, y garantizan la legalidad que necesita el capitalismo y la burguesía para generar riqueza a costa de la explotación de millones de trabajadores y trabajadoras.

Frente a un régimen político que funciona como garante de los negocios del capital y las relaciones sociales de explotación y opresión a través del entramado legal, institucional y militar; los socialistas revolucionarios sostenemos la imperiosa necesidad de poner en pie una nueva sociedad, basada en nuevas relaciones sociales donde no haya explotadores ni explotados y donde la gran propiedad privada de los medios de producción y cambio sea expropiada y abolida para que los trabajadores y trabajadoras decidan democráticamente su propio destino, participando no sólo en el debate de la organización política de la sociedad, sino en la planificación democrática de la economía para su plena liberación, basada en el autogobierno de los propios productores. Esta sería la base económica y social del socialismo.

Ninguno de estos cambios sociales se dará de forma gradual o pacífica, sino que será el resultado de una lucha que exige de una estrategia revolucionaria, ya que la ofensiva de la burguesía capitalista a través de sus tribunales y sus cuerpos represivos implicará los más feroces ataques contra los trabajadores y trabajadoras. Por eso la lucha por la revolución socialista implica una estrategia de lucha para vencer el poder burgués, y esto es la organización de un poder propio, organismos de poder de los trabajadores para el control de las unidades de producción y el territorio, con miras a la insurrección armada, como mecanismo revolucionario para la conquista del poder. Para ello la clase trabajadora debe luchar por forjar un poderoso partido obrero revolucionario capaz de encabezar esta lucha y llevarla a la victoria.

Mientras tanto, dentro del capitalismo, luchamos por una “democracia más generosa”, por una democracia mucho más amplia, planteando la necesidad de una cámara única que concentre el poder ejecutivo y legislativo, eliminando el cargo presidencial que es una figura sólo destinada a mantener el orden, terminando con la casta vitalicia de jueces que están atados hoy a los intereses del empresariado, suplantándolos por jurados populares elegidos por sufragio universal. También peleamos para dar respuesta a las demandas sociales que sufre el pueblo trabajador, garantizando el reparto de las horas de trabajo para lograr el fin de la desocupación y terminar con la pobreza. Además, combatimos por una democracia directa, donde los trabajadores elijan esencialmente por unidad de producción, por fábrica, empresa, escuela, a sus representantes políticos, que serán revocables por la misma asamblea que los haya votado para conformar una verdadera asamblea o consejo nacional que asuma las funciones ejecutivas y legislativas y se imponga un gobierno de los trabajadores. “Esta es la única medida capaz de llevar a las masas hacia adelante en vez de hacerlas retroceder. Una democracia más generosa facilitaría la lucha por el poder obrero” [1].

La dictadura cívico militar

Los trabajadores y el pueblo a lo largo de nuestra historia han comprendido a las dictaduras como la manifestación de un gobierno de facto (de hecho), que se hace del poder mediante un golpe de estado y con el apoyo de las fuerzas armadas. El objetivo de este tipo de régimen es dar una salida contrarrevolucionaria a una situación de crisis, buscando revertir la relación de fuerzas entre las clases a favor de la burguesía y el gran capital trasnacional. Recurren a este tipo de salida de fuerzas cuando se han agotado otros mecanismos de control sobre el movimiento de masas.

En una dictadura existe ausencia total de derechos para los trabajadores, las trabajadoras y los sectores más empobrecidos, como el derecho a la organización, a la libertad de expresión, al libre tránsito y otros que garanticen el “orden”, y que está legitimado por la fuerza. Por consiguiente, la dictadura es una de las formas, la más directa y represiva, como la burguesía y el capitalismo que hacen que la crisis la paguen los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo empobrecido. Hoy en Bolivia, pese a la pasivización del movimiento de masas llevada a cabo por el actual gobierno y la cooptación de las organizaciones sindicales y sociales, aún existe una relación de fuerzas impuesta por las masas en los grandes levantamientos de la década precedente, que dan forma al marco más general de la situación política nacional y que por lo mismo determinan, en forma parcial y distorsionada, las características del régimen político actual. Es por esta misma razón que no se puede hablar de dictadura –algunos, como la diputada Piérola, incluso hablan de “tiranía”- sino se quiere caer en el ridículo. Es aquí donde las categorías marxistas muestran su fuerza y poder explicativo, por eso hablamos del gobierno de Evo Morales como un régimen semibonapartista que permite entender los crecientes rasgos autoritarios del gobierno y su relativa autonomía con respecto a algunas camarillas burguesas.

Por lo tanto, como explica Trotsky, se entiende “por bonapartismo el régimen en el cual la clase económicamente dominante, aunque cuenta con los medios necesarios para gobernar con métodos democráticos, se ve obligada a tolerar -para preservar su propiedad- la dominación incontrolada del gobierno por un aparato militar y policial, por un "salvador" coronado. Este tipo de situación se crea cuando las contradicciones de clase se vuelven particularmente agudas; el objetivo del bonapartismo es prevenir las explosiones. El bonapartismo busca elevarse por sobre los campos en lucha para preservar la propiedad capitalista, imponer el orden, eliminar la guerra civil, o sobreponerse o impedir que vuelva a encenderse”.

En este sentido, al elevarse por sobre los campos en lucha para preservar la propiedad capitalista e imponer el orden, el gobierno del MAS y Evo Morales han cumplido un rol de mediador y árbitro de las clases sociales, y por lo mismo, han garantizado que no se toquen los aspectos estructurales del capitalismo, y que, como consecuencia, se mantenga la estructura del Estado en favor de la clase dominante y el capital extranjero.