Los abogados defensores presentaron el recurso para que se cumplan las garantías constitucionales hasta agotar las instancias de apelación pero el juez Humberto Martins lo rechazó rápidamente.
Miércoles 31 de enero de 2018 18:36
El ex presidente brasileño (2003-2010) y líder del Partido de los Trabajadores Luis Inácio Lula Da Silva recibió un nuevo golpe por parte del poder judicial. El presidente interino del Tribunal Supremo de Justicia (tribunal de segunda instancia), Humberto Martins, negó el pedido de hábeas corpus que habían presentado horas antes los abogados defensores de Lula.
El recurso de los abogados trataba de impedir la posibilidad de que se aplique la prisión preventiva tras el fallo condenatorio en segunda instancia que tomó el TSJ de Porto Alegre la semana pasada. Dicho tribunal, en medio de una masiva movilización de apoyo a Lula, con la ciudad atestada de fuerzas represivas y sin pruebas, ratificó y amplió la condena contra Lula a 12 años de cárcel.
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Según la Constitución, para efectivizar la prisión del acusado se debe esperar el fallo en tercera instancia que corresponde al Tribunal Supremo Federal. Pero en 2016 el dicho tribunal emitió un fallo aceptando una prisión preventiva tras la sentencia en segunda instancia. Este precedente fue uno de los argumentos de los abogados en el pedido de hábeas corpus ya que el tribunal de Porto Alegre pidió la prisión una vez acabados los trámites de su fallo, lo que tardaría entre 30 y 40 días.
De esta manera, no se puede descartar la posibilidad de que entre marzo y abril Lula vaya preso y deba esperar tras las rejas la decisión final por parte del TSF. Sería una arriesgada jugada política teniendo en cuenta que el ex presidente es hoy en día el político con mayor popularidad del país y las encuestas le dan 36% de intención de voto de cara a las presidenciales del 7 de octubre.
El gobierno de Temer naciendo ya desprestigiado tras encaramarse en el poder por medio de un golpe institucional contra Dilma Rousseff, viene arrastrando una enorme crisis política por escándalos de corrupción y por profundizar los ataques contra el pueblo que ya venía haciendo el gobierno del PT, como son la flexibilización laboral y la reforma previsional. Este gobierno ilegítimo de la derecha brasileña, ajustador, represor y faldero de Washington, hoy cuenta con apenas 3% de imagen positiva.
Para agregar más leña al fuego, el régimen político en su conjunto está completamente desprestigiado frente a las masas populares ya que todas las instituciones y los políticos de turno rebalsan de corrupción y de privilegios, completamente alejados de la sufrida realidad cotidiana que viven los trabajadores y el pueblo pobre.
En medio de esta delicada situación, meter preso al único político con cierto apoyo de masas, quizás no sea el mejor escenario para garantizar la “estabilidad política” y que la clase capitalista brasileña y sus socios extranjeros puedan seguir haciendo sus negocios tranquilos. Lula había sido condenado a 9 años y medio de prisión en julio de 2017 en el marco de la mega causa Lava Jato que lleva adelante el juez de primera instancia Sérgio Moro, por supuestos delitos de corrupción. En concreto, por recibir un departamento de lujo de la constructora OAS, supuestamente a cambio de contratos fraudulentos con Petrobras.
El principal objetivo del ataque judicial contra Lula es garantizar su proscripción política de cara a las próximas elecciones que ya están bastante cerca. Con la sentencia del tribunal de Porto Alegre se habilitó la Ley de Ficha Limpia con la que la autoridad electoral puede inhabilitar una candidatura. Esto facilitaría enormemente la continuidad de la derecha en el poder tras la contienda electoral de octubre.
Sin embargo, no puede descartarse que sectores del “partido judicial” o del gobierno guiados por intereses propios, vayan por más e impulsen aplicarle la prisión preventiva lo que profundizaría la crisis política.
A esta situación de avance de la derecha y del poder de jueces y fiscales que cada vez más administran las leyes según sus intereses políticos y económicos, ha contribuido enormemente el PT de Lula y Dilma Rousseff. Primero impulsando fuertes ajustes al pueblo sobre todo en la última etapa del gobierno de Rousseff que asumió aplicando un paquetazo económico.
Después, no enfrentando el golpe institucional encabezado por Michel Temer con el aval de la Casa Blanca. Y durante todo lo que va del gobierno golpista, frenando, dilatando y dificultando la movilización y organización obrera y popular para resistir y derrotar los ataques contra el pueblo.
Es por eso que sin ningún atisbo de apoyo político al PT ni a Lula, defendemos el derecho democrático del pueblo brasileño a votar libremente. Porque el hecho que puedan proscribir arbitrariamente a un candidato, implicaría un avance del autoritarismo del régimen que debemos rechazar. Y desde esta posición política elemental, enfrentamos el reformismo pasivizador del PT que se niega a una lucha seria contra la derecha y el gobierno de Temer.
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