El debate en torno a la prisión preventiva de Jadue no ha dejado a nadie ajeno. El gobierno ha tenido que expresar su postura ante los hechos, señalando que en el país no habría casos de persecuciones políticas judiciales. ¿Pero esto es así realmente?
Lunes 10 de junio
Los cargos en contra de Jadue son en el marco de la iniciativa de farmacias populares que impulsó en el 2015. Se le acusa de delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal por ocultamiento de bienes de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Sin embargo, los hechos que se le imputan son muy ambiguos y poco claros. Hace tres años, uno de los ejecutivos de venta de la empresa Best Quality, que abastecía a la Municipalidad de Recoleta, César Ramírez, se autodenunció por el delito de cohecho. Y posteriormente involucró a Jadue, siendo una de las pruebas sus declaraciones.
El abogado defensor ha dicho que no hay pruebas contundentes salvo la palabra de un empresario, un power point y fotos. Además añadió durante el juicio: “Los únicos que están con la champaña esperando lo que ocurra son los dueños de las cadenas de farmacias, son los dueños de las cadenas de ópticas, que están esperando para celebrar que quien irrumpió su mercado y cambió la vida de muchos chilenos quede en prisión preventiva”.
Ante declaraciones sobre que la medida de prisión preventiva era desproporcionada, tambien el gobierno, a través de Carolina Tohá, rebatió: “No comparto eso. Creo que cuando un fiscal pide medidas cautelares y cuando un juez las decide, está tomando una definición respecto al merito de la causa”.
Lo que llama la atención de la postura del gobierno, es que estos antecedentes demuestran que se trata de una operación política por dónde se le mire. Tenemos ejemplos de sobra donde se puede ver enormes diferencias con políticos de la derecha y la élite como la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (ind-UDI), quien también está siendo investigada por delitos de corrupción municipal y que, aún habiendo pruebas, se mantiene en arresto domiciliario.
Lo de fondo es que el poder judicial usa esta situación a su favor para “derribar” a quienes consideren adversarios políticos en un año de elecciones. Lo que se llama “lawfare”. Entonces a diferencia de los representantes del gobierno que insisten en crear una ilusión de que lo legal en Chile actúa de forma independiente del resto de los poderes del Estado, lo que sucede ahora es todo lo contrario.
Hay casos de sobra donde se ha podido comprobar operaciones políticas en el país, sobre todo como lo ha sido contra el pueblo Mapuche. La reciente sentencia contra Hector Llaitul da cuenta de eso, a quien le dieron 23 años de cárcel. También aquí se ha cuestionado un uso excesivo de la prisión preventiva como forma de castigo anticipado, ya que antes de esta resolución estuvo 2 años con esta medida cautelar.
La criminalización y persecución aqui se puede ver hacia activistas Mapuche que han defendido la lucha contra el saqueo empresarial de las empresas forestales y la defensa del derecho a la autodeterminación, y en otros tantos casos a dirigentes de izquierda y activistas sociales. Entonces hay un doble estándar del gobierno negando persecución, mientras se sigue encarcelado a personas por lo que dicen y piensan y no porque se hayan comprobado realmente los hechos.
