Con el respaldo de los demócratas, el PDG y la DC, el gobierno logró aprobar la semana pasada la idea de legislar en la Cámara de Diputados. La reforma, que mantiene los pilares de un modelo que afecta las pensiones de los trabajadores en manos de entidades privadas, continúa su trámite en el Senado. En este ámbito, la negociación comienza con una hoja en blanco, ya que el gobierno no consiguió la aprobación de los puntos clave de su propuesta en la Cámara.
Martes 30 de enero
Las celebraciones del oficialismo tras superar la barrera de la Cámara de Diputados con la aprobación general de la idea de legislar la reforma de pensiones parecen bastante superficiales. Los puntos principales que el gobierno había impulsado, como destinar un 3% del aumento del 6% de la cotización previsional a un fondo solidario, fueron rechazados en el recinto. A pesar de la intensa agenda de lobby parlamentario y empresarial desplegada por el gobierno, el resultado fue que la tramitación continuara en el Congreso, ingresando prácticamente una hoja en blanco al Senado.
Esta situación se presenta porque el gobierno no logró la aprobación de los puntos clave de la reforma de pensiones en la Cámara, obteniendo solo la aprobación de la "idea de legislar". Como consecuencia, el gobierno se encuentra en desventaja en la discusión en el Senado, donde la minoría oficialista es aún más pronunciada.
En otras palabras, la celebración del gobierno se basa en que se le ha concedido una hoja en blanco a la cámara más antidemocrática del Congreso, el Senado, donde se concentra lo más conservador de la clase política para diseñar una reforma previsional que distará mucho de afectar los intereses empresariales. Esta cámara incluye representantes de las AFP, como Ximena Rincón, ferviente defensora de los fondos privados de pensiones y cómplice de la estafa de las ISAPRES.
En este escenario, donde el gobierno transará en el senado a cualquier costo, no hay que ser adivino para aventurar un posible escenario en unos meses más, cuando los llamados al "realismo político" que efectuará el Partido Comunista y el Frente Amplio insistirán de que nos contentemos con las migajas que caen del senado.
Olfateando la sangre, los parlamentarios de derecha han redoblado sus esfuerzos. Han insistido en que el total del aumento de las cotizaciones previsionales se destine íntegramente a continuar financiando el negocio de las AFP. Su rechazo a la idea de cambiar el sistema de administración de fondos también obedece al intento de desafiar al gobierno. La propuesta de una AFP estatal o un sistema de administración pública sigue considerando una participación importante de los empresarios en el saqueo de los ahorros de la clase trabajadora en cualquier escenario.
La derecha y los empresarios sostienen que cualquier intento de introducir elementos de "solidaridad" al sistema de pensiones implica "sacarle la plata a la gente" y que debe ser financiado mediante impuestos, no con cotizaciones previsionales. Aprovechando la mala memoria, la derecha parece omitir que hace semanas se oponían a cualquier intento de tocar las ganancias del gran empresariado mediante impuestos, argumentando que desincentiva la inversión y el crecimiento de la economía chilena estancada.
El discurso de la derecha y la ex concertación incluso, señala que ni un peso irá para un sistema de reparto reparto, todo a capitalización individual, no a la separación de la industria y, quizás, se abran a la idea de abrir el negocio a una AFP estatal y otros competidores privados. Y que toda solidaridad se haga con impuestos generales (PGU, IVA). La ironía es que los empresarios se han negado a hacer una reforma tributaria. Dado que la reforma entro prácticamente desde cero al senado el gobierno de Boric ya se allana a un escenario donde tendrá que nuevamente resguardar los intereses de los grandes capitalistas
El temor a la idea de que el Estado pueda "expropiar las pensiones" es un recurso retórico demagógico para desviar el foco de la discusión. Bajo la excusa de "defender los ahorros", la casta política chilena se opone a que el Estado compita siquiera con el negocio de las AFP para garantizar que el gran empresariado, nacional e internacional, continúe expropiando las pensiones de la clase trabajadora para financiar sus ganancias. Otro ejemplo clásico del "socialismo para ricos", donde todos los recursos se centralizan en manos de unos pocos, despojando a la población de los beneficios obtenidos por su propio trabajo.
En retrospectiva, la referencia del presidente Boric sobre la necesidad de "dialogar hasta que duela", cuando se le interrogó por las cenas con importantes empresarios en casa de Zalaquet, adquiere una dimensión dramática. Finalmente, todas las negociaciones desplegadas solo han servido para que el "dolor" lo soporten los trabajadores chilenos, quienes ven cómo la casta política no tiene interés en mejorar sus condiciones de jubilación.
Ιωαχειν
Editor y columnista de la Izquierda Diario
