Tras un fallo adverso de la Corte de Apelaciones, el Consejo de Defensa del Estado presentará ante la Suprema un recurso de casación en el caso Riggs.
Jueves 29 de junio de 2017
El Consejo de Defensa del Estado intentará anular la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que ordenó restituir a la familia del difunto dictador Augusto Pinochet dinero e inmuebles embargados durante la investigación del denominado Caso Riggs.
El CDE argumenta que revocó un fallo de primera instancia de 2015 del juez de la causa, Manuel Valderrama y que, en sus fundamentos, criticó el rol del Fisco en el resguardo del erario público.
El monto bruto asciende 4.894.638,1 dólares, que permanecían en manos de la justicia desde 2004. Además, se suman otros 124,5 millones de pesos, 24 propiedades, tres vehículos y siete instrumentos bancarios.
La Corte indicó que el CDE habría contado con la posibilidad de interrumpir la prescripción de la causa. Sin embargo, desde el Consejo rechazan la afirmación señalando que “el 12 de junio de 2008, presentaron un escrito manifestándose expresamente la voluntad de ‘formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado de Chile en este proceso’, para los fines de impedir precisamente la prescripción civil de las acciones aludidas”.
En su argumentación, el pleno del CDE recordó que se incluyó en dicha reserva “a los acusados existentes a la sazón y nominativamente, a los terceros civilmente responsables, entre ellos, la sucesión de Augusto Pinochet Ugarte, a la cónyuge sobreviviente y a cada uno de sus hijos”, desestimando la imputación de la justicia.
Miguel Vásquez, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, comentó que "el tema jurisdiccional no puedo opinar cuando no conozco el detalle de la decisión de la Corte, pero el recurso de casación está dentro de las posibilidades que tienen las partes para poder llegar a la Corte Suprema".
El CDE tiene plazo hasta el 6 de julio para presentar el recurso, donde se espera que no se devuelva ningún monto a la familia del genocida.
Aún sin estos recursos, los parientes y cómplices del dictador, sigue viviendo como millonarios, mientras el pueblo trabajador sigue con salarios de hambre, debiesen expropiarse todos esos recursos obtenidos con el terror de la dictadura para financiar la salud, vivienda y educación.
Javier Ilabaca
Estudiante de Periodismo, Universidad Central de Chile
