Continúa el paro cívico con nuevos y más ultimátums. ¿Cabildo o concentración cuartelaría?

Este domingo 13 de noviembre se llevó a cabo el Cabildo, en Santa Cruz, convocado por el presidente del Comité Cívico local, Rómulo Calvo. Con una multitudinaria concentración, el Cabildo debía determinar la suspensión o la continuidad del paro cívico, que ya lleva 24 días, luego de que el Gobierno de Luis Arce emitiera el Decreto Supremo 4824, en el que se determina la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda para el 23 de marzo del 2024.

La disposición gubernamental, si bien no satisface la exigencia cívica de llevar adelante este censo en octubre del 2023, les garantiza a los cívicos que la distribución de recursos se realizaría de manera automática, con resultados preliminares, en septiembre del 2024. Así mismo, garantiza la distribución de escaños parlamentarios para diciembre del mismo año como informó el ministro de planificación, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa minutos antes del inicio del Cabildo cívico.

El Cabildo determinó autorizar a los parlamentarios de Creemos (alianza derechista del gobernador Luis Fernando Camacho, y del alcalde Jhonny Fernández, de Santa Cruz) y Comunidad Ciudadana (partido de centro derecha del ex presidente Carlos Mesa) la formalización, mediante un proyecto de ley, que establezca fecha de censo, distribución de recursos y de escaños. Con esta resolución, sugerida por Tuto Quiroga (ex presidente y también ex vicepresidente del fallecido dictador, Hugo Banzer Suárez) días atrás, así como por algunos parlamentarios de Carlos Mesa, se rechaza de manera ambigua el decreto emitido por Arce.

Sin embargo, el Cabildo agrega dos ultimátum más como condición para la finalización de la medida de fuerza. El primero otorga un plazo de 72 horas para que el Gobierno libere a los detenidos por los incendios y saqueos producidos contra las organizaciones sociales. Y, el segundo, da un plazo de 72 horas a los 8 restantes departamentos del país para que se pronuncien si apoyan o no las demandas del comité cívico de Santa Cruz. De no hacerlo pondrán en marcha la discusión sobre la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado boliviano, en el marco, según afirmó Calvo, del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Con esta medida oficializan el objetivo estratégico de la oligarquía agroindustrial que es el federalismo o incluso la independencia. Buscan, con este ultimátum, poner en discusión el control de la tierra y los recursos naturales del departamento que la burguesía oriental desea controlar a discreción.

Un Cabildo sin discusión y sin oradores: ¿concentración cuartelaría?

El Cabildo fue convocado luego de violentos enfrentamientos generados por pandillas vinculadas a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que no solo atacaron una movilización campesina y gremial que exigía el fin del reaccionario paro agroindustrial, sino que luego de esto incendiaron y saquearon la Federación Campesina de Santa Cruz y las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD). Así mismo, continuaron acosando las barriadas populares, intentando romper el aislamiento político del paro mediante la generalización de la violencia y sembrando miedo en la población que no comulga con los intereses cívicos y empresariales.

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La violencia desatada, provocó la moralización y fortalecimiento de los grupos extremistas nucleados en la UJC quienes radicalizaron sus posturas. Mientras esto se desarrollaba en el frente cívico-agroindustrial, del lado de las organizaciones obreras, campesinas y populares, la política del Gobierno del MAS y de los dirigentes de estas organizaciones sociales, solo contribuyó a desmoralizar a los sectores populares al negarse a enfrentar y movilizar a todo el pueblo para enfrentar la ofensiva ultra derechista. Primero desmovilizaron a quienes habían impulsado las marchas hacia Santa Cruz y el cierre de las empresas agroindustriales. Esta desmovilización no solo que prolongó el conflicto, sino que envalentonó aún más a los grupos de ultra derecha que vieron como cada una de sus acciones violentas quedaban en la impunidad y sin respuesta de parte de las organizaciones sociales.

Los dirigentes tanto de la COB (Central Obrera Boliviana) como de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), lejos de cumplir con su papel y defender a sus bases y organizaciones, que eran saqueadas, se limitaron a rogarle al Gobierno de Arce que implemente un estado de sitio departamental para controlar, mediante la policía y el ejército, a la asonada derechista.

Lamentablemente con esta solicitud repiten la vergonzosa política del 2019 cuando mientras rogaban que la policía cumpla su mandato constitucional estos ya habían puesto en marcha la conspiración golpista. No hay que olvidar que en momentos previos a la quema de la Federación Campesina y al saqueo de la COD, Luis Fernando Camacho, se reunía con el comandante de la Policía Departamental, quién minutos después “liberó” la zona facilitando la violencia de paramilitares y pandillas de la UJC. Esto debería ser suficiente para terminar de comprender que la Policía y las FF.AA. son aliados naturales de los ricos y del empresariado nacional. Pedir que sean éstas las que controlen la asonada derechista significa solicitar entregar cada vez más poder político a estas instituciones de la clase dominante. Instituciones que históricamente han llevado adelante las intentonas golpistas y han masacrado al pueblo trabajador.

Pero, además, con esta política, dejaban sin respuesta la violencia derechista, desmoralizaban a los sectores de trabajadoras y trabajadores que buscaban resistir y permitían que la ultra derecha convocara al Cabildo como única instancia posible para la suspensión del paro, aumentando la moralización de sus filas. Esto explica en gran medida la importante convocatoria al Cabildo del domingo.

Sin embargo, si una gran mayoría de los asistentes se volcaron al Cabildo para discutir las alternativas al paro cívico, que se expresaban en tres tendencias, esto no sucedió. La primera tendencia empujaba a la suspensión del paro al obtenerse lo central de las demandas cívicas, como lo expresaba el representante del comité interinstitucional por el Censo 2023, Vicente Cuéllar. La segunda tendencia planteaba la continuidad y radicalización del paro, con Camacho y la UJC a la cabeza. Y, la tercera tendencia, expresada por diversos sectores populares, que exigían el fin del paro. Estas posiciones NO fueron debatidas ni discutidas.

Sorprendentemente se trató de un Cabildo que tuvo UN solo orador, Rómulo Calvo, que lo hizo de manera virtual y con un discurso que permite el manejo del conflicto de manera discrecional por parte de los cívicos. Quedó en evidencia que para estos representantes de los empresarios agroindustriales la democracia queda reducida a ultimátum e instructivas del “jefe”, en este caso Rómulo Calvo, que deben ser aceptadas por aclamación. Lejos de haber presenciado una instancia de deliberación, vimos una gran concentración que fue convocada solo para oír a Calvo, quien, al hacerlo de manera virtual, evitó la posibilidad de respuestas en directo.

Radicalización y división de las filas de la ultra derecha

Culminada la arenga y ultimátum de Calvo, se dio por concluido el cabildo y se instruyó la dispersión. Esto detonó de manera inmediata las airadas protestas de los sectores radicalizados de la derecha regional que al no ser oídos por los cívicos decidieron movilizarse a la casa de Calvo, que al grito de “traidor” exigían respuestas por la “poca claridad” sobre si el paro se mantiene por “censo 2023” mientras acusaban al comité cívico de haber rifado el conflicto cívico.

La reacción de miles de personas que manifestaron abiertamente su indignación fue el resultado de como Camacho y Calvo construyeron las demandas del conflicto, transformando la fecha en lo esencial del conflicto y no así los recursos y escaños que fueron cedidos por el decreto de Arce. Se encontraron así en una encerrona que les dificulta levantar el conflicto ante una base social de derecha que se ha robustecido desde el golpe de Estado hasta la fecha. La necesidad de ofrecer algo a esa base radicalizada empujó a Calvo a tener que hacer referencias a “la revisión de sus relaciones con el Estado Boliviano”, mientras transformaba la lucha por el censo 2023 en un pedido de libertad para los detenidos.

La urgente necesidad de una política socialista revolucionaria

Es probable que no puedan sostener el paro cívico por mucho tiempo más pese al ultimátum formulado en el Cabildo. Sin embargo, el conflicto ha evidenciado la existencia de una base social de ultra derecha que sostiene a Camacho y Calvo y que será fuente de nuevas crisis como ya se adelanta con la agenda federal, el pacto fiscal, la hoja o boleta censal e infinidad de exigencias que desde la agroindustria aspiran. Es decir, estamos ante la presencia de una derecha golpista, abiertamente anti obrera y anti campesina y que no duda en desplegar abiertamente sus veleidades racistas y patriarcales.

Ante este escenario, las respuestas desde las direcciones de los sindicatos y organizaciones sociales son vergonzosas. Son incapaces de alentar la movilización no solo para defender a sus propias bases sino incluso sus propias oficinas. Su política es sumamente peligrosa ya que al desmoralizar a los y las trabajadoras del campo y la ciudad mediante llamados a la paz y la desmovilización, solo alimentan a que los grupos derechistas se envalentonen cada vez más, haciéndolos cada vez más peligrosos.

Desde la Liga Obrera Revolucionaria - Cuarta Internacional (LOR-CI), organizaicón que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, afirmamos que es urgente alentar la más amplia movilización obrera campesina y popular, junto al movimiento de mujeres, feministas y de la diversidades sexuales, contra la ultra derecha, impulsando diversas formas de autoorganización para la lucha y para garantizar la autodefensa frente a las bandas paramilitares de Camacho y Calvo.

Es urgente impulsar la discusión de un programa que afecte directamente los intereses de los agroindustriales, verdaderos artífices de la asonada derechista. ¡Nacionalización sin pago y de toda la agroindustria golpista y su puesta en funcionamiento bajo administración de las y los mismos trabajadores de manera colectiva! ¡Reversión de las tierras de todos aquellos comprometidos en la violencia y ataques racistas de las últimas semanas! Es urgente avanzar en desplegar un auténtico programa socialista que sobre la base de la autoorganización enfrente decididamente a la derecha en las calles.

Te invitamos a que veas nuestro programa #AbriendoBrechas, en nuestra página de Facebook y YouTube, en el que analizamos el paro cívico y la asonada derechista en marcha:

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