Este miércoles, el Congreso Nacional dio media sanción al proyecto que propone la creación de una “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades económicas y financieras” durante la dictadura militar. La intervención del Frente de Izquierda.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Viernes 25 de septiembre de 2015
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone la creación de una “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras” durante la última dictadura militar en Argentina. La iniciativa, impulsada por el oficialista Héctor Recalde, define que la misma estará integrada por cinco diputados y cinco senadores nacionales, que en cada caso deberán representar a tres legisladores por la mayoría o primera minoría, uno por la segunda minoría y uno por la tercera minoría.
Tras obtener 170 votos a favor y 14 abstenciones provenientes del macrismo y sus aliados Guillermo Durand Cornejo del Partido Conservador de Salta y Roberto Pradines del Partido Demócrata de Mendoza, el proyecto fue girado al Senado Nacional, donde espera de su sanción definitiva.
La Izquierda Diario reproduce la intervención de la diputada nacional Myriam Bregman, quien anunció el voto crítico del Frente de Izquierda al proyecto en cuestión, en base al dictamen presentado (ver abajo) en su momento por su compañero de fórmula, el diputado y candidato presidencial Nicolás del Caño.
Como lo hizo recientemente, al cumplirse nueve años de la desaparición de Julio López, la referente de los derechos humanos reiteró en el recinto la exigencia de apertura de los archivos de la dictadura militar en Argentina, que aún permanecen en manos del Estado, y destacó que los empresarios que fueron autores del genocidio “deben ser investigados y castigados”.
Bregman recordó también que, como integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), ella misma participó en numerosos juicios contra criminales de lesa humanidad solicitando que a los acusados se los impute por el delito de “genocidio”, para demostrar que las fuerzas represivas fueron el brazo ejecutor de un plan organizado por el gran empresariado y el imperialismo.
En este sentido, la compañera de fórmula de Nicolás del Caño reclamó que la mencionada Comisión sea “independiente de aquellos que fueron cómplices de la dictadura militar, que aportaron intendentes, gobernadores y embajadores”, apuntando al rol que tuvo la UCR durante aquel período y a la relación del gobierno de María Estela Martínez de Perón con la Triple A. También hizo referencia histórica a las comisiones internas y cuerpos de delegados combativos, así como a los planes del ministro Celestino Rodrigo y al lock out patronal del 16 de febrero de 1976. Finalmente, Bregman también rechazó que la Comisión sea integrada por quienes “votaron la obediencia debida y el punto final” así como por “los que votaron los nefastos indultos”, en alusión al PJ.
“La complicidad con la dictadura no fue simbólica”, concluyó la abogada y diputada del FIT, quien destacó asimismo que desde el año 1983 la política económica sostenida por los gobiernos de estos partidos “beneficiaron en forma excluyente a los grandes grupos económicos, incluyendo a aquellos que orquestaron el golpe militar”.
Dictamen de minoría - Del Caño
