En la última sesión de la Legislatura cordobesa se convirtió en Ley el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias implementado por el Ministerio de Agricultura provincial.
Guillermo Torrent Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas
Jueves 17 de octubre de 2019 22:04
El ministro de Agricultura, Sergio Busso, junto a los referentes de las patronales del campo
Con la presencia de los principales dirigentes de las entidades de las patronales agrarias, se aprobó con el acompañamiento unánime de las fuerzas patronales, incluyendo el kirchnerismo, una ley que busca crear una licencia social y ambiental para los productores que llevan 20 años envenenando el suelo, el aire y el agua con agrotóxicos, fomentando el desmonte y profundizando el cambio climático en la provincia.
Los únicos votos negativos al proyecto de ley fueron los de las 3 bancas del Frente de Izquierda y Trabajadores, Laura Vilches, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini. El proyecto fue defendido con vehemencia por los legisladores radicales y el referente kirchnerista Martin Fresneda. Luego de la votación, muchos legisladores corrieron presurosos a saludar a los patrones del campo demostrando de qué lado están cuando se trata de agradar a sus “representados”, dando la espalda a un enorme sector del movimiento ambientalista de Córdoba.
La ley consiste básicamente en que, a través de la demostración de un uso sustentable del suelo (mediante rotación de cultivos y otras medidas), el gobierno entrega un premio monetario y un certificado al productor. El monto previsto para 2019 fue de 135 millones de pesos. La casi totalidad de los más de 3 mil productores que se prestaron “voluntariamente” al programa pertenecen a la zona núcleo, la región más fértil de la provincia. En los departamentos del noroeste provincial, donde habitan la mayoría de los campesinos que practican la agricultura familiar o pequeños productores, la incidencia del programa fue escasa.
En los hechos, para poder certificar la BPA es necesario contar con el respaldo de profesionales o una empresa que realice los trámites, eso explica en gran parte la desigualdad geográfica entre los beneficiarios del programa. En la misma comisión de agricultura tácitamente se señalaban las dificultades de la fiscalización de las prácticas.
¿Qué son las “buenas prácticas agropecuarias”?
Son el rótulo que se pone desde distintas agencias imperialistas ligadas a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y tomadas por los gobiernos de las potencias centrales, que se implementaron en Europa y Estados Unidos. Buscan demostrar a los consumidores que en el proceso de elaboración de los alimentos que llegan al mercado no se habría dañado el medio ambiente. Enterados de esto, en el gobierno provincial apelaron a este mecanismo para intentar lavar la cara de un sector que tiene un enorme descrédito social por las practicas predadoras y extractivistas que realizan.
Las BPA son indispensables en la Unión Europea para la certificación en calidad, que permite la colocación de biomasa y biocombustible en ese mercado. Uno de los requisitos es que el productor se asocie “voluntariamente” a esta práctica. De este modo, el gobierno de Córdoba subsidia, al igual que lo hace con distintas empresas industriales y de servicios, a capitalistas que acceden a grandes ganancias.
Los beneficios, como se ve, son variados y apetitosos.
¿Y las fumigaciones?
Paradójicamente, una de las practicas más dañinas que se realiza en el proceso de la agroindustria, como es la fumigación con agrotóxicos de los campos sembrados, queda fuera del manual de buenas prácticas que utiliza el Ministerio de Agricultura.
Esa denuncia fue llevada por los vecinos de la localidad de Dique Chico, que han denunciado a tres productores vecinos a su comuna, que aplican diversas fumigaciones, llegando incluso a afectar casas y hasta a una escuela.
La voz de la izquierda fue la única que puso blanco sobre negro, denunciando que detrás de este supuesto cuidado del ambiente y los suelos se encontraba una fabulosa operación a favor de uno de los sectores más poderosos de la provincia.
El rol del kirchnerismo, a través del legislador Martín Fresneda, deja tela para cortar, no solo por falsear las posiciones de la izquierda, intentando enfrentarla a los campesinos y comunidades originarias (que nunca fueron parte de la denuncia por los legisladores del FIT) sino que además buscó vanagloriarse con los representantes de la Sociedad Rural, Cartez y otras entidades allí presentes.
El llamado a la unidad nacional por parte del kirchnerismo incluye a quienes enfrentaron en el 2008 la aplicación de la recordada resolución 125, volteada por el lock out patronal que dejó al borde del desabastecimiento al pueblo trabajador. Son estos los mismos sectores que se han beneficiado con las políticas de Macri que les aplican retenciones fijas en pesos, mientras la escalada del dólar, moneda con la que comercian, ha sido escandalosa. La integración kirchnerista al régimen cordobesista no es precisamente inocua, y se da a pasos acelerados. La conciencia ambiental del pueblo de Córdoba es a que le puede poner freno a los intentos de avanzar en la depredación.
