Anticapitalistas a la Constituyente. CDMX: se privilegian los negocios inmobiliarios antes que el derecho a la vivienda

Según cifras oficiales hay un déficit de más de 200,000 viviendas. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad privilegia el desarrollo de viviendas de lujo y edificios corporativos, rubro en el que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) lleva invertidos alrededor de 9 millones de dólares.

El Nuevo Polanco, que incluye desde las colonias Irrigación, las Granadas, Ampliación Granadas, la Verónica Anzures, Anáhuac, Argentina, es un polígono de 300 hectáreas. Esa es una de las zonas donde la asociación está llevando a cabo 279 proyectos inmobiliarios por 18 mil millones de dólares.

Pero además cuentan con beneficios fiscales: las empresas integrantes de la asociación cuentan con la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Mientras que el pueblo trabajador, con salarios muy bajos, debe pagar IVA por cada alimento que compra.

¿Los de la ADI son proyectos que atienden las necesidades sociales? No. Se trata fundamentalmente del desarrollo de edificios corporativos inteligentes, al estilo de Santa Fe, o de pisos y departamentos de lujo. Algunos justamente son en Santa Fe, otros sobre Paseo de la Reforma, otros sobre la Avenida Insurgentes.

En particular, en la última avenida, sin ir más lejos a la altura de la colonia Juárez, se pueden ver varios edificios abandonados que presentan daños estructurales y que podrían colapsar en caso de sismos de no muy alta intensidad. Estamos en la antesala de una tragedia.

Las trabas al acceso a la vivienda

Durante los últimos años, el gobierno federal y el capitalino comenzaron a bloquear los créditos a los beneficiarios de las dos instituciones gubernamentales de vivienda: el Instituto de Vivienda del Distrito Federal y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Esto en beneficio de subsidios y estímulos fiscales a las grandes empresas constructoras que han registrado insólitas ganancias en los últimos años.

Entre ellas destacan Empresas ICA (Ingenieros Civiles y Asociados), miembro de la asociación mencionada arriba y CICSA (Carso Infraestructura y Construcción), propiedad del magnate Carlos Slim, ambas de capital mexicano.

Esta situación se conjuga con que los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) resultan insuficientes para adquirir viviendas en la ciudad y obligan a los derechohabientes a comprar su casa en los estados, con lo cual o piden la transferencia en su centro de trabajo, o enfrentan el alto costo del viaje y del tiempo de traslado desde los estados a la Ciudad de México.

A su vez, existe otro problema: los créditos se otorgan con base en el salario mínimo, pero el cálculo de los intereses termina siendo superior a los minúsculos aumentos salariales. Así, muchas familias trabajadoras están en condiciones de afrontar el pago del crédito, y terminan abandonando la vivienda que no pudieron terminar de pagar.

Viviendas en riesgo

Hoy, alrededor de un millón de personas residen en condominios deteriorados y en condiciones de alto riesgo. Y habitamos sobre una zona que sufre altos impactos de los sismos por las características del suelo.

En el centro histórico de la capital, hay 100 edificios de vivienda que pueden derrumbarse de un momento a otro. Como sucedió con el caso del edificio que se hallaba en República de Perú número 43, que se derrumbó en junio de 2015.

Otro aspecto del problema de la vivienda es que muchas familias recurren a la autoconstrucción porque no cuentan con fondos para acceder a la compra de una vivienda edificada de acuerdo con las normas de seguridad que se requieren en una ciudad como México.

La vivienda de interés social, restringida a sólo a las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, están por debajo de los estándares de lo que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera una vivienda digna.

¿Y cuántas de las viviendas sociales –insuficientes en cantidad– se construirán con los recaudos necesarios para los riesgos sísmicos? Es una pregunta que atemoriza, pero no hay respuesta certera.

Como explicamos acá, se suma esto al problema de la especulación, la acaparación de tierras y manantiales en manos de muy pocos pulpos capitalistas y el despojo sistemático a las comunidades indígenas y campesinas que subsisten en la ciudad en delegaciones como Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.

El acceso a una vivienda digna

En la capital residen casi 6,000 habitantes por kilómetro cuadrado: es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo. Las familias trabajadoras y de los sectores populares viven hacinadas y las casas de interés social son de tamaño muy reducido y no cabe una familia promedio.

Desde la Plataforma Anticapitalista a la Constituyente proponemos que todo el presupuesto destinado a la capital para vivienda y desarrollo urbano sea utilizado para obra pública, infraestructura y vivienda para los trabajadores y los pobres de la ciudad.

En vez de beneficios fiscales para los empresarios como Carlos Slim, proponemos que se financie un plan de obras públicas a partir del cobro de impuestos progresivos a las grandes constructoras e inmobiliarias, y a los grandes emporios capitalistas. Asimismo, incluimos entre nuestras propuestas la ilegalización de los contratos millonarios, fraudulentos y que impactan al medio ambiente y a las comunidades conocidos como “megaproyectos”.

Ese plan debe ser creado en función de las necesidades de los sectores populares, con la participación de trabajadores de la construcción así como de los colonos. Y con el asesoramiento de ingenieros y arquitectos que pongan su profesión al servicio de las necesidades sociales.

A su vez, la banca, hoy en manos de las grandes corporaciones financieras, debe ser nacionalizada bajo control de los trabajadores para evitar la fuga de divisas, la especulación con base en los ahorros y prestaciones de los trabajadores y para otorgar créditos baratos a los trabajadores para acceder a una vivienda digna.