BANCA Y PRIVATIZACION. Caixabank tras la fusión: despidos masivos, externalizaciones y abandono total de los clientes vulnerables

La fusión de CaixaBank y Bankia ha supuesto miles de despidos en el mayor ERE histórico de la banca 6.452 despidos (14% menos de su plantilla), el desmantelamiento de gran parte de la red de oficinas con el cierre de 1.534 oficinas (27% menos de la red), la eliminación total de las denominadas “oficinas ágiles” de Bankia y la terciarización salvaje de los servicios al llevar a empresas de telemarketing los servicios comerciales y financieros de los que se ha deshecho. Por el camino se ha arrojado a la calle a la práctica totalidad de la plantilla interna que hacía esas funciones. Y a los que se han quedado se les ha precarizado más, en tanto en cuanto se ha profundizado la línea de gestión financiera basada en la maximización de los resultados de un sector con grandes beneficios, pero en plena reestructuración de los servicios bancarios. Eso sí, todo ello contando con el beneplácito y el apoyo total de CCOO y UGT que han firmado el resultado final del ERE sin problemas.

Esta megafusión se ha constituido en un gran paradigma para el resto de la banca competidora sobre el modelo financiero a desarrollar en el futuro próximo, basado en nuevas fusiones, más despidos y aún más desmantelamiento de la red territorial. Modelo que despersonaliza los servicios bancarios al máximo y que ha generado protestas entre los usuarios más vulnerables recogiendo firmas ante el abandono que sufren con un servicio esencial como este.

Al basarse en un proceso continuo de digitalización se obliga a usar las nuevas tecnologías a la totalidad de los clientes, más allá de sus conocimientos y sus posibilidades reales de comprensión, para abaratar sus costes al máximo posible, incrementar sus beneficios y rebajar los derechos y costes laborales.

Mientras, al mismo tiempo, multiplica sus comisiones y sus ingresos extraordinarios. Todo ello bajo el paraguas de un modelo financiero y una reestructuración bancaria que ha sido diseñada y gestionada con la aprobación y complicidad del “gobierno más progresista de la historia”. Recordemos que al disponer del 61,8% de las acciones de Bankia era imposible que esta fusión se produjera sin su consentimiento y aprobación.

De hecho, la participación del Estado tras la fusión se ha quedado en el 16,11%, con lo cual ha reducido su capacidad de influencia y, además, ha preferido mirar para otro lado y facilitar la barra libre de despidos y supresión de oficinas de atención directa. Así en muchas localidades rurales y barrios populares se han quedado sin oficinas ante la indignación y la denuncia de los usuarios más vulnerables.

El banco resultante tiene unos volúmenes de negocio estratosféricos y lo convierten aún más en demasiado grande para dejarlo caer, algo que en la crisis financiera de 2008 sirvió como excusa para socializar pérdidas y privatizar los beneficios de la banca. Un banco de 21 millones de clientes y la mayor red comercial en España y Portugal con más de 6.000 oficinas, 15.000 cajeros automáticos y el liderazgo en la banca digital, con un porcentaje de clientes digitales del 71,4%. Una línea de negocio, la digital, por el que apuesta claramente la banca en general y que se fortalece con esta fusión. Algo que incrementa notablemente el coste de las comisiones de todo tipo, sobre todo a los clientes más vulnerables que tienen menos productos bancarios y de menor peso con la nueva entidad creada. De hecho, a raíz de la fusión se endurecieron las comisiones para los usuarios del programa “Por ser tú” de Bankia, que pasaron al de “Día a Día” de CaixaBank, y las tarjetas de débito dejaron de ser gratuitas para todos los clientes, imponiendo de este modo CaixaBank su modelo comercial sobre el de Bankia.

El Gobierno de coalición ha demostrado su incapacidad, una vez más, para oponerse a la barra libre de los despidos en el sector financiero -como ha pasado también con los más de 30.000 despidos en grandes empresas que se beneficiaron de los ERTE.

Y todo pese a las ganancias millonarias y el rescate público multimillonario a la banca, y por no frenar la gigantesca reestructuración del sector financiero, con más de 100.000 despidos en todo el período. Mientras que la reducción a la mitad de las oficinas bancarias en el territorio que en muchos casos ha supuesto para la denominada “España vaciada” no disponer de un simple cajero en un radio de más de 15 kilómetros.

La operación de la fusión solo tuvo una tímida resistencia dentro del Gobierno de coalición por parte de Unidas Podemos que rápidamente se tragó el sapo y pasó a otros asuntos. En el caso de Bankia, incluso se ha reducido la influencia y el peso en el accionariado del Estado. A la vez que se ha permitido un pelotazo financiero con una revalorización del 40% en el valor de las acciones que ha elevando el benéfico un 278% tras la fusión, frente al 25% logrado por el conjunto del IBEX.

La reestructuración de los perfiles laborales con la digitalización ha supuesto apostar por un nivel más técnico, tales como ingenieros, en detrimento de los perfiles más comerciales que se vieron abocados al despido. Mientras el nuevo banco optó por derivar muchos de estos servicios bancarios elementales -transferencias u operaciones de pagos- a través de empresas de telemarketing. Estas son las reinas de la precarización laboral y los despidos contra los derechos laborales más elementales, como ha sucedido con el reciente despido del delegado de CGT Alex León en la empresa Marktel, por intentar algo tan simple como que la empresa respetase el cumplimiento del convenio.

Fin de las “oficinas ágiles” de Bankia y aumento de los dividendos para los accionistas

Una de las primeras decisiones de CaixaBank, tras los despidos y el desmantelamiento de una parte importante de la red de oficinas, ha sido poner fin al modelo de “oficinas ágiles” de Bankia. Eran 122 oficinas que han dejado de funcionar como hasta ahora para convertirse en centros de transformación transaccional con el fin de ajustarse a los esquemas de distribución de CaixaBank. Aunque ahora, tras las protestas encabezadas por un jubilado que ha recogido miles de firmas, CaixaBank ha prometido ampliar su cartera de servicios a los mayores, pero sin ampliación de la plantilla, algo que resulta, por lo tanto, absolutamente inverosímil.

Estas oficinas disponían de horario ininterrumpido desde primera hora de la mañana hasta media tarde y fueron implantadas en 2013 con el objetivo de establecer un modelo diferente de atención bancaria, donde el tiempo de espera debía ser el mínimo. Su concepción era dispensar una atención rápida para las transacciones más sencillas. Además, esta red servía de apoyo en las grandes ciudades a las oficinas de asesoramiento. Cada oficina estaba situada a menos de 10 minutos andando desde el resto de sucursales tradicionales a las que daba soporte y tenía una estructura media de ocho trabajadores incluyendo cuatro u ocho cajeros multifunción.

Por otra parte, CaixaBank ha comenzado a dibujar la política de redistribución de beneficios a los accionistas para los próximos meses. Incluso ha previsto un aumento del beneficio de las acciones para el próximo ejercicio hasta situarlo entre el 50% y el 60% de beneficio de 2021 y un programa de recompra de acciones. El banco ha cerrado el año 2021 con un beneficio de 5.226 millones de euros (278%), incluyendo los resultados extraordinarios fruto del pelotazo de la fusión con Bankia. En total serán más de 1.179 millones los que se repartirán a los accionistas, un 50% de los beneficios logrados. El margen de intereses tras la fusión alcanzó los 5.975 millones de euros y las comisiones aumentaron un 43,8% hasta los 3.705 millones.

Hay que actuar frente a estos ataques a los derechos laborales de las y los trabajadores del sector que van a continuar, junto a la liquidación de los más elementales derechos a disponer de servicios bancarios de calidad, con atención personalizada y sin costes usureros y abusivos que gravan a los más vulnerables económicamente.

Contra la externalización y tercerización de los servicios, que los precariza absolutamente, mientras el Estado se convierte en el último garante de sus beneficios con rescates millonarios, por ser demasiado grandes para caer.

Por la reinstalación de los despedidos por actividad sindical, como el caso de Alex León de Marktel.

Hay que levantar un programa que pase por la nacionalización de la banca bajo control de trabajadores y usuarios y que dé una respuesta real a la necesidad social de acceso a los servicios bancarios sin discriminación social y en beneficio de las clases populares.