En medio de la catástrofe sanitaria y los escándalos por sobornos en la compra de vacunas, el Gobierno de Bolsonaro avanza en su plan privatizador que incluye a la gigante de la electricidad, pero también el petróleo, agua y correos.
Martes 13 de julio de 2021 13:54
El presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó este martes la ley que privatiza la estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina. Dentro de la promulgación incluyó algunos vetos a la ley original como el que permiten eliminar una protección social por un año para los trabajadores que sean despedidos.
La sanción de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y los 14 vetos aplicados por Bolsonaro configuran un mensaje hacia el mercado financiero, que reclamaba por una mayor reducción de exigencias a los futuros nuevos accionistas de Eletrobras. Es decir, no solo garantiza las ganancias a las empresas privadas y desregula el aumento de tarifas, sino que también evita tener que otorgar a los trabajadores una subsidio y protección social en caso de que sean despedidos.
Entidades de consumidores consideran que el costo de la energía eléctrica será un 15% mas caro que el actual con la privatización, a raíz de que el oficialismo en el Congreso, con ayuda de liberales derechistas opositores, han retirado medidas de control de impacto de precios.
La privatización ocurre en un duro momento de la energía hidroeléctrica de Brasil, su principal fuente, a raíz de la peor sequía de los últimos 91 años en las cuencas del sur y sudeste del país, incluida la del Río Paraná.
Con la promulgación de la ley, Bolsonaro retiró toda la cobertura social por despidos que generará la privatización que había articulado el Congreso, incluso su base oficialista, en un contundente mensaje al mercado financiero en medio de la peor popularidad de su mandato y en medio del escándalo por los sobornos en la compra de vacunas y la catástrofe sanitaria.
El presidente prohibió que los futuros despedidos puedan adquirir acciones de la empresa con descuento como parte de su indemnización y también eliminó la cláusula que permitía que los futuros despedidos pudieran ser empleados por otras empresas u órganos del sector público vinculado a la energía por "aumentar costos".
El primer intento de privatización de Eletrobras había sido entre 2016 y 2018 durante la gestión de Michel Temer, cuya agenda de venta del patrimonio público se profundizó con la llegada de Bolsonaro con su ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal de la escuela de Economía de la Universidad de Chicago que reivindica a Ronald Reagan, Margareth Thatcher y Augusto Pinochet, para quien trabajó en Chile en los años ochenta.
También Bolsonaro vetó que el Senado deba evaluar a los directores del Operador Nacional del Sistema Eléctrico, el responsable por la coordinación de toda la red de generación y transmisión del país.
La venta de Eletrobras se concreta mediante paquete accionario, como ocurrió también con la gigante de las estaciones de servicios de la petrolera Petrobras, llamada BR Distribuidora, hoy en manos de fondos de inversión que poseen la mayoría accionaria.
El Gobierno planea que el Congreso apruebe a fin de año la venta de la estatal Correios, la empresa de logística más grande de América Latina, fundada hace más de tres siglos por el Reino de Portugal, mediante una subasta, en un negocio en el que oficialmente los funcionarios admiten interés de la multinacional argentina Mercado Libre y la estadounidense Amazon, además de los players locales brasileños.
Los brutales ataques que viene llevando adelante Bolsonaro han impactado sobre su imagen. Junto con los más de 500.000 muertos por Covid y las denuncias por corrupción, la imagen positiva del ultraderechista ha caído en picada. Según una reciente encuesta, el 70% de los brasileños cree que el Gobierno de Bolsonaro es corrupto, lo que explica también el surgimiento de importantes movilizaciones e incluso los pedidos de impeachment, que llegan hasta de sectores conservadores.
Sin embargo, el impeachment hoy solo puede ser una salida decorosa para la coalición de fuerzas políticas, mediáticas, judiciales y militares que garantizaron el golpe contra Dilma Rousseff, proscribieron a Lula y finalmente le dieron el triunfo a Bolsonaro. Sería una manera de sacarse de encima al presidente pero para poner en su lugar al militar Hamilton Mourao, su vice, que tiene el mismo plan ajustador y antiobrero pero no tan mala imagen como Bolsonaro.
Por su parte, el Partido de Trabajadores y la CUT, la central obrera que dirigen, solo hablan de esperar a 2022 para votar a Lula en las elecciones. Sin embargo, el desprestigio de Bolsonaro y las movilizaciones contra lo más brutal de su política muestran que para acabar con la catástrofe sanitaria y sus políticas antiobreras es necesario pelear ahora, con un plan de lucha coordinado y una huelga general hasta acabar con Bolsonaro, Mourao y sus planes.
