Al hacerse pública de nuevo la relación entre Bush y el exgobernador de Tamaulipas -hoy detenido por nexos con cárteles- queda en entredicho la financiación estadounidense para la guerra contra el narco y la militarización de México.
Martes 11 de abril de 2017
El entonces presidente Ernesto Zedillo presentando a los futuros "compadres"
El priista Tomás Yarrington fue muy cercano a George W. Bush, el 43º. Presidente de Estados Unidos, según un artículo publicado en El País.
Yarrington, amante de los lujos, era invitado frecuente del rancho de George W. Bush desde los tiempos en que era gobernador de Texas. El expresidente afirmó que el priista hoy detenido “no era su amigo sino su compadre”. Y para cuando asumió la presidencia de Estados Unidos, su amigo Tomás estaba sentado en la tribuna de los invitados especiales.
Entre 1999 y 2005 Tomás Yarrington gobernó Tamaulipas, y durante su gestión, trabajó para el cártel del Golfo y de los Zetas, ambos con exmilitares de elite en sus filas. Dio vía libre para las operaciones de estos cárteles, a cuya vera acumuló una millonaria fortuna. Al menos una de sus campañas electorales fue financiada por el crimen organizado.
Mientras era gobernador Yarrington eran públicos sus vínculos con el narco –lideraba una red de más de 30 policías, empresarios y funcionarios al servicio del cártel del Golfo- y su estrecha relación con la familia Bush. Gracias a su protección, en particular la de George W. Bush, las agencias estadounidenses lo dejaban en paz.
A su vez, según las autoridades del vecino del norte, entre 2007 y 2009 participó en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz y de la frontera hacia EE.UU.
Desde el 2012 había una orden de captura en contra del ex gobernador, por la recepción de sobornos del cártel del Golfo y también del de los Zetas, y por lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias. Fue aspirante a la candidatura presidencial por parte del PRI, pero Peña Nieto terminó ganando la partida.
En 2016 incluso se ofreció una recompensa millonaria a quien diera información sobre su paradero. Pero Yarrington estaba protegido por un manto de impunidad: un importante sector del partido republicano. El mismo partido en nombre del cual llegó al poder el actual presidente estadounidense, Donald Trump, que se llena la boca hablando de los “bad men” para criminalizar a las trabajadoras y los trabajadores migrantes.
La detención de Yarrington abre un pico más de la crisis del PRI y del gobierno: los gobernadores Duarte prófugos y la detención del narcofiscal de Nayarit Veytia. Peña Nieto y también el PAN temen las amenazas de que el exgobernador tamaulipeco revele nombres.
Bush, parte de la conexión estadounidense
Pero con la detención de Yarrington se abre otra crisis: la relación de las administraciones estadounidenses con el crimen organizado.
La podredumbre no es exclusiva de la “casta política” mexicana: ahora vuelve a la luz la estrecha relación de George W. Bush con el priista Yarrington, un operador del crimen organizado.
No es la primera vez que se hace público el aval de las autoridades estadounidenses al tráfico de drogas. Apenas en 2016 se dio a conocer que agentes del vecino del norte entregaron armas al cártel de Sinaloa durante la Operación Rápido y furioso, que tuvo lugar bajo la administración demócrata de Barack Obama.
A su vez, fue George W. Bush el presidente estadounidense que firmó la Iniciativa Mérida con México y Centroamérica, con el supuesto objetivo de combatir el crimen organizado.
Un programa creado a partir del Plan Colombia, que incluye el financiamiento de la compra de armas de las fuerzas represivas de México y Centroamérica, así como el entrenamiento por parte de los militares estadounidenses a agentes y miembros del ejército de los países firmantes. Como Iván Reyes Alzate, un expolicía de elite enlace de la DEA, que trabajaba para el cártel de los Beltrán Leyva y se acaba de entregar en EE.UU.
De la mano de la Iniciativa Mérida es que se impuso la militarización en México, cuya consecuencia fue 150,000 muertos, como los ejecutados en Tlatlaya, y 30,000 desaparecidos, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las cifras son estimaciones: no hay estadísticas certeras. Además están los cientos de miles de personas desplazadas. Otro tanto ha sucedido en Centroamérica.
¿A dónde van quienes son desplazados de sus hogares por la militarización y la violencia de la guerra contra el narco? Migran: a otras ciudades o intentan llegar a Estados Unidos, aun cuando corre riesgo su vida, y están expuestos a que los agentes migratorios, el ejército o la policía los entreguen a los cárteles o directamente los ejecuten.
El 2015, según un estudio patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el valor estimado del tráfico de drogas mundial llegó a 320,000 millones de dólares, de los cuales 150,000 millones se generan en las Américas, y la mayor parte en los países de América del Norte.
Son los miles de millones de dólares a los que no quiere renunciar la “casta política” de México, Centroamérica y Estados Unidos, mientras el Ejército sigue en las calles para intentar silenciar la protesta social. En los últimos años en México no les ha ido muy bien: tomaron las calles el movimiento por Ayotzinapa, la lucha del magisterio contra la reforma educativa en 2016 y, a inicios de 2017, las protestas contra el gasolinazo.
