La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que fueron activados los fondos de un Bono Catastrófico contratado por una cobertura de hasta 150 mdd. Este recurso se destinará a hacer negocios con la “reconstrucción” del país, afectado por los acontecimientos de septiembre.
Gabriel Bagundo México | @g_bagundo
Jueves 12 de octubre de 2017
José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que el 10 de octubre se activaron los recursos de un instrumento financiero contratado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, por 150 millones de dólares, el máximo del monto estipulado para terremotos. Suponiendo un tipo de cambio de 18.00 pesos por dólar correspondería a los 2 mil 700 millones de pesos reconocidos.
El Bono Catastrófico se suma a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuyos recursos, con el plan de reconstrucción actual, son absolutamente insuficientes para hacer frente a la emergencia que vive un importante sector de la población. El plan de reconstrucción del gobierno consiste hacer más de en lo que se considera pionero: negocios financieros.
¿Qué es el Bono Catastrófico del Banco Mundial?
México se proclama como un pionero en la emisión de bonos catastróficos. La primera emisión de bonos con las reglas del Banco Mundial fue en el 2006 y lo ha repetido en otras ocasiones. El vicepresidente de este organismo financiero ha calificado la emisión de estos bonos como una “innovación financiera”.
El bono catastrófico se pudo activar recién porque debía cumplir con los requisitos acordados en la póliza, y faltaba que el Servicio Geológico de Estados Unidos “confirmara los parámetros”, es decir, confirmara que el 7 de septiembre tembló en México. El sismo del 19 de septiembre de 7.1 grados no alcanzó la magnitud pactada en la póliza, por lo que no le permitía solicitar liberación de recursos.
El Bono Catastrófico es un fondo por hasta 360 millones de dólares pero con una cobertura para sismos de sólo 150 millones de dólares.
El Banco Mundial afirma en un comunicado de prensa del 4 de agosto que la poco conocida firma de seguros propiedad estatal en México, Agroasamex, y la firma reaseguradora alemana Munich Re, serían los intermediarias para entregar los recursos. La Secretaría de Hacienda sostiene que fue una transacción en la que “participaron 37 inversionistas”.
Conocidos también como cat bonds, los bonos catastróficos pagan un interés alto a los inversionistas, en el caso de México es de 4.5%.
Si se produce una catástrofe, los inversionistas pierden parte o la totalidad del dinero invertido en el bono, que pasaría a financiar los costos de la misma. Si el desastre no se produce, el inversionista recupera su dinero junto con la rentabilidad recibida.
Esto significa que a cada vencimiento de estos bonos (en general son a tres años), el gobierno mexicano les paga a los inversores. Son parte de la deuda de México, que pagamos a costa de que el gobierno reduce año con año el gasto social.
Así es que el gobierno de Peña Nieto recibirá un máximo de 150 mil millones de dólares que se suman a los 9 mil millones de pesos que tienen el Fonden y los recursos captados por donaciones privadas, de personalidades, del Fideicomiso Fuerza México y otras donaciones internacionales.
Los negocios de la reconstrucción
Una vez más la respuesta para los problemas sociales fue aprovecharse de la tragedia para beneficiar a la banca y a las constructoras.
A la semana del sismo del 19S Peña Nieto convocó al sector privado en Los Pinos para establecer una Mesa de Coordinación para que el sector privado se hiciera parte de la reconstrucción.
Las palabras de Peña Nieto en esa reunión reconocieron que a los afectados se les iba a dejar solos: “se van a entregar los recursos reunidos para que las familias puedan realizar su autoconstrucción”. Apenas este 10 de octubre, Carlos Slim anunció que Grupo Carso se hará cargo de buena parte de la reconstrucción. A cambio del pago que realizarán las familias damnificadas, a las que el gobierno les ofrece créditos, claro está.
Lo que se ha anunciado hasta ahora del plan del gobierno de Peña Nieto es endeudar a la población y hacerles pagar los intereses (9% o superior) de fondos públicos cuyo destino era dedicarse a los efectos de algún desastre. El secretario de hacienda está contemplando además imponer un recorte no previsto al Paquete Económico 2018, ahora en estudio y discusión, que seguramente afectará el gasto social.
Por un plan de reconstrucción obrero y popular
Las organizaciones obreras y populares junto a los damnificados deben exigir con la lucha y la movilización un fondo de reconstrucción, garantizado por el Estado y bajo supervisión de los damnificados, junto a las organizaciones sindicales y populares que se hicieron parte de las tareas de rescate y solidaridad.
Este fondo debe partir de una reasignación de los recursos del Estado. En vez de mantener la militarización y miles de millones de pesos para el Ejército, la Marina y la policía, que esos fondos pasen para la reconstrucción.
Debe sumarse también los millones que se pueden ahorrar liquidando los salarios y prestaciones de privilegios de los altos funcionarios, y que todos ganen como una maestra.
A su vez, se pueden reunir más fondos estableciendo impuestos progresivos a las grandes fortunas, el no pago de la deuda externa y la expropiación sin indemnización de las propiedades de los empresarios y funcionarios que tengan responsabilidad en las construcciones que se derrumbaron por fallas de seguridad. Para que ningún damnificado pague un solo peso en la reconstrucción.
Esto, junto a luchar por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, constructoras e inmobiliarias, de las casi 400 muertes.
