La Comisión Europea ha decidido finalmente retrasar a un año el nuevo ajuste al Estado español. Se asume que este año está perdido para la aplicación de los recortes estructurales.
Carlos Muro @muro_87
Miércoles 27 de julio de 2016
Jean Claude Juncker y Mariano Rajoy, en Madrid en octubre del 2015. Foto: José Luis Roca
La comisión llevará la propuesta el próximo miércoles a los 28 comisarios, donde finalmente se aprobarán –previsiblemente- los ajustes que deberán realizar el Estado español y Portugal por haber incumplido los planes de reducir el déficit.
Bruselas dará dos años adicionales a España para rebajar el déficit al 3% del PIB, y un año extra a Portugal. En el caso español, el 2015 se cerró con un déficit del 5,1%, cuando según lo establecido no debía superar un 4,2% del PIB.
El procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea deja la política fiscal de ambos países bajo tutela de la UE. Bruselas pretende que Lisboa apruebe medidas en la segunda mitad del año.
En el caso de Madrid, la clave serán las cuentas públicas el año próximo, y para ello cuenta con que el Gobierno aprobará unos “presupuestos creíbles” -esto es, con ajuste incluido- para 2017. Deberá presentarlos antes del 15 de octubre para su examen previo en Bruselas. Y deberá incluir "medidas efectivas". De lo contrario, el Estado español se enfrentaría a multas aún mayores, de hasta el 0,5% del PIB: 5.500 millones.
El debate sigue abierto
Pero más allá de cuanto y cuando se apliquen definitivamente los recortes, lo cierto es que el debate en el seno de la Unión Europea (UE) de quien paga los costos de la crisis seguirá abierta. La persistencia de la crisis o las continuas crisis políticas en los países de la UE –como loe expresa el Brexit- dejan un escenario más complicado para su resolución. Los estados “sureños” siguen altamente endeudados, sin resolver tampoco los principales problemas estructuras de sus economías, mientras los “norteños” no quieren consentir el retraso de sus pagos.
Por lo que su principal petición es que no se apliquen multas o en todo caso que se retrase la aplicación de los ajustes. Posición contraria es la que tienen países acreedores como Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, partidarios de hacer cumplir las reglas con los deudores.
Francia e Italia, en una tercera posición, quieren evitar a toda costa las multas para no sentar un peligroso precedente, ya que si la línea de Alemania se impone finalmente, en el caso de incumplir sus “obligaciones”, estos dos países serían sometidos a la aplicación de sanciones. Toda una “humillación política” para élite política y económica francesa e italiana.
La incertidumbre política retrasa los recortes
Desde el seno de la UE se asume que este año está perdido para seguir aplicando fuertes recortes que “garanticen” el pago a los acreedores. Por lo que el grueso del ajuste llegará para 2017 y 2018 con un tijeretazo duro de 10.000 millones de recortes estructurales. Una auténtica prueba de fuego para el próximo Gobierno español ante el previsible aumento de las movilizaciones y la lucha de clases que esto podría generar.
A la mayoría de asalariados, jóvenes y sectores populares se nos excluye continuamente del derecho a decidir sobre el conjunto de la política económica. La lucha contra los recortes sociales y salariales, para imponer el impago de una deuda ilegítima y un plan de emergencia social es hoy más necesaria que nunca.
Carlos Muro
Nació en la Zaragoza en 1987. Es estudiante de Historia en la UNIZAR. Escribe en Izquierda Diario y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
