PARTIDO JUDICIAL. Bonadio y la continuación de la política por otros medios

Foto archivo

El terremoto que desató, justo antes del fin de semana largo, el juez federal Claudio Bonadio no tiene nada de judicial. Tiene todo de político.

Más allá de las detenciones de madrugada, de los nombres de los detenidos y de la amenaza real que se yergue sobre la libertad ambulatoria de Cristina Fernández de Kirchner, el fallo de 365 páginas firmado el miércoles pero difundido el jueves debe leerse como una jugada audaz de quien viene actuando, literalmente, como punta de lanza del Estado macrista.

El texto, redundante en afirmaciones dudosas y en prejuzgamientos, pretende ser la justificación argumentada de un conjunto de detenciones arbitrarias, avasallantes de libertades democráticas mínimas.

Para ello el juez apeló a una creación singular. La única forma en que podía cuajar un procesamiento por “traición a la patria” en la causa sobre el memorándum con Irán era inventando una supuesta guerra no declarada entre el país de Medio Oriente y Argentina. Y así lo hizo.

Prejuzgamiento

Algo hay que precisar de antemano. Sin ruborizarse ni pedir disculpas, Bonadio “ya juzgó” lo que pasó en la AMIA el 18 de julio de 1994 y en la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. O al menos, quiénes fueron los culpables. Para él, basándose en lo “investigado” por el juez Juan José Galeano y, más tarde, por el fiscal Alberto Nisman, el Estado de Irán es el que estuvo detrás de la explosión de sendas bombas. Así lo define, sin medias tintas, en varias partes del fallo.

“Está demostrado judicialmente que (Irán) ordenó/organizó/financió/ instigó dos actos de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de ’lesa humanidad’”, escribe Bonadio sin mayores precisiones.

Con semejante prontuario, para el juez Irán no tiene otro destino que el de ser un Estado enemigo de Argentina. Por lo tanto, quien ayuda a Irán es traidor a la patria.

Pero en la causa AMIA no hubo siquiera juicio. De hecho Alberto Nisman al momento de morir estaba en etapa de “investigación” del atentado, sin haber avanzado durante años en la búsqueda de la verdad ni mucho menos en la producción de pruebas incontrastables y fehacientes. Y si no hubo juicio tampoco hay sentencia. Por eso, atendiendo el más elemental principio jurídico, los imputados por Nisman son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Y para Bonadio no sólo son culpables de ese crimen terrorista los ocho sindicados por Nisman (a quienes formalmente no se los puede mencionar más que como “imputados”, mal que le pese al juez) sino que todo el Estado de Irán es un enemigo de Argentina.

Mono con navaja

Más allá de varios argumentos endebles, Bonadio ejecuta una maniobra peligrosísima para el más mínimo “Estado de derecho”: dicta de facto e ilegalmente una sentencia en un un juicio que no está a su cargo y, utilizando esa sentencia creada por él como base argumentativa, procesa y se apresta a dictar sentencias en una causa que sí está a su cargo. Ni Federico Fellini lo hubiera pensado mejor.

Sin embargo, el temerario razonamiento que pone en práctica el juez no deja de ser una regla de tres simple. Para él todo se reduce a la relación estrecha entre Irán y el Hezbollah. Primero, el atentado de 1992 a la Embajada de Israel sería atribuido “al grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah” (sic). Segundo, según especialistas en los que se apoya Bonadio, Irán es quien “creó y financió” a Hezbollah. Tercero, como dijo el primer ministro libanés Hariri, “Hezbollah es el brazo armado de Irán, no sólo en el Líbano”.

De allí a definir que el atentado a la AMIA fue pergeñado directamente por las máximas autoridades políticas de Irán hay un pequeño paso. Y Bonadio no solo lo dio sino que avanzó un poco más. Ahora el atentado a la mutual judía de 1994 no sólo es un crimen de lesa humanidad sino también un “acto de guerra de agresión”.

Para sustentar su afirmación, el juez federal siguió los pasos dados en estos casi 24 años tanto por el juez Juan José Galeano (destituido por falso testimonio y pago de sobornos en la causa), como por el fallecido fiscal Alberto Nisman y por el juez Canicoba Corral. De hecho Bonadio adscribe a las palabras de Galeano cuando en su “investigación se determinó que las máximas autoridades iraníes de 1994 habrían tomado la decisión de atentar contra la sede central de la A.M.I.A., diagramando la implementación de ese ataque y encomendando su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah”.

Fallo político

Las argumentaciones de Bonadio son, básicamente, políticas. En 365 páginas las referencias a artículos del Código Penal o del Código Procesal no pasan de lo estrictamente indispensable desde lo formal. Pero abundan elementos de análisis meramente políticos, en esencia tan opinables como válidos en el juego de las decisiones de Estado.

Para el juez es materia judiciable el cambio de política exterior del Gobierno kirchnerista. De hecho “denuncia” dos momentos en la política hacia Irán, de los cuales solo el primero sería legítimo o no judiciable.

“El posicionamiento político-estratégico llevado a cabo durante el gobierno de Néstor Kirchner y los primeros tiempos del gobierno de Cristina Fernández”, sería para Bonadio el que vale. Allí, dice el juez, “se privilegió la defensa de la jurisdicción de la justicia argentina y la soberanía nacional, reclamando a la República Islámica de Irán por su negativa de colaborar con los pedidos realizados y no permitir que los prófugos de dicho país sean sometidos a derecho”.

El problema, según el magistrado, arrancaría en septiembre de 2010, donde la Presidente giraría en sus discursos en las asambleas de la ONU, pidiendo acordar con Irán un tercer país para juzgar a los imputados (2010), reconociendo al Estado de Palestina (2011) y dejando de ordenarle a los funcionarios de Cancillería que se retiren cuando hablaba el presidente iraní, como la había hecho en años anteriores. Los roces entre el Gobierno y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) harían el resto.

Bonadio dice ahora que el cambio de orientación de CFK se habría dado a partir de un pedido del propio gobierno de Irán, que buscaba que se levantaran las órdenes de captura para los ocho ciudadanos de ese país y, por consiguiente, la impunidad.

“En base a ello, se puede advertir claramente que el objetivo perseguido por la diplomacia de la República Islámica de Irán con la suscripción del memorando de entendimiento no era otro que lograr que la República Argentina deje de responsabilizar internacionalmente a ese país de ambos atentados”, escribe el juez en la página 170 del fallo.

A tal fin acudiría entonces una “camarilla de altos funcionarios y ciudadanos argentinos que participaron en su negociación, eventual elaboración y puesta en marcha”, encabezada por Cristina, Zannini, Timerman y compañía.

En la página 185 de su fallo, Bonadio sigue su análisis político: “En líneas generales esta ley fue aprobada mediante el voto de diputados y senadores oficialistas y de aliados políticos que apoyaron el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la suscripción del acuerdo tuvo cuestionamientos de prácticamente todos los legisladores del arco opositor quienes rechazaron sus términos, tildandolo alguno de ellos, incluso, de inconstitucional”.

Bonadio explícitamente reivindica los argumentos políticos vertidos por los legisladores de la Unión Cívica Radical al momento de la votación del memorándum en el Congreso. Y combinándolos con la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en 2014, el juez se ve casi obligado a actuar.

De la guerra

Sin dudas el punto más emblemático del fallo político de Bonadio es aquel que habla de los atentados a la Embajada y a la AMIA como “actos de guerra de agresión”. Tan político es que busca esa terminología guiado por la concepción clausewitziana de la guerra como continuación de la política por otros medios.

Bonadio afirma que no hace falta que Irán haya declarado formalmente la guerra a Argentina para considerar a ambos atentados productos inocultables de una actitud bélica manifiesta de Irán. Por lo tanto Irán pasa a ser enemigo de la Nación y quienes lo ayuden serán traidores a la patria. Además, agrega el juez en la página 206, “con la aparición del fenómeno del terrorismo internacional cambió la concepción clásica de estado de guerra”.

De allí que a la expresidente y al resto de los procesados les puedan esperar condenas de diez a veinticinco años o incluso reclusión perpetua debido a los cargos de “traición a la patria”.

Bonadio recurre a un último recurso, que no por simplón deja de ser parte de una avanzada temeraria. Como para que todo le cierre, el juez asegura que la expresidente y sus secuaces se habrían manejado en secreto y negando todo tipo de información al resto de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Incluyendo nada menos que al jefe de Gabinete de ministros de Cristina Kirchner entre 2011 y 2013, Juan Abal Medina.

Es decir que por entonces Argentina era gobernada por una verdadera cofradía tan conspirativa como impermeable. Aquí quizás resida la maniobra menos sostenible de Bonadio. Teniendo en cuenta la “madera” de la que está hecho el personal político que ocupó la Casa Rosada en el periodo anterior, decir que todo se logró hacer bajo “extricto secreto” es algo poco consistente.

Este jueves, una semana después de jurar como senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner sintió la necesidad de hablar públicamente. En una conferencia de prensa (lo que nunca) hizo su descargo al procesamiento y pedido de desafuero lanzado por Bonadio.

Pero como se dijo en este sitio, la expresidente vuelve a ubicarse como una oposición fundamentalmente institucional, alejada de las calles y de cualquier llamado a movilizar para derrotar tanto las medidas de ajuste del gobierno como los ataques a las más elementales libertades democráticas.

Al mismo tiempo que cuestiona la medida arbitraria y antidemocrática de Bonadio la actual senadora se ve impedida de mencionar el profundo entramado entre Poder Judicial, Gobierno y servicios de inteligencia que también tuvo lugar durante su gestión y la de su esposo.

Mucho menos de las persecuciones políticas (y la represión) que sufrieron luchadores, activistas y miles de procesados por causas sociales bajo sus mandatos.