La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra Minera Escondida (MEL), por haber triplicado la extracción de aguas subterráneas, la misma minera de BHP que hace unas semanas celebraba el aumento de producción. A la vez CODELCO, la minera estatal trajo buenas noticias por lograr mayores excedentes aumentando la producción. Todo eso pasa, mientras la pandemia sigue su curso y el sector de la minería es uno de los focos de contagios en las regiones mineras.
Martín López Trabajador del Litio
Domingo 2 de agosto de 2020
La comunidad de Tilopozo, denunció a Minera Escondida de BHP, por la evidente extracción desmedida por parte de la minera privada de cobre más grande del mundo. La SMA a partir de esto formuló cargos contra la cuprífera por llegar a triplicar la extracción el umbral permitido durante el año 2019, este incumplimiento se habría expresado en la disminución del nivel freático, es decir, del nivel de profundidad que alcanza la capa superior del agua acumulada en el subsuelo, mayor a 25 centímetros.
Si bien, la SMA busca a través de esta denuncia que la minera se haga cargo de una multa por $2.800 millones, es la menor de las sanciones posibles, pues luego se encuentra la revocación de la resolución de calificación ambiental o la clausura propiamente tal. Esas son las sanciones ante las cuales podría enfrentarse MEL, sin embargo, hay un modelo estructural heredado de la dictadura pinochetista que permite estos márgenes para que los grandes empresarios hagan y deshagan con nuestros recursos pagando una simple multa.
En una columna anterior, se dio a conocer los mecanismos a través de los cuales históricamente desde el año 82’, han permitido a las transnacionales y grandes capitales nacionales saquear hasta el cansancio nuestras riquezas y explotación de los yacimientos. Y es que lo que mostramos en parte respecto a los derechos de concesiones respaldado por la Constitución Política de la República y el Código Minero de Pinochet, se le suma la brutal política entreguista de los recursos como el agua a través del cuestionado Código de Aguas.
Por ejemplo en el artículo 56, inciso segundo del Código de Aguas promulgado el año 1981 y su última publicación del año 2018, se declara lo siguiente “Corresponde a los dueños de pertenencias mineras, dentro de ellas, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación.” Algo similar podemos hallar en el artículo 110 del Código de Minería “El titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con ésta.”
Pero ¿Quién decide a la vez cómo y cuánto explotar en los yacimientos? En una columna anterior daba a conocer por ejemplo que hay artículos que establecen que el derecho de propiedad que concede el Estado a través de las concesiones mineras, les permite a los empresarios tener una política de explotación indefinida.
Aumenta la producción, las ganancias, los contagios y el saqueo de los recursos naturales
No es una sorpresa, comprender ahora también por qué Minera Escondida pudo mantener y aumentar sus ritmos de producción que la llevó a obtener ganancias brutas de US$5.900 millones en su último año fiscal, por un lado se destapa la explotación brutal a un recurso tan valioso como el agua y también a las y los trabajadores mineros que pagan con contagios por coronavirus para mantener la producción en tiempos de pandemia.
Es sabido al interior de la minera, que los contagios no han bajado entre los trabajadores, y que las últimas cifras apuntan que desde junio hasta estos primeros días de agosto, el nivel de contagio pasó de 206 a 374 trabajadores contagiados actualmente, y peor, las medidas de resguardo de las que tanto se jactaba Daniel Malchuk, presidente de BHP Minerals Americas, para justificar la continuidad operacional de la mina, parecen hoy retroceder cuando a los trabajadores contratistas los están obligando a compartir pieza, ubicando a dos trabajadores por pieza en diferentes turno (día-noche) sin sanitizar el espacio, resguardandose en el discurso de vuelta a la normalidad del Gobierno con su plan “paso a paso”.
Esto muestra el fracaso del Consejo Minero por una parte, de su política sanitaria (turnos 14x14, que es más seguro estar en la mina que en casa, etc), la cual fue aceptada por el Gobierno, y también como ante los niveles productivos y de ganancias, mientras el cobre “chileno” no tiene competidor, como consecuencia de la disminución de la producción de cobre de Perú, hoy los grandes capitales pondrán por encima de las vidas de las y los trabajadores sus ganancias.
En esta misma tónica, CODELCO el día viernes entregaba buenas noticias al Estado de Chile, con el alza del 4,7% de producción de la cuprífera estatal, que se tradujo en excedentes por US$380 millones. La empresa del Estado tuvo el descaro de celebrar esta noticia con las siguientes declaraciones “Las tempranas medidas tomadas por la empresa estatal para proteger la salud de sus trabajadores permitieron mantener la continuidad operacional. Junto con ello, el mayor tratamiento en las plantas y la mejor ley del mineral, explican el incremento de 34 mil toneladas de producción respecto del año pasado”.
Pero, a qué medidas tempranas se refiere y de qué protección, si CODELCO actualmente es la compañía minera que expresa con más brutalidad cómo han puesto las ganancias por encima de la vida y salud de los trabajadores y sus familias, pareciera que aquellas declaraciones salen de un cuento de fantasía, al querer obviar que la minera estatal es la responsables de que sean más de 3.400 los trabajadores contagiados y desprecia la vida que le quitaron a 10 mineros en estos meses de pandemia.
Paralización de la minería y Comisiones de Higiene y Seguridad bajo control de los trabajadores para proteger nuestras vidas
Las cifras anteriores, que no son cifras sino que las vidas de miles de trabajadores en peligro y sus familias, compañeros de trabajo muertos por el despotismo patronal, muestran que los números azules para los capitales mineros, no es más que cobre manchado con la vida de las y los trabajadores.
Y pareciera que esto no se va a detener, menos en estos momentos que para los empresarios transnacionales y nacionales de la minería del cobre, la demanda China trae para sus bolsillos grito y plata. Y cómo no, si el brusco repunte del cobre del 38% en su valor llegando casi a los US$3 la libra, el mismo valor que hizo recuperar a las mineras todo lo que perdieron los primeros cinco meses del año, hoy los grandes capitales mineros lo ven como un posible soporte para enfrentar y asegurar antes que se siga profundizando la crisis económica que se vive a nivel mundial, pero las y los trabajadores sabemos que esto será a costa de descargar todo sobre los hombros de nuestras familias, y ya lo estamos viviendo con ser la carne de cañón ante la pandemia del COVID-19.
Lo peor, es que ante esta situación y la que se puede avecinar para la clase trabajadora, las direcciones de los grandes sindicatos mineros, de las Federación de Trabajadores del Cobre y la CUT no han respondido a la altura de la vida de miles de trabajadores. Los que buscan ubicarse lo más progresivamente posible, no pasan de exigir una cuarentena de 10 a 14 días con servicios mínimos para después volver a producir, algo que no se aleja mucho del proyecto de la oposición en la región de Antofagasta y O’Higgins, Catalina Pérez (RD), Raúl Soto (PPD), Marcela Hernando (PR), Pablo Vidal (RD), Juan Luis Castro (PS) y Esteban Velásquez (FRVS).
Ante las exigencias insuficientes de las direcciones sindicales y de la oposición, las y los trabajadores no podemos someter a voluntad de los capitalistas el cuándo y cómo producir en medio de una pandemia que ha cobrado millones de vidas en el mundo.
Lo que necesitamos es que los grandes sindicatos, federaciones y la CUT impulsen asambleas de base para los trabajadores mineros de planta y contratistas, donde se discuta y levante un plan que primero paralice la producción por la vida de los mismos trabajadores y sus familias, así como también asegurar el salario de cada trabajador porque los recursos existen, y las abultadas ganancias de los empresarios de la minería lo reflejan. Pero, también es importante que las y los trabajadores conquisten Comisiones de Higiene y Seguridad bajo su propio control, junto a profesionales de la salud y especialistas con quienes determinen cuándo y en qué condiciones volver a producir, decisión que debe pasar por las y los trabajadores, y no por la voluntad de los mismos empresarios que son responsables de las muertes y contagios de las familias trabajadoras.
Esta política es necesaria, para defender las vidas de las y los trabajadores, pero también del pueblo pobre en su conjunto que hoy se encuentra pagando la crisis sanitaria con el colapso de los hospitales, porque la maquinaria de la producción no esencial sigue funcionando. El Gobierno justifica esto porque al igual que BHP, dicen que la minería es esencial por lo estratégico que significa para la economía del país, pero muchos nos preguntamos ¿dónde se está financiando con esto recursos un verdadero plan de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria, de hambre y desempleo?, es más el Gobierno firmó un Acuerdo Nacional con partidos de la oposición que endeuda y embarga a las futuras generaciones con más de US$12 mil millones, mientras las ganancias brutas de Escondida que es una de las 50 grandes mineras en el país, por sí sola equivale a la mitad de esa deuda.
Este debate sobre los recursos y los Códigos de la Dictadura que entregaron todo a los grandes capitales transnacionales y nacionales, abre una discusión más profunda en torno a la lucha por una Asamblea Constituyente libre y soberana para que realmente, seamos los trabajadores, las mujeres, jóvenes y pueblos oprimidos como el Pueblo Mapuche, quienes decidamos sobre los recursos naturales del país y que éstos estén al servicio del pueblo pobre y trabajador.
