El envío de un diplomático veterano a Bolivia por parte del gobierno de México ha sido interpretado por analistas y la prensa como parte de una operación de distensión con múltiples dimensiones en la política interior y exterior de ambos países.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 6 de enero de 2020
El conflicto entre México y Bolivia, considerado como el más grave en la última década entre ambos países, continúa y suma elementos cada semana. Entre señalamientos cruzados, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de la autoproclamada Jeanine Áñez buscan, señalan analistas, distensar la relación.
El envío a La Paz del diplomático Edmund Font, veterano del servicio exterior mexicano, ha sido considerado un gesto de distensión por parte del gobierno de Obrador, quien, a través de la Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, ha mantenido una postura que, al tiempo en que denuncia acoso a la embajada mexicana en Bolivia, asegura que México no busca romper relaciones con aquél país ni su gobierno de facto.
La expulsión de Bolivia de María Teresa Mercado, embajadora de México, y de dos diplomáticos españoles y sus escoltas, ocurrida el pasado 30 de diciembre, marcó un nuevo momento de tensión que los gobiernos mexicano y español respondieron de inmediato. El primero, llamando a María Teresa Mercado a volver a México para salvaguardar su "seguridad personal" y el segundo, aplicando una medida recíproca sobre tres diplomáticos bolivianos que fueron expulsados por el gobierno de Pedro Sánchez.
A la fecha, la embajada mexicana en Bolivia continúa fungiendo como asilo para nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, entre quienes se encuentran cinco exministros y un exfiscal general, así como el encargado del interior del gobierno de Morales, Juan Ramón Quintana, acusado por el gobierno golpista de sedición y terrorismo. Sánchez Cordero no ha dudado en comparar el cerco policíaco y la vigilancia sobre la sede diplomática con el cerco democrático de la dictadura de Augusto Pinochet. Esto, sin embargo, no ha significado ningún cambio en la política exterior, conciliadora con el gobierno responsable de la masacre de Senkata.
La controversia en torno al asilo político otorgado por AMLO a Evo Morales tras el golpe de Estado tiene además otras dimensiones. Con la postura ante la situación en Bolivia, el gobierno de López Obrador ha buscado desviar las críticas sobre su política exterior, en particular las que prosiguieron al acuerdo migratorio con Estados Unidos, que implicó la militarización de ambas fronteras y el endurecimiento de la política migratoria que ha vuelto insostenible el discurso de respeto a los Derechos Humanos enarbolado por AMLO.
Especialistas consultados por la BBC han llamado la atención sobre la manera en la que el conflicto con Bolivia sienta también las bases de los términos en los que el gobierno de Obrador aplicará la doctrina Estrada, base del principio diplomático de no intervención. Distinguirse de la derecha encarnada en personajes y gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil está muy lejos, sin embargo, de significar una delimitación o cambio significativo en la relación de subordinación respecto a las políticas estratégicas de la Casa Blanca.
La expulsión de diplomáticos por parte del gobierno de Áñez fue calificada por la Unión Europea (UE) como "extrema e inamistosa". La respuesta de este organismo, clave junto a la Organización de Estados Americanos para la legitimación del golpe en Bolivia, estuvo a tono con la recepción que tuvo esta medida entre la población, que no generó el apoyo popular que esperaba Áñez. De cara a los comicios de mayo próximo, destaca Proceso, la ultraderecha boliviana busca evitar efectos negativos de una ruptura de relaciones bilaterales con México.
