Esta semana asume el caso Gustavo Lleral, tras el apartamiento de Otranto. La fiscal Silvina Ávila seguirá en la causa. Los cuestionamientos de la familia y la relación con Bullrich. ¿Una nueva etapa?
Martes 26 de septiembre de 2017
Foto Télam
La mañana de este lunes, el Juzgado Federal de Esquel amaneció con refuerzos de la Policía Federal recién llegados desde Buenos Aires. Guido Otranto, que permanece en la investigación pero acotado a lo sucedido el 31 de julio, llegó a su despacho en el horario de siempre. Será que no quería perder el lugar. El primer oficio que libró su reemplazante, Gustavo Lleral, pide expresamente “acondicionar despachos y/o oficinas en el edificio donde actualmente funciona el Juzgado Federal de Esquel”.
Poco se sabe del nuevo magistrado. Aunque fue nombrado hace poco como juez federal, su padrino y colega Hugo Sastre es un hombre que conoce el paño y tiene estrechas relaciones con quien manda en la provincia, Mario Das Neves.
Habrá que verlo andar. La familia Maldonado recibió bien el cambio – ante el desastre de Otranto estos 55 días – aunque reclamó que "se le conceda al nuevo magistrado la oportunidad de trabajar sin interferencias, luego de ser testigos y víctimas de una justicia lenta e ineficaz. Necesitamos saber dónde está Santiago”.
Cuando un amigo se va…
Quienes desde el viernes prácticamente no han emitido opinión son los funcionarios del Gobierno nacional. Recién este lunes el ministro de Justicia Germán Garavano dijo escuetamente por radio que "hay que ayudar para que (el nuevo juez) encare esto rápidamente y tratar de llegar a la verdad". Hace menos de 10 días los hombres de la ministra de Seguridad PatriciaBullrich creían estar cerca de cumplir sus sueños, cuando entraron portafolio en mano con Guido Otranto y 400 efectivos a la Lof en Resistencia, lugar donde desapareció Santiago.
El mismo Gonzalo Cané, principal operador del Ministerio de Seguridad en la causa, se había molestado con La Izquierda Diario que le preguntó por su influencia sobre el juez. “No, no, el Gobierno no tiene ninguna influencia sobre un juez que ha demostrado ser absolutamente independiente”.
La recusación del juez Otranto, además, revivió tensiones en el Gabinete. Los ventiló ayer el diario La Nación. No es que unos quieran llegar al fondo de la verdad, pero la forma de manejar la crisis política abierta con la desaparición de Santiago genera roces entre distintos sectores.
Mientras los hombres de Bullrich buscan mantener la virtual intervención del juzgado más allá de sus habitantes, el jefe de Gabinete Marcos Peña fue otro de los pocos en hacer declaraciones. “Seguiremos trabajando con el nuevo juez como hicimos con el anterior, de no perder el foco de trabajar para que aparezca Santiago Maldonado”, afirmó.
La primera parte de la definición es preocupante; la segunda directamente indigna.
Pero queda una amiga
La separación de Otranto, sin embargo, no puede ocultar que la causa de desaparición forzada sigue en manos de la fiscal Silvina Ávila.
Desde que se inició la causa, Ávila ha sido una de las responsables de que no se pueda avanzar en la investigación de lo que sucedió ese 1° de agosto.
Aunque en una desaparición forzada es el propio Estado el que debe dar cuenta de lo que sucedió con la víctima, el primer informe de la fiscal ya había asegurado que no había pruebas contra Gendarmería y cuestionaba a los testigos de la comunidad mapuche. Casi un mes después, se podría decir que lo que no le faltó fue coherencia. No solo no ha avanzado en profundizar las pruebas que apuntaban a Gendarmería sino que además, junto al juez, le ha dado todas las posibilidades a esa fuerza para ocultar, fraguar, desviar o borrar pruebas.
No ha denunciado la falta de filmaciones justo desde el momento en que los gendarmes atraviesan la tranquera, ni las actas adulteradas, ni ha ahondado en las contradicciones de los efectivos que declararon 40 días después de los hechos. Tampoco ha profundizado los elementos que – aunque sea parcialmente – empezaron a surgir de las pericias telefónicas. No solo de los gendarmes, sino entre los comandantes y el propio viceministro de Seguridad Pablo Noceti. El rol que ha jugado el hombre de Patricia Bullrich antes, durante y después de la represión amerita no solo que sus teléfonos sean incluidos en la investigación, sino también que sea citado a prestar declaración indagatoria.
¿O eso expondría la estrecha relación de Ávila con el Ministerio de Seguridad?
Como señaló la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien fuera abogada de Julio López, “todos los días nos enteramos por los diarios de nuevas pruebas que incriminan a la Gendarmería, pero ella no hace absolutamente nada con eso. Con el material que se extrajo de los celulares de los gendarmes ya tendría que tener imputados en la causa. ¿Por qué no avanza?, ¿también se lo impiden Bullrich y Noceti?”.
La última semana hizo tres nuevos aportes a su cuestionada actuación: participó con el juez Otranto de la invasión-allanamiento que no arrojó resultados; se conoció que junto a Otranto había descartado levantar balas en el rastrillaje del 16/8; rechazó hacer la reconstrucción de los hechos porque habría algunas ramas cortadas en el lugar, por lo que amenazó realizar una denuncia penal…contra las propias víctimas.
Se fue Otranto, pocos conocen a Lleral, pero nadie puede desconocer el rol que ha jugado Ávila en estos casi dos meses. Como lo resumió la abogada de la familia, Verónica Heredia: “Me da la sensación de que es la abogada de Gendarmería, nunca se plantó en el lugar de fiscal”. Ese rol la pone al borde del encubrimiento de un crimen de Estado.
El domingo, un fuerte mensaje
Esta semana puede ser una semana “bisagra” para la causa. Hay quienes esperan que el nuevo juez muestre gestos de que quiere avanzar en la investigación; otros estiman que el cambio dilatará los (ya dilatados) tiempos judiciales.
Más allá de lo que ocurra en los tribunales de Esquel, en pocos días se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería. Como dice su hermano al invitar a la marcha de este domingo a Plaza de Mayo, “la desaparición de Santiago nos involucra a todos, esto no es una cuestión de política partidaria, con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida”.
Una movilización masiva donde confluyan los cientos de miles que desde hace 56 días vienen sosteniendo esta lucha con diversas expresiones y acciones en las calles, las paredes, las aulas y lugares de trabajo, será un enorme mensaje de quienes queremos saber dónde está Santiago y terminar con el encubrimiento y la impunidad.
