La comisión Interamericana de DDHH, admitió este martes la demanda por violación a los derechos humanos contra el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta admisión puede derivar en un proceso penal ante la Corte Interamericana de DDHH.
Miércoles 4 de abril de 2018 11:37
Foto: Eduardo Rozsa quien fuera comandante de brigada croata en la guerra de los Balcanes y dirigente de una célula de derecha en Bolivia.
Luego de casi 8 años de presentada la demanda por los familiares, la comisión valoró de que hay elementos para pensar en ejecuciones extrajudiciales y no, como afirma el gobierno boliviano, de un enfrentamiento con fuego cruzado. Así mismo la situación de los 4 detenidos en esa ocasión, algunos de los cuales continúan en prisión al no declararse culpable, fue calificado como aplicación irregular de la detención preventiva, la falta y ausencia de garantías procesales así como la confiscación de bienes, como elementos que vulneran los DDHH establecidos en la convención de Costa Rica. De probarse estos extremos Evo Morales, quien ordenó el operativo policial junto a García Linera, deberán sentarse en el banquillo de acusados por crímenes de lesa humanidad.
El 16 de abril del 2009, fueron muertos en una acción de fuerzas especiales de la policía nacional el boliviano-croata Eduaro Rosza Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Árpád Magyarosi. En tal ocasión el gobierno afirmó que se trató de un enfrentamiento entre la célula formada por “terroristas” y separatistas que habían sido contratados por elementos de la derecha agroindustrial y cívica que en ese entonces habían llevado a una ofensiva política que puso al país al borde de la guerra civil. Ya unos meses antes, el 11 de septiembre del 2008, el punto culminante de esa ofensiva derechista se dio en la localidad de El Porvenir-Pando donde más de 15 campesinos fueron asesinados mientras intentaban escapar a nado por el río. La matanza, organizada desde la gobernación dirigida por Leopoldo Fernández y los comités cívicos regionales, derivó en una escalada y en una espontánea respuesta popular que emprendió la marcha “armada” hacia Santa Cruz lo que luego de los choques en el Pailón, forzaron al gobierno y a los gobernadores del Oriente a reescribir aceleradamente los artículos polémicos de la Constitución y a reencauzar la crisis en los marcos de la nueva legalidad estatal. Sin embargo, para el gobierno del MAS la acción de abril del 2009 en el enfrentamiento con la célula de Eduardo Rosza, le permitió establecer un triunfo sobre toda la derecha oriental, algunos de los cuales pasaron a la clandestinidad y al exilio.
Foto: grupos de la Unión Juvenil Cruceñista durante la ofensiva política del 2008
Este fue el primer paso del gobierno de Evo Morales hacia la formación de un nuevo régimen de características semi bonapartistas, y que sembró preocupación no solo en sectores de la derecha oriental sino en todos aquellos que por una u otra razón se oponían al gobierno de Morales por la facilidad con la que se transgredían los límites legales y jurídicos establecidos en un Estado de derecho. Esta tendencia fuertemente presidencialista luego tuvo su correlato en la persecución a los mineros de Huanuni durante las huelgas del 2013, la persecución política a las juntas vecinales de Achacachi o la emisión de resoluciones judiciales contra opositores sin ningún fundamento consistente.
La admisión de la demanda contra Evo Morales, tiene no sólo una importancia judicial, sino sobre todo política en momentos que el gobierno busca allanar los obstáculos para una nueva reelección y cuando el llamado “progresismo” latinoamericano se encuentra en franco retroceso.
