El juez que mantiene embargados los bienes de la expresidenta habilitó el cobro de su jubilación de privilegio y de la pensión de Néstor Kirchner. Un guiño del partido judicial en medio de la “persecución”.
Jueves 11 de agosto de 2016
En el marco de la causa por el “dólar futuro” el juez federal Claudio Bonadio había embargado hace algunas semanas los bienes de la familia Kirchner. Se trata de la causa por la que Cristina Fernández se presentó ante la justicia ya en dos oportunidades. En una de ellas, la del 13 de abril, la expresidenta aprovechó para hacer un acto masivo para sus seguidores en el que lanzó su proyecto de “frente ciudadano”.
El abogado de Cristina en esa causa, Carlos Beraldi, explicó que al congelarle los fondos de su cuenta corriente le habían sacado tanto sus asignaciones vitalicias como las de su esposo fallecido. Esos ingresos, según diversas fuentes judiciales, estarían por encima de los $ 200.000 pesos mensuales, en su caso, lo que sumado a la pensión de Néstor Kirchner superaría los $ 300.000.
Según declaraciones del propio Bonadio en una entrevista, esas asignaciones “están reguladas por una ley especial que, en realidad, sostiene que esa parte de la pensión es inembargable”. Por eso, a partir de notificarse de este error, tomó la decisión de devolverle los ingresos que le corresponderían.
Vale recordar que las jubilaciones de privilegio de los expresidentes, como de otros exfuncionarios nacionales y provinciales, son parte de un esquema legal de retribuciones especiales mediante los cuáles el Estado agradece los “servicios prestados” a quienes pasaron por la Casa Rosada y otros edificios públicos. Hoy cobran esos suculentos salarios (que van de los $ 200.000 a los $ 300.000) Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde y Cristina Fernández. Así como también perciben pensiones las familias de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner (es decir Cristina y sus hijos).
También reciben esas “asignaciones” Carlos Ruckauf, Carlos “Chacho” Álvarez, Daniel Scioli, Julio Cobos y Amado Boudou, todos ellos exvicepresidentes. Y otros “patriotas” que también reciben esas jubilaciones son, nada menos, que los obispos de la Iglesia Católica.
La “legalidad” que ampara a quienes cobran esos abultados beneficios son nada menos que las leyes 22.731, 21.540, 24.018, las dos primeras sancionadas por Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone, respectivamente, cabecillas de la última dictadura cívico-militar.
Recientemente en el Congreso Nacional la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman y su compañero Nicolás del Caño presentaron un proyecto de ley para derogar esas leyes, a las que consideran “una burla a los millones de trabajadores jubilados que trabajaron decenas de años y perciben una jubilación de $ 5.000”.
El partido judicial, al que Cristina acusa día a día de perseguirla, ayer pareció tomarse un respiro y le devolvió un par de cientos de miles de privilegios.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
