CIENCIA Y TECNOLOGÍA. CONACyT profundiza la elitización de los apoyos académicos

Este miércoles 3 de marzo la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) decidirá si se reforma el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a partir de un documento enviado por la titular de esta institución, María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien planteó que era necesaria una “refundación del SNI”. Su propuesta plantea que la entrega de apoyos estará sujeta a disponibilidad presupuestaria y que, para entregarlos, se dará prioridad a algunos investigadores, considerando parámetros de “inclusión social y equilibrio regional”.

La propuesta señala también que busca “reconocer públicamente el mérito de investigadoras e investigadores que cuenten con una destacada trayectoria docente, académica y profesional” así como “(…) el avance del conocimiento universal mediante el impulso de la investigación de frontera en alguna de las áreas del saber, el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social o la atención de problemas nacionales preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos que impulsa CONACyT”.

Es decir, se deja de lado el desarrollo de las ciencias básicas para dar prioridad a las investigaciones de frontera, las cuales son aquellas investigaciones que se desarrollan en las fronteras del conocimiento y que lo expanden en una determinada área. Esto puede sonar muy bien, pero ¿quién o qué determinan dónde está la frontera de un conocimiento?

Alardean de inclusión social, pero se conserva el elitista esquema del SNI 1, 2 y 3, además de que los apoyos seguirán sujetos a la controvertida Unidad de Medida y Actualización (UMA), que hace unos años causó revuelo entre estudiantes de posgrado y hoy lo hace entre las filas de los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), donde la molestia es mayor entre los maestros. Precisamente porque la UMA se convirtió en un instrumento para reducir los ingresos, al dejar de considerarlos en salarios mínimos, lo que implica que se continuará con los mismos esquemas introducidos por gobiernos neoliberales.

Otra parte del documento señala que para recibir el apoyo el investigador debe de acreditar que trabaja en alguna institución de educación superior, o centro de investigación del sector público, social o privado del país y que no debe estar ocupando algún cargo de elección popular. También se modificó lo que ocurre en caso del fallecimiento de los académicos pues los beneficiarios ya no podrán ser los que aquellos hayan designado, sino los hijos menores de edad o menores de 25 y que acrediten que siguen estudiando, cónyuge o concubino y padres, en caso de acreditar que sean dependientes económicos.

Desigualdad social y exclusión entre los investigadores

Una de las cosas que más resalta en este asunto es que digan que buscan “el avance del conocimiento universal mediante el impulso de la investigación de frontera”, pues existe la necesidad de preguntarse: ¿Qué entienden estos directivos por “investigación de frontera”? Porque las fronteras del conocimiento también son políticas. Ya que están marcadas por lo que al Estado le interesa que se investigue y lo que no le interesa, ya que no podemos olvidar que el CONACyT es un órgano de Estado, y su titular fue designada por un gobierno específico, el de la 4T.

Es decir, es la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -quien designó a Álvarez-Buylla-, ella es la que determina lo que es prioritario y lo que no lo es. Eso muestra, en primer lugar, que no se está cuestionando de fondo la naturaleza del propio CONACyT que es burocrática, pro capitalista y que engendra profundas desigualdades sociales entre los académicos al promover una feroz competencia entre ellos, que casi siempre es ganada por los que tienen las mejores condiciones para competir.

Así que esta “refundación del SNI” no hará más que profundizar la elitización de los ingresos. Por ejemplo, cuando se habla de “reconocer públicamente el mérito de investigadoras e investigadores que cuenten con una destacada trayectoria docente, académica y profesional” ¿A quién se refieren? ¿A todos los investigadores del país? ¿O solamente a los que tienen plaza? Ya que estos son una minoría, algunos de ellos forman burocracias académicas que acaparan las mejores condiciones para desempeñar el trabajo científico.

También cabe preguntarse: ¿Qué pasa con quienes hacen esfuerzos para investigar, pero no tienen plaza? ¿Les van a dar el apoyo? Esas preguntas vienen al caso porque resulta que no reciben apoyos económicos del SNI los profesores que no tienen plaza, que son miles y que laboran bajo la figura de profesor de asignatura, temporal o como sea que se les llame en las distintas instituciones educativas de nivel superior y medio superior. Eso es algo que no se modificó en el documento y que ni siquiera se menciona, además: ¿Qué pasa con esos científicos que no hacen investigación “de frontera”? Pues claramente al no considerarlos productivos no se les va a tomar en cuenta para aportarles fondos.

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¿Qué hacer?

No puede haber inclusión social mientras la ciencia esté al servicio de la clase dominante y de una élite académica, mediadas por un organismo burocrático como lo es el CONACyT. En primer lugar, porque para que exista dicha inclusión se necesitan condiciones dignas de trabajo para todos los docentes e investigadores.

Esas condiciones están dadas por el acceso a los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) que eviten la inestabilidad laboral, y que no se use ésta como instrumento para acallar a quienes quieran generar un conocimiento distinto al que establezcan las instituciones, con la amenaza del despido.

En segundo lugar, esto debe venir de la mano de la democratización de las universidades y de la supresión del CONACyT, quien funge como un tercero que de forma arbitraria decide lo que es ciencia y lo que no lo es, por lo que se hace necesaria la democratización universitaria y su articulación a nivel nacional. Para que sean las comunidades académicas las que decidan cómo fortalecer el quehacer científico y no los altos funcionarios sentados en un escritorio, funcionarios al servicio de las empresas como la propia Álvarez-Buylla, quien es conocida por su defensa de los transgénicos, los cuales sólo benefician a las grandes trasnacionales como Monsanto.