Los dos miembros de la patota de la derecha peronista son juzgados por siete crímenes de lesa humanidad. El lunes alegó una de las querellas. Las otras lo harán el 2 y el 9 (finaliza Justicia Ya!).
Daniel Satur @saturnetroc
Martes 26 de septiembre de 2017 16:35
Foto Mario Frías Casado
Este lunes en las puertas de los tribunales federales de La Plata había más movimiento que de costumbre. Es que comenzaron los alegatos en el juicio contra Carlos “El Indio” Castillo y Juan José “El Pipi” Pomares, dos miembros de Concentración Nacional Universitaria (CNU), la banda parapolicial de la derecha peronista que actuó en la capital bonaerense y otras ciudades entre principios de la década del 70 y los comienzos de la dictadura cívico-militar.
Entre otras personalidades presentes en la audiencia estaba la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, quien acompañó a los familiares de las víctimas y a las abogadas de organismos de derechos humanos que encabezan las querellas.
Como ha venido informando este diario, el juicio comenzó el 15 de mayo. En principio se calculaba que duraría no más de un mes. Sin embargo hubo varias postergaciones de audiencias y ahora se estima que la sentencia se conocerá recién a mediados de noviembre
El primer turno de los alegatos le correspondió a la abogada Marta Vedio, en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos. El lunes 2 de octubre le tocará alegar a las Secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial y el lunes 9 a la querella integrada por el colectivo Justicia Ya!, representado por las abogadas Luz Santos Morón (CeProDH), Pía Garralda (Apel) y Carolina Vilches (La Masa).
Marta Vedio finalizó su alegato este lunes pidiendo penas de reclusión perpetua para ambos acusados.
Voces
Mientras los jueces del Tribunal Oral en lo Correccional Federal 1 de La Plata y las parte escuchaban el alegato de Vedio, afuera del edificio de 8 entre 50 y 51 se montó una radio abierta por la que fueron pasando diversas voces. Entre ellas, como no podía ser de otra manera, la de Nora Cortiñas.
También tomaron la palabra las abogadas de Justicia Ya!. Pía Garralda recordó que “esta causa es completamente fragmentada y parcializada ya que sólo hay dos imputados y solamente se trató el caso de siete víctimas”. Vale recordar que la CNU estuvo compuesta en la región por al menos un centenar de criminales y que sus víctimas en todo el período se calculan (según sobrevivientes, familiares e historiadores) en un número cercano a las 70. “Es un juicio, entonces, completamente pequeño que abarca una cantidad mínima tanto de víctimas como de victimarios”, sentenció.
La abogada agregó que “además se abarcan hechos ocurridos en los meses de febrero y abril de 1976, pero el accionar de esta banda paraestatal data de principios de los años 70, es decir durante todo un período que incluye el tercer gobierno peronista”. Por eso insistió en que este juicio es muy importante (pese a sus limitaciones) ya que se trata de “crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la institucionalización del genocidio, antes de la dictadura”.
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La referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y de Justicia Ya! Luz Santos Morón coincidió con la denuncia de Garralda. “Pese a ser un juicio fragmentado es la primera vez que se está juzgando a dos civiles en La Plata. Ya se hizo en Mar del Plata pero acá es la primera vez”, dijo la abogada. En ese sentido recordó que la querella que ellas representan “pidió en este mismo juicio la ampliación por más casos, por más compañeras y compañeros que sufrieron secuestros, torturas y asesinatos de parte de Castillo, Pomares y el resto de la banda pero esto fue rechazado por el Tribunal”.
Santos Morón agregó ante los presentes frente al edificio judicial que “la CNU no actuó de forma aislada bajo ningún punto de vista. No fue simplemente una patota. Fue parte del accionar represivo ilegal que llevó adelante el Gobierno en la etapa previa al golpe e incluso durante los primeros meses de 1976. Fueron parte de esa represión orquestada tanto por la Triple A, como por el Operativo Independencia, el plan montado en Córdoba y otros lugares. Un plan destinado a aniquilar a aquellos luchadores y activistas sociales, políticos, trabajadores y estudiantes combativos que luchaban por terminar con esta sociedad de explotación y opresión”.
Por eso, sentenció, “son tan importantes estos alegatos que se están llevando adelante. Queremos demostrar que estos son delitos de lesa humanidad, que actuaron con el aval del Estado, que el Estado fue responsable y que fue destinado claramente a terminar con un sector de la población en nuestro país que se organizaba y luchaba por sus derechos”.
Las abogadas agradecieron la presencia de Cortiñas y de otros referentes de la lucha por los derechos humanos, como los familiares de la víctimas de la Masacre de La Plata, y llamaron a sumarse al reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado.
“Tenemos que ir nuevamente a Plaza de Mayo este 1° de octubre para reclamar la aparición con vida ya de Santiago, que se vaya Bullrich y denunciar cuál es la responsabilidad del Gobierno de Macri como del Poder Judicial que hasta el momento no avanzó un ápice en saber dónde está Santiago y quiénes fueron los responsables de su desaparición forzada”, convocó Santos Morón.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
