En las últimas elecciones presidenciales el PT contó con una militancia juvenil que agitaba no solo el “peligro” de la derecha sino también la idea, fantasiosa, que el segundo mandato sería más de izquierda en manos de un “corazón valiente”. Esta idea rápidamente desmentida por las designaciones de sus ministros, como el enemigo de la educación Cid Gomes, la representante del agronegocio Katia Abreu en Agricultura y el neoliberal Levy como ministro de Hacienda, todos con un cheque en blanco para atacar a los trabajadores y llevar a adelante una política de austeridad. Estas designaciones fueron seguidas por un paquete de medidas contra los trabajadores, especialmente contra los jóvenes y la tan exaltada “nueva clase media”, la llamada “clase C”.
Leandro Lanfredi Trabajador petrolero | Rio de Janeiro
Miércoles 21 de enero de 2015
Un paquete contra la juventud y la “clase C”
El paquete de medidas de Dilma, comenzando por las Medidas Provisorias (decretos) 664 y 665, tiene como blanco principal la juventud y la llamada “clase C”. Por detrás de la reforma previsional a cuotas, que pone fin a derechos de los jubilados, accidentados, entre otros, se esconde un ataque a los derechos laborales al alterar las reglas del seguro de desempleo.
En pocos meses comenzará a sentirse el peso de estas medidas, y quienes más lo sentirán serán los jóvenes y trabajadores precarios, tercerizados que eran justamente el baluarte de la llamada “clase C”, eje de la propaganda política y electoral de un “país de clase media”. Para nosotros lo que los economistas definen como “clase C” representa, en verdad, a la inmensa mayoría de los trabajadores brasileros, comenzando por los precarizados e incluyendo hasta algunos sectores calificados. Se trata de trabajadores y no de una “nueva clase media”.
Según las normas hasta ahora vigentes, todo trabajador que hubiese permanecido 6 meses empleado en blanco estaría en condiciones de recibir el seguro de desempleo. A partir de las nuevas medidas, para poder recibirlo en un primer pedido es necesario haber permanecido 18 meses. Esto significa que más del 26% de los trabajadores que lo hubieran percibido durante el año 2014 ahora dejarían de hacerlo. Esto en el contexto de una economía con tendencias recesivas, donde es posible que más trabajadores recurran a este derecho a causa de los despidos, como viene ocurriendo en la industria.
La perversidad del nuevo decreto al elevar el límite para el acceso al beneficio en 18 meses para la primera solicitud, 12 para la segunda y 6 para la tercera, abarcará especialmente a aquellos trabajadores que nunca habían gozado de este derecho: los jóvenes y más precarizados.
En 2013 el 43,4% de la fuerza de trabajo fue despedida con menos de un año de antigüedad. No pudiendo, por tanto, según las nuevas normas gozar del derecho al seguro de desempleo. Desde la dictadura, con el fin de la estabilidad en el empleo, uno de los principales mecanismos patronales para la reducción salarial en Brasil ha sido la rotatividad laboral. Las empresas despiden trabajadores antes de que completen los 6 meses o un año, pagando menores indemnizaciones, y si la firma aduce estar en quiebra, puede contratar nuevos trabajadores (o pasando solo unos meses) pagándole menos. Brasil alcanza cifras record en rotatividad del trabajo.
Según el organismo de investigación y estadísticas brasilero DIEESE, que calcula esta rotatividad del 43,4%, la misma es más alta entre los jóvenes y los trabajadores con menor escolaridad, los más precarizados. El mismo estudio de esta entidad intersindical señala que 0,5% de las empresas del país, agrupadas en algunas ramas, concentran más del 40% de esta rotatividad laboral: agencias de trabajo, construcción civil, agricultura, fabricación de alimentos, comercio minorista. Son justamente estos sectores de mayor precarización del trabajo, tercerización y empleo juvenil sobre los que afectarán las nuevas medidas de Dilma.
Recortes que buscan aumentar las ganancias y rebajar salarios
A los recortes en el seguro de desempleo, junto a otros aspectos contemplados en las Medidas Provisorias 664-665, se suma la reducción en los gastos presupuestarios que afectarán a la población, como los vinculados a la educación. Estas medidas fueron hechas para beneficiar, en primer lugar, a los detentores de deuda y en el caso específico de los recortes en el seguro de desempleo, a todos los sectores empresarios del país.
Los recortes presupuestarios buscan generar un superávit primario que satisfaga a los inversores extranjeros y banqueros y continuar religiosamente pagando los servicios e intereses de la deuda interna y externa para beneficio de 20 mil rentistas detentores de esta deuda.
El segundo sentido patronal de estas medidas beneficiará a todo el conjunto de empresarios: incentivando la reducción salarial de todos los trabajadores. ¿Cómo? Los trabajadores que perderán el derecho al seguro desempleo deberán aumentar la búsqueda inmediata de un empleo para mantener a sus familias - y frente a la caída de puestos de trabajo fruto de las tendencias recesivas - contribuyendo a la caída o reducción de los salarios de todos los trabajadores. La tasa de ganancia de la burguesía subirá a costa de los salarios y del desempleo.
¿Un segundo mandato no solo del “fin del lulismo” sino anti-lulista?
Aunque es pronto para tener una visión detallada del segundo mandato de Dilma, ya es posible plantearse algunas cuestiones. Las medidas iniciales vislumbran que no sólo no será favorable a los trabajadores sino que será “opuesto” en un sentido bien concreto. ¿Significará este mandato una reversión de los aspectos que caracterizaron al “pacto lulista” del segundo mandato del exmetalúrgico?
Venimos planteando que las condiciones del “lulismo” se habían agotado, con la imposibilidad de reproducir las condiciones económicas que lo sustentaron (crecimiento económico impulsando el crecimiento del consumo) y bajo estas condiciones económicas desfavorables combinadas con la mayor lucha de la clase trabajadores y la juventud, otro aspecto del “lulismo” va quedando cada vez más cuestionado y de difícil aplicación: la conciliación de intereses entre trabajadores y empresarios. La reciente huelga de Volkswagen, en San Bernardo en el ABC paulista, señala esta dificultad de conciliar lo que quería la multinacional y lo que buscaban los trabajadores, presionando y dificultando la acción de la burocracia sindical. Lo que va del año 2015 está lejos del clima de "todos ganando", al menos en lo que refiere a la preservación de empleos. Aún esta por verse si estos cambios afectarán también al pacto que vincula aumentos salariales anuales por arriba de la inflación.
Las medidas que Dilma viene tomando indican que su gobierno sería no solo menos "lulista” sino que apunta a ser directamente su contrario en varios de los aspectos que lo caracterizaron. Por ejemplo, mientras Lula fue conocido por sus medidas anticíclicas en la crisis económica, incentivando el consumo y la inversión, Dilma, en medio de las tendencias recesivas de la economía, aplica una receta que las aumentará aún más.
Además de otras medidas que afectarán a otro pilar del “lulismo”: el consumo basado en el crédito, que a su vez está basado en el empleo. Con el aumento de las tasas de interés combinado a los recortes en los seguros de desempleo, la capacidad de consumo se verá deteriorada y este pilar también se verá afectado, no “por las manos invisibles del mercado” ni por un “Congreso conservador” sino directamente por los decretos presidenciales.
