Este martes 27 de octubre, con 92 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de modificación de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, para exigir a las organizaciones renunciar explícitamente a la incitación de la "violencia en cualquiera de sus formas", volviendo a comisión para su revisión en particular.
Viernes 30 de octubre de 2020
Pero no se trata de una ley para condenar la violencia estatal, de carabineros y militares y de los responsables políticos del Gobierno, por los miles de injustamente procesados, cientos de mutilados y decenas de muertos del estallido. Al contrario, se trata de una ley que consagraría aún más esta violencia, fortaleciendo la represión contra quienes se manifiestan y sus organizaciones. Una ley que solo quiere atar de manos a los millones de pobres, trabajadores, mujeres y jóvenes contra su derecho a manifestarse y su legítima defensa ante la violencia estatal de Piñera y la tiranía de esta democracia para ricos.
La derecha, con la ayuda de la mayoría de la Concertación y un sector del Frente Amplio (PL), busca condenar a quienes, en esta misma moción de ley firmada por ellos, llaman "hordas(!!!) que salen a manifestarse y generan caos" y no respetan "nuestra(!) Constitución Política(!!!)". Ello no se condeciría con su régimen político de "gran tradición chilena(!)" que habría "venido haciendo gala(!)" de "respeto a los más básicos derechos y garantías fundamentales(!!!)" y que, "como nunca antes en la historia patria(!)", habría permitido "sacar de la pobreza a cerca de 8 millones de chilenos(!), el mayor esfuerzo de promoción social(!) que el mundo occidental conociera durante el siglo XX(!!!)".
Con tal desparpajo de negacionismo, el régimen burgués de los 30 años, justifica una ley con la cual intenta prevenirse ante un segundo estallido, para controlar aún más el proceso constituyente pactado por sus partidos. Con esta y otras leyes, los partidos del orden buscan aumentar los mecanismos represivos y autoritarios de la Constitución de Pinochet, la misma que las calles han exigido poner fin y que, tal como demuestra esta ley, permanece aún por encima del nuevo proceso constituyente, sometiéndolo junto al resto de los poderes constituidos del régimen.
Hoy no podría siquiera hablarse de una Nueva Constitución que pusiera fin a las herencias de la dictadura, si no fuera por la gran manifestación y autodefensa desplegada en las calles en la Rebelión de Octubre. Este proceso constituyente amañado fue la respuesta del régimen a la Huelga General del 12 de Noviembre, defendida en los lugares de trabajo y en las calles contra la represión. La clase trabajadora, con sus propios métodos, intervino entonces en la revuelta, golpeando en el corazón del régimen de explotación, amenazando con hacer caer así el antidemocrático gobierno de Piñera.
Mientras el gobierno y los partidos del orden hoy aseguran su propia impunidad y la de las fuerzas de represión, por sus crímenes cometidos durante la revuelta, a la vez juzgan y encarcelan a quienes nos defienden de ellos. Se querellaron así el año pasado contra dirigentes políticos como Dauno Tótoro, del Partido de Trabajadores Revolucionarios, solo por expresar su opinión. Y ahora buscan levantar sanciones contra el diputado Hugo Gutiérrez y el timonel Guillermo Teillier del PC, también solo por expresar sus opiniones.
La única manera efectiva de defendernos frente a este nuevo ataque, así como a todas las nuevas leyes impulsadas por este gobierno y las viejas leyes represivas heredadas de dictadura, rompiendo el pacto de impunidad acordado en el parlamento de los ricos, es volver a impulsar la movilización en las calles y en nuestros puestos de trabajo.
Es necesario para ello terminar con la tregua con el gobierno de las direcciones sindicales burocráticas. Terminar con la tregua de la CUT, que ha procurado mantener a la clase trabajadora en la inmovilidad mientras acuerdan leyes antiobreras como la de (des)protección del empleo, que llevó a millones de trabajadores a suspensiones laborales pagadas con sus propios ahorros individuales.
Retomar así el camino hacia la Huelga General, para defender el derecho democrático a la manifestación, de la primera hasta la última línea de la autodefensa obrera y popular. Para liberar a los presos de la revuelta, poner fin a los estados de excepción constitucional, dar juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de la violencia contra los manifestantes. Para defender nuestros empleos poniendo fin a los despidos, por un salario mínimo ya de 500 mil pesos, fin a las medidas de precarización del empleo, entre otras medidas de emergencia. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. Para con esa fuerza impongamos una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin Piñera y sobre las ruinas del régimen heredado de la dictadura.
Frente al actual proceso constituyente lleno de trampas y que se quiere encorcetar todavía más a la Constitución de Pinochet, desde el PTR, partido que se encuentra legalizándose en distintas regiones del país, queremos utilizarlo como una tribuna para que se oigan las voces de la Rebelión de Octubre. Voces para impulsar nuevamente la movilización obrera y popular por nuestras demandas, que con leyes como esta los partidos de las clases poderosas buscan silenciar, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.
