A punto de culminar el mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos salió a validar una parte clave de la repudiada "verdad histórica" impuesta por el Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 29 de noviembre de 2018
A unas horas de culminar el mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió a validar una parte clave de la repudiada "verdad histórica" impuesta por el Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.
El aspecto de la investigación en cuestión respaldado por la CNDH es el hallazgo de restos óseos en el basurero de Cocula, los cuales fueron piedra angular de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR). Producto de sus investigaciones, señala el organismo, también concluyó que no había evidencias de la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas.
CNDH no encontró evidencias de que elementos militares, pertenecientes al 27 Batallón de Infantería o de alguna unidad militar, hayan participado en la agresión y/o la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/x4wC8hjL9x
— CNDH en México (@CNDH) 29 de noviembre de 2018
Durante la presentación de su recomendación 15VG/2018, Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, insistió en que el trabajo realizado por la CNDH se trata de "la mayor aproximación a la verdad". Buscando darle una forma menos escandalosa al contenido de su mensaje, la CNDH centró sus reconvenciones a la autoridad por violaciones a derechos como al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, a la vida y a la salud en detrimento de más de 600 personas en el caso Ayotzinapa.
Esta recomendación, centrada en aspectos como "omisión" de "algunas" autoridades en el caso de Ayotzinapa , busca de múltiples formas desviar la atención de la responsabilidad del Estado en crímenes como los de Iguala, destacando que sólo fueron "algunas" autoridades municipales y estatales en las que pudo acreditarse su relación con el crimen organizado. A nivel federal, señalaron, que "algunas" autoridades propiciaron o permitieron la penetración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia pública.
Mientras exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad en el caso Ayotzinapa, la CNDH sugiere "cursos" para el personal militar sobre "cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos".
Así, con una recomendación centrada en irregularidades administrativas, la principal instancia de Derechos Humanos a nivel nacional emitió lo que sería su último posicionamiento al respecto durante el sexenio en que sucedieron los hechos en cuestión.
De cara al anuncio de Andrés Manuel López Obrador de crear una Comisión de la Verdad que atienda el caso Ayotzinapa, esta recomendación de la CNDH no parece aportar sino un retroceso, avalando claves de la "verdad histórica" y emitiendo recomendaciones para una administración a punto de cambiar de manera oficial.
DDHH a la medida
Por su parte, el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe anual de labores. En éste, concluyó de manera categórica que las investigaciones se encuentran fragmentadas pues, al tratarse de indagaciones sobre la participación de agentes estatales en el ataque a los normalistas, las pesquisas eran descartadas o interrumpidas.
Contrario a la "investigación" de la CNDH, la CIDH recalcó la participación conjunta de autoridades policíacas locales, federales y militares en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La participación acreditada por declaraciones de mandos militares de agentes que no sólo "miraron morir", sino que alteraron videos y destruyeron evidencia y armas usadas en la agresión a los normalistas, demuestra no una responsabilidad "administrativa" como la que pretende imponer la CNDH, sino el conocimiento y actuar consciente de las fuerzas armadas en el crimen. Todo con pleno conocimiento de autoridades federales. Todo con pleno conocimiento de autoridades federales.
No es únicamente el Ejército el involucrado. La Policía Federal, la misma que muy pronto fusionará fuerzas con los pelotones militares en la Guardia Nacional de AMLO, forma parte de las investigaciones por las inconsistencias de algunos agentes que dejan entrever su presencia en el lugar de los hechos.
Tal es la evidencia de la crisis de DDHH en México, que el mismo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, no pudo negar la utilización de la tortura como método de obtención de confesiones, así como de desaparición forzada.
Mientras organismos internacionales siguen alertando en contra de medidas que perpetúen la presencia del Ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública, la CNDH demuestra por última vez en este sexenio no sólo su impotencia, sino la manera en la que está dispuesta a ser omisa ante la militarización y la impunidad. Derechos Humanos a la medida de la administración en turno.
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