La batalla judicial sobre las Fake News contra la Corte Suprema son un nuevo episodio en las disputas internas del Poder Judicial brasileño por el control de sus mecanismos autoritarios.
Jueves 18 de abril de 2019 18:43
La batalla judicial protagonizada este martes por la Corte Suprema brasileña (STF) y la Procuraduría General de la República (PGR), puso de manifiesto la crisis institucional que atraviesa el régimen político del vecino país. Desde el golpe institucional, el Poder Judicial asumió el papel principal ante los demás poderes, utilizando su autoritarismo para arbitrar en la coyuntura nacional, lo que culminó en la manipulación integral del proceso electoral el año pasado.
La retirada de ese papel de árbitro, señalada en palabras del presidente de la Corte, Dias Toffoli que "es hora de que el poder judicial se retire", fue una vez más refutada por el propio juez cuando requirió la apertura de investigación sobre las fake news contra la Corte Suprema y sus jueces. La investigación en verdad es un nuevo episodio en las disputas internas del Poder Judicial por el control de sus mecanismos autoritarios.
La apertura de la investigación en sí ya fue cuestionable, una vez que Toffoli se valió únicamente de su cargo para llevarla adelante. En el léxico jurídico, la apertura "de oficio" por parte del juez ya constituía una violación. Para hacerse una idea, ese expediente fue usado solo una vez en la historia del tribunal. De aí en adelante, la investigación con informe a cargo del juez Alexandre de Moraes también fue conducida con una serie de violaciones. El propio órgano acusador investigó y juzgó el caso en un verdadero atropello del código penal, medida típica de un estado de excepción.
Todos esos procedimientos condenables fueron conscientemente empleados por la Corte Suprema en un primer momento para blindar a Toffoli, expuesto por las revistas favorables a la operación Lava Jato Cruzoé y O Antagonista (que fueron prontamente censuradas) por haber sido mencionado en un testimonio del arrepentido Marcelo Odebrecht, y para intimidar a los fiscales y otros entusiastas de la Lava Jato, entre ellos diversos militares, con mandatos de búsqueda y aprehensión realizados por la Policía Federal.
Una de las figuras más conocidas entre los militares entusiastas de la Lava Jato es la del general de reserva Paulo Chagas, aliado de Bolsonaro, que llegó incluso a ser considerado para la fórmula presidencial y se postuló para la gobernación del Distrito Federal. El general fue quien durante un juicio por habeas corpus de Lula en la Corte Suprema se hizo eco del posteo en tono de chantaje del también general Eduardo Villas Bôas, y declaró tener "la espada al lado, la montura equipada, el caballo trabajado y a la espera de sus órdenes". Villas Bôas, actualmente asesor especial del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) salió rápidamente en defensa del amigo y dijo estar "preocupado con las restricciones" que Paulo Chagas estaría sufriendo.
Desautorizado y atacado, el Ministerio Público reaccionó a través de la procuradora general de la República, Raquel Dodge, que condenó los "vicios insanables bajo la óptica constitucional" cometidos por la Corte Suprema, en sus propias palabras, y se consideró por encima de sus prerrogativas para ordenar la denegación de la investigación y su archivo integral, marcando la pulseada y la disputa de autoritarismo dentro del Poder Judicial. Dando continuidad a la incertidumbre jurídica que expone la arbitrariedad de la justicia burguesa alrededor de violaciones constitucionales del caso, el juez Alexandre de Moraes decretó la denegación integral del pedido de archivo de la Procuradoría General de la República (PGR).
El tono de preocupación del general Villas Bôas muestra que la repercusión de esta disputa fratricida dentro del Poder Judicial no se restringe a esa institución. Por su autoritarismo, la justicia ocupó el papel de poder moderador dentro del régimen brasileño en mutación, y sus distintos actores pasaron a orientarse en función de una grieta fundamental: los que quieren plenos poderes para la operación Lava Jato y un cambio categórico en el régimen político, y los factores reales de poder que buscan contenerla. Además de los militares, la disputa repercutió en el propio Congreso. En el mismo día, mientras se daba la pulseada entre la Corte y la PGR, el presidente del Senado llegó a archivar la apertura de la investigación de la Lava Jato, sobre lo que tuvo que retroceder después y comprometerse a pautar en el plenario, dejando abierto otro potencial foco de conflicto entre la Corte Suprema y la casta política versus la Lava Jato y el bolsonarismo, esta vez en el Congreso.
Estos focos potenciales de conflicto todavía no desatan la tregua de las fracciones burguesas en favor de la reforma previsional, que apagó las llamas entre el Legislativo, en la figura del presidente de Diputados Rodrigo Maia, y el Ejecutivo, en cabeza de Moro y Bolsonaro. Mientras, junto con el movimiento de rebeldía del "gran centro" político del parlamento que atrasó la votación en la Comisión constitucional (CCJ) rodean su tramitación de incertidumbre. La etapa de crisis orgánica en Brasil se expresa en la crisis de las distintas instituciones, que no logran unificarse alrededor de un proyecto hegemónico y se consumen en luchas fratricidas. Ni siquiera la reforma previsional, que es consensualmente el centro de gravedad del gobierno, es capaz de moderar los distintos proyectos en puja.
Mientras en la superestructura política ocurren esas disputas, los trabajadores se mantienen pasivos fruto de la política consciente de las centrales sindicales, CUT y CTB, de esperar el desgaste por arriba del gobierno. El PT, que dirige la mayor central de Brasil, alimenta la ilusión entre los trabajadores de que las crisis palaciegas van por sí solas a hacer colapsar la reforma previsional, justificando así su política de capitulación, que en lugar de organizar a los trabajadores para frenar la reforma previsional, se apoya en esas crisis para minar el proyecto y aprobar una versión más blanda, como revelan los gobernadores petistas del nordeste que se declaran favorables a la reforma desde que se le saquen los puntos más draconianos.
Las disputas fratricidas de autoritarismos representan también disputads por los métodos de aprobación de la reforma previsonal. Para frentar esa reforma, las centrales sindicales tienen que romper su pasividad y convocar a un plan de luchas, impulsando la movilización de los trabajadores en sus lugares de trabajo. La lucha contra la reforma previsional está asociada a la lucha contra el autoritarismo del Poder Judicial en sus distintas variantes, cuyo fortalecimiento se vuelve en contra de los trabajadores y sus organizaciones, y solo puede ser combatido imponiendo con la lucha que todos los jueces, procuradores y magistrados sean elegidos y revocables, que reciban el mismo salario de un trabajador medio, y que las cortes superiores sean abolidas, y que los crímenes de corrupción sean juzgados por jurados populares.
