En pleno verano y a las puertas de un nuevo rebrote de coronavirus, los 80 mil habitantes de Caleta Olivia, la ciudad petrolera más importante del norte santacruceño, siguen sufriendo la falta de agua, desde hace más de 30 días. Desde el gobierno de la provincia, una vez más, prometen soluciones a este grave problema que la comunidad caletense ya no cree. Porque padecen desde hace más de 30 años, la desinversión de los gobiernos del Frente Para la Victoria o la malversación de fondos públicos.
Ernesto Zippo Trabajador de Correo Argentino | MAC Rio Gallegos - Sta Cruz
Sábado 9 de enero de 2021 18:07
Imagen perteneciente al El Mediador
Como ya es costumbre en la ciudad, el suministro de agua está cortado. Desde el gobierno municipal y provincial señalan que el causante fue una ruptura en la planta de Ósmosis. Pese a este problema puntual, es evidente la desidia de los gobiernos de turno que no han realizado las inversiones necesarias para el abastecimiento de agua. Todos los años se hacen sentir los cortes, en la ciudad.
En los barrios populares de Caleta Olivia la crisis económica social y sanitaria crece a un ritmo acelerado dejando al descubierto que no hay políticas dirigidas a contrarrestar la terrible situación que viven miles de familias trabajadoras. Hay que sumar el creciente pico de contagios de COVID-19, que está golpeando fuertemente a los sectores más empobrecidos.
En pleno verano y a las puertas de un nuevo rebrote de coronavirus, manifiestan que la situación es crítica y exigen una solución. Ese día se escuchaba entre los miles que ganaron las calles que “Nos recomiendan que nos lavemos las manos, que nos cuidemos, pero, al final, ¿con qué agua se pueden higienizar las personas?”, “exigimos agua”.
El pasado 4 de enero pasado, miles de vecinos auto convocados de Caleta Olivia se manifestaron en El Gorosito (monumento al trabajador petrolero). Denunciaron que, una vez más, no tienen agua. La falta de servicio afecta a la mayoría de los 80 mil habitantes de la ciudad. La imagen se repite nuevamente, y se agrava año a año desde el 2014, aunque el problema es recurrente desde hace más de 30 años.
Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, y Fernando Cotillo, intendente de la ciudad, una vez más decretaron la emergencia hídrica, una vez más dicen preocuparse en la problemática de los vecinos, pero patean el problema para adelante y no resolver nada. Así también el presidente Alberto Fernández manifestó que va a encomendar al ministro de obra pública, Katopodis, para que encuentre una solución al problema.
Lo que nadie dice es que el agua que llega en los camiones, si llega, “es sucia” y “no tiene ni una gota de lavandina”, además de las denuncias históricas por el alto índice de aluminio en el agua producto de la contaminación que genera el petróleo y la contaminación del medio ambiente.
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Todos los gobiernos del Frente Para la Victoria y la Unión Cívica Radical hicieron la vista gorda a un derecho tan básico y elemental, como es el acceso al agua potable. Desde hace décadas, se sufre los efectos de la falta de inversión y la negligencia de una burocracia administrativa a la que poco y nada le interesa la salud y el bienestar de la población y solo se preocupa por garantizar las ganancias de las empresas petroleras.
Una solución definitiva para el problema del agua
La situación no es nueva, pero se agrava a partir de la propagación del COVID-19 y la contaminación del agua corriente. Los gobiernos pasan, pero la desidia hacia los sectores más pauperizados de la ciudad quedan. Las y los trabajadores y el pueblo pobre de Caleta Olivia ya no quieren seguir esperando falsas promesas, gobierno tras gobierno, municipal, provincial y nacional, que crean falsas ilusiones de solución ante la crisis del agua y por esta razón están realizando una vigilia a la entrada de la ciudad, a manera de protesta contra las autoridades gubernamentales.
Tenemos que exigir en primer lugar que esta situación tiene que ser revertida en lo inmediato, la municipalidad y la gobernación tiene que proveer con agua e instrumentos de higiene a toda la comunidad. Así también exigir la implementación efectiva y urgente de un plan de obras públicas, gestionado y controlado por los propios trabajadores y un comité independiente de vecinos de la ciudad. Además investigar las denuncias que existen, sobre la contaminación del agua potable que consume la comunidad.
También debemos pelear porque los usuarios y trabajadores tengamos poder de control y decisión en la gestión del suministro de agua, que cuando funciona, es deficiente y se paga un precio elevado. Una primera medida en este sentido, sería la auditoría de los libros contables y ver en qué se han gastado los millones obtenidos durante estos más de 30 años de gobiernos del FPV. Esto debe ser parte de una pelea de fondo por la nacionalización íntegra del conjunto de los servicios públicos, gestionada por los propios trabajadores y usuarios, para garantizar el acceso al agua. Por eso es necesario que se trate de manera urgente un impuesto a las Grandes Fortunas y se deje de pagar la deuda externa odiosa de la provincia y que esos recursos se destinen a resolver los problemas del pueblo trabajador. En medio de la pandemia del COVD-19 y las medidas de higiene que son necesarias, es urgente la solución a este problema, ya que no puede privarse a la población de un servicio básico como el agua.
