Brasil. Brasil: Los pactos que defiende Dilma

Fotografía: Reuters

Entre lágrimas y frases efectistas sobre la verdad histórica, Dilma recibió el informe concluyente de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV). Habló de las pérdidas humanas irreparables y de los pactos y acuerdos nacionales que nos habrían llevado a la redemocratización. Sobre el significado de estos pactos, ella y la CNV guardan silencio.

El contenido social del golpe militar

El relato de los grandes medios sobre la dictadura presenta una visión histórica distorcionada, a gusto de los militares y los grupos capitalistas que se beneficiaron con la dictadura. No fue en vano ya que los monopolios de la comunicación están entre los que más se beneficiaron. Diseminan la idea de que hubo extremismos de los dos lados, de los militares y de los grupos de izquierda guerrilleros. Esa visión apaga la participación del pueblo de la historia, reduce todas las contradicciones de clase que llevaron al golpe cívico-militar de 1964 a un problema de excesos de los extremos y apaga el carácter antipopular del golpe.

En 1964, el gobierno de João Goulart (Jango) se esforzaba para contener la fuerza de las movilizaciones obreras y campesinas que crecían. Sobre todo en el campo, bajo el impacto e influencia de la revolución cubana, se desarrollaba un masivo movimiento campesino, dispuesto a hacer la reforma agraria “por la ley o por la fuerza”. En las ciudades, el movimiento obrero y estudiantil ganaban fuerza. Incluso en las fuerzas armadas, principalmente en la marina, surgía un sentimiento democrático entre soldados y marineros y baja oficialidad que cuestionaban el poder de generales y almirantes comprometidos con las conspiraciones golpistas. La perspectiva de gobierno de Jango, heredero político de Getúlio Vargas, estaba lejos de ser socialista. Quería medidas que mejoras el funcionamiento del capitalismo brasilero y garantizasen el control del gobierno sobre el movimiento de masas. El PCB (Partido Comunista Brasilero), a pesar de hablar históricamente en nombre de la revolución rusa, ya no tenía nada de revolucionario. Su política era de colaboración con sectores supuestamente nacionalistas de la burguesía brasilera para una transformación pacífica y democrática, no socialista en una primera etapa.

El golpe derribó el gobierno de João Goulart, proscribió a varios políticos incluso conservadores, persiguió a los sindicatos y al PCB y demás organizaciones de izquierda, masacró el movimiento campesino e indígena. La amenaza no eran los grupos guerrilleros que surgieron después de 1964, ni tampoco la implantación de una república sindical por la vía del gobierno con la colaboración de Unión Soviética, como decían los militares. Lo que unificó a los comandos militares con las grandes empresas nacionales y extranjeras fue la necesidad de contener, a través de la represión directa, el avance de la organización popular en defensa de sus propias demandas, que amenazaba superar el control del gobierno de Jango y del PCB. Diezmada la organización popular y sindical, la dictadura impuso su milagro económico basado en la represión, en la tortura, en la censura, en el ajuste salarial y en la miseria del pueblo.

Los pactos que Dilma defiende preservaron lo fundamental de la dictadura

El gobierno del general Ernesto Geisel asumió en 1974 con un discurso de distensión gradual de la dictadura, que estaba desgastada. El objetivo de esta política era aflojar gradualmente el control de los militares y pasar el poder al brazo político civil de la dictadura, que en ese momento se llamaba Arena (la dictadura solo permitía a dos partidos, el oficialismo llamado Arena y la oposición consentida llamada MDB). Lo que vino a entorpecer este proyecto fue el avance de la movilización popular y la entrada en escena del movimiento obrero con las huelgas del ABC (cordón industrial de San Pablo) de 1978/80, que se esparcieron por San Pablo y otros estados y desafiaron a la dictadura.

El primer pacto fue la ley de Amnistía de 1979, en pleno auge de las huelgas. El regreso de los políticos exiliados y la garantía de no castigar a los militares. Recordemos que la ley de 1979 amnistió a los torturadores pero no a los guerrilleros que cometieron “crímenes de sangre”. Pero el gran pacto político sería la aceptación de las reglas del juego por parte de las fuezas políticas surgidas con la reforma que permitió el surgimiento de nuevos partidos. El partido de la dictadura pasó a llamarse PDS, el MDB pasó a llamarse PMDB, surgió el PT y otros partidos. En 1980, cuando la huelga del ABC amenaza con desencadenar una movilización más amplia contra la dictadura, superando los marcos salariales de la huelga, Lula llama a los obreros a bajarse de la huelga para preservar el sindicato. Un discurso en consonancia con el de los líderes del PMDB, que decían que la radicalización de la oposición contra la dictadura podría hacer retroceder la apertura.

La campaña por las elecciones directas (no colegiadas) que concentró tantas energías populares alrededor de las elecciones presidenciales, sacó del centro a las demandas sociales y políticas de los trabajadores y del pueblo, que entre 1978/80 ocupaban el primer lugar. La situación era tensa, entre los años 83 y 84 el desempleo estaba en alza, el país en recesión y las huelgas volvían a crecer, alcanzando a los trabajadores estatales y al campo. La campaña tenía el objetivo presionar el colegio electoral controlado por los militares (una especie de parlamento pero con miembros indicados por los militares además de los elegidos, que era quienes definían los presidentes durante la dictadura) a decidirse por la elecciones directas y hacer una enmienda en la Constitución impuesta por la propia dictadura.

Esta serie de pactos políticos garantizaron que la crisis de la dictadura diese lugar a un régimen democrático que representa apenas un cambio de forma para la preservación de los mismos intereses dominantes. Fueron estos pactos nacionales, que hoy el PT reivindica abiertamente, los que abrieron las puertas a la ampliación de los planes neoliberales y las privatizaciones de los años 90, lo que el PT critica pero mantiene y sigue privatizando otros sectores. En lugar de la pura represión representada por la dictadura, la democracia capitalista se apoya en el control ideológico ejercido a través de los medios de comunicación, en la cooptación material e ideológica de los liderazgos políticos y sindicales de los trabajadores y movimientos democráticos y en la represión cuando la cooptación no es suficiente.

La impunidad de los torturadores viene junto con la preservación del aparato represivo de la dictadura y sus instituciones. El SIN (Servicio de Espionaje de la dictadura), fue mantenido incluso después de la Constituyente de 1988. La justicia militar y las leyes como la de seguridad nacional que sigue vigente hasta hoy, además del papel constitucional que las fuerzas armadas preservan para garantizar la ley y el orden. Todo esto preservó la continuidad de un aparato de represión, que sigue siendo utilizado contra el pueblo pobre de la periferia de las grandes ciudades y contra las manifestaciones y organizaciones populares.

El plan político de Geisel era el de un régimen dominado políticamente por el partido civil de la dictadura. Esto no fue posible. Lo que sí fue realizado, es que los liderazgos oriundos del ARENA y del PDD ingresaran al PMDB rompiendo el partido de la dictadura y formando un “centro” en el parlamento que aglutinaba a sectores conservadores de varios partidos. Otro de los pactos que Dilma defiende es el de gobernar aceptando todos los vetos de una casta de políticos creados por la dictadura.

Pasadas las elecciones, mientras Dilma y el PT se acomodan con medias verdades sobre el pasado, ponen en marcha el ajuste exigido por los capitalistas para descargar la crisis económica sobre los trabajadores. La verdad histórica sobre la dictadura y el fin de la impunidad a los militares y civiles que colaboraron con la represión, la ruptura de todos los pactos que preservaron un orden social injusto y desigual, es más que nunca una tarea del presente.