Esta semana el parlamento aprobó una reforma laboral que elimina conquistas históricas de los trabajadores. Por su parte, la justicia condenó a Lula a 9 años y medio de prisión por supuesta corrupción. Increíblemente, el PT sigue apostando al juego electoral frenando la lucha obrera, aun cuando el gobierno golpista de Temer está en las cuerdas y los trabajadores vienen mostrando su enorme voluntad de lucha.
Sábado 15 de julio de 2017
Todo indicaba que la semana estaría marcada por el duelo tras bambalinas entre Temer y el diputado Rodrigo Maia, presidente de la Cámara. Maia es el primero en la línea sucesoria de Temer, cuyo gobierno se viene desangrando y perdiendo apoyo en el Congreso frente a las denuncias de corrupción impulsadas por el fiscal general Rodrigo Janot.
La aprobación de la escandalosa reforma laboral por el Senado, sin embargo, indignó a los trabajadores, causando un enorme repudio frente al permiso obtenido por la patronal para tercerizar y precarizar los trabajos, obligar a las mujeres embarazadas y lactantes a trabajar en lugares insalubres, pagar según productividad y eliminar las protecciones al trabajador.
La reforma permite el pago por debajo del salario mínimo y jornadas laborales de hasta 12 horas. Hecha a la medida de las grandes cámaras patronales, tiene el potencial de generar mucha resistencia entre los trabajadores. Por eso había que sacarla del centro de atención. La justicia brasileña cumplió esa tarea: el juez Moro, a cargo de la operación Lava Jato que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, tomó los titulares con la condena del expresidente Lula a casi 10 años de cárcel por corrupción.
La cortina de humo viene como anillo al dedo a los medios que dirigieron los focos a la condena, ya que la enorme impopularidad de la reforma laboral también iluminaba el papel nefasto que la prensa venía cumpliendo como portavoz de las reformas. La corporación mediática Globo venía de celebrar la decisión del Senado sobre la reforma laboral abriendo la discusión sobre la reforma previsional afirmando que 65 años es una edad plena para trabajar.
La relación de fuerzas entre las clases se encuentra en un momento de transición que puede tornarse cualitativamente favorable para la burguesía si no hay una reacción a la altura por parte de los trabajadores, desde la exigencia a las centrales sindicales que boicotearon la huelga general del 30 de junio para que levanten un plan de lucha serio para anular las reformas y tirar abajo el gobierno de Temer con sus métodos, y no en manos del Congreso corrupto y ajustador.
La huelga general del 28 de abril puso de manifiesto que es posible derrotar las reformas. En cada asamblea en la que los compañeros y compañeras del MRT impulsamos el paro del 30 de junio, en cada volanteo que hicimos para que los trabajadores tomemos en nuestras manos esa huelga general, sentimos esa voluntad de darle continuidad a esa jornada. Eso solo no pasó por la traición de las centrales oficialistas como Força Sindical y el boicot de las centrales petistas como la CUT y la CTB, que llegaron incluso a defender el no paro en el subte de San Pablo, un sector de referencia para los trabajadores de todo el país.
El carácter reaccionario de la operación judicial Lava Jato
La operación judicial Lava Jato no tiene nada que ver con el combate a la corrupción, sino con la lavada de cara del régimen político corrupto de empresarios y oligarquías tradicionales, de las más retrógradas vinculadas al agronegocio, para legitimar la aplicación de las reformas más brutales contra la población trabajadora. No se puede separar la aprobación de una reforma que destruye la ley del trabajo de las “investigaciones” del juez Moro y la Lava Jato.
Los métodos de la Lava Jato son los mismos que garantizan la “estabilidad democrática” en las favelas del país. Son también los métodos que sostienen un sistema jurídico y carcelario donde el 40% de los presos, en su mayoría negros y pobres, están tras las rejas hace años sin ninguna condena.
Venimos combatiendo con vehemencia la política de conciliación de clases de Lula y del PT, cuyos gobiernos fueron parte del fortalecimiento de ese autoritarismo judicial y abrieron camino a la derecha que aplica las reformas en el Congreso. Eso no implica el menor apoyo a una operación reaccionaria como la dirigida por Moro y Janot, campeones de la sustitución de una red de corrupción con cara petista por otra con la cara de la derecha, cambiando la estructura de la explotación capitalista en Brasil abriendo espacio a las transnacionales.
Si la Lava Jato avanza de esa forma contra un expresidente, que tiene prestigio en amplios sectores de la población, podemos imaginar lo que hará con aquellos que protesten contra las reformas o con las organizaciones de los trabajadores.
La Lava Jato es un actor político con intereses específicos, pero además tiene como objetivo cambiar la estructura del capitalismo brasileño atacando especialmente las empresas estatales y aquellos nichos del mercado mundial en los que juegan las grandes empresas nacionales gracias a la corrupción sistemática, e introducir con fuerza el capital extranjero, especialmente el estadounidense. Este interés es patente en la absoluta impunidad de la que gozan todas las empresas internacionales nombradas en las investigaciones, para no mencionar la ayuda del fiscal general a accionistas estadounidenses para procesar a Petrobras, y la transferencia de la sede del gigante frigorífico JBS a Estados Unidos.
Lula y el PT nunca opusieron cualquier crítica seria a la operación Lava Jato. Al contrario, se apoyaron en sectores del partido judicial para preservarse. Embellecer o apoyar esta operación reaccionaria como hace parte de la izquierda, por ejemplo el MES de Luciana Genro, significa elogiar los métodos de la “democracia de la bala” y del autoritarismo, ya corriente en las periferias del país.
Lula y el PT sabotean cualquier resistencia seria de las masas
Callado ante el golpe institucional, hablando mucho pero sin proponer ninguna acción de los trabajadores contra el golpe y los ajustes que el PT había iniciado, bloqueando cualquier alternativa real de lucha por parte de la base de los trabajadores, negociando con los sectores más reaccionarios del régimen su preservación a cambio del saboteo de la resistencia a las reformas, el PT buscó con todas sus capacidades construir un sentimiento de desmoralización en las masas.
La CUT y la CTB se dispusieron a patrocinar la traición de Força Sindical el 30 de junio, que podría haber sido una huelga general aun más fuerte que la del 28 de abril si no fuese el boicot de las centrales. Se niegan a convocar a huelgas y paros para tirar la reforma laboral, porque apuestan a la conciliación con los partidos dela derecha y jueces del podrido régimen. Aparentan discursos radicales pero no quieren luchar. Impiden la lucha. Organizan la desmoralización.
De esta manera, la CUT y la CTB, vehículos de transmisión de la influencia petista en los sindicatos de masas, cumplen el papel de facilitar el surgimiento de una relación de fuerzas más a la derecha en la coyuntura.
Todo esto es parte de la estrategia política del PT. Alimentan un sentimiento de desmoralización en los trabajadores para que no vislumbren con audacia la caída de las reformas por la vía del combate, y al mismo tiempo asumen el papel de “víctimas” para proyectarse electoralmente.
Cuanto mayor es la crisis del régimen, más se evidencia el papel de contención de la lucha de clases del PT y su burocracia sindical. No defendemos los métodos de la Lava Jato de condenar a Lula sin pruebas, pero es indispensable denunciar la política de conciliación petista y derrotar su intento de desmoralizar a los trabajadores.
Plan de lucha contra las reformas y cuestionamiento de todo el sistema político
Es posible organizar el combate y vencer las reformas. Es posible derrotar el Congreso ajustador y tirar a Temer. Más que nunca es necesario que los trabajadores se organicen desde la base en los lugares de trabajo y exijan a las centrales sindicales un plan de lucha serio para quebrar la voluntad de los empresarios y sus políticos, tirar abajo las reformas y el gobierno golpista.
