El análisis del mapa político nacional muestra que, más allá del color político, todos los gobiernos aplican ajustes sobre el pueblo trabajador. Aquí ofrecemos un paneo.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Martes 12 de abril de 2016
El ajuste no discrimina. Esa podría ser una primera definición. Si uno recorre el mapa político del país, desde el sur hacia el norte, o de este a oeste, encontrará que todos los oficialismos aplican medidas que van desde el recorte salarial, pasan por los despidos y llegan hasta el cierre de dependencias. En estos ajustes, los oficialismos no están solos. En la enorme mayoría de los casos, los partidos patronales de oposición, garantizan el aval a esas medidas.
Se pueden inferir dos cuestiones. La primera es que las diferencias discursivas entre kirchnerismo y macrismo tienen poco sustento en la realidad. Allí donde gobiernan, los mandatarios afines al Frente para la Victoria, o que llegaron impulsados en esas listas, compiten en medidas anti-obreras con los mandatarios que fueron parte de las listas de Cambiemos.
Lo segundo es que, en vista de ello, los trabajadores tienen un enemigo común en gobiernos provinciales y nacionales que, más allá de las ocasionales disputas políticas, comparten un plan de ajuste sobre el pueblo trabajador.
Realicemos entonces un recorrido, lo más breve que nos sea posible, por el arcoíris político provincial que acompaña el ajuste macrista.
Mirando al sur
Empecemos por algún lado. En Tierra del Fuego, desde hace más de 40 días, más de 25 sindicatos resisten el brutal ajuste de la gobernadora Rossana Bertone, que llegó al poder encabezando la lista del Frente para la Victoria. Su victoria fue saludada por Cristina Fernández a la distancia, pero Aníbal Fernández se hizo presente en el festejo.
Bertone nunca esbozó críticas a ese ciclo político, como lo hicieron muchos integrantes del FpV y el peronismo. De hecho, durante las negociaciones con el gobierno nacional por la votación del acuerdo con los fondos buitre, fue de las pocas que reivindicaron las políticas kirchneristas en ese tema.
Su gobierno avanzó en el ajuste muy tempranamente. En los primeros días de enero, con una legislatura vallada por las fuerzas policiales, hizo votar una serie de medidas que atacan fuertemente a los trabajadores estatales y al conjunto del pueblo pobre.
Ese paquete de leyes implica profundas modificaciones contra los trabajadores estatales en primer lugar. La Ley 1.068/16 establece, entre sus puntos nefastos, el aumento de la edad jubilatoria, con 30 años de servicios para todos los trabajadores estatales; una quita del 82% y de la movilidad a jubiladas y jubilados; un aumento de los aportes que realizan los trabajadores activos y el cambio del modo de cálculo para la determinación del haber jubilatorio, cambiando los últimos 24 meses de trabajo por los últimos diez años.
Además Bertone sancionó un nuevo Código Fiscal, creando la Agencia de Recaudación con amplios poderes para, precisamente, recaudar.
Al ajuste se le suma la criminalización de la protesta social. Bertone le dio continuidad a la persecución y procesamiento que sufren trabajadores docentes y camioneros desde el gobierno de Fabiana Ríos.
La Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego, conformada por 25 sindicatos, viene resistiendo el ajuste. Los más de 40 días de acampe son una muestra de la disposición a pelear de los trabajadores.
Hace pocos días se hizo presente en el acampe para llevar su solidaridad el diputado provincial del PTS-Frente de Izquierda en Neuquén, Raúl Godoy. Desde la provincia más austral del país denunció además que, mientras todo esto ocurre, “los legisladores cobran por encima de $100 mil pesos y los jueces casi $200 mil. Ushuaia es una ciudad turística, hay enormes y modernos casinos que recaudan millones de pesos y no pagan ni un centavo de impuestos”.
La tierra de los Kirchner
La provincia gobernada por Alicia Kirchner no se distingue por su celo “anti-ajustador”.
Allí docentes y estatales vienen protagonizando una dura pelea contra los miserables aumentos salariales que propone el gobierno provincial. El fin de semana que pasó, el sindicato docente ADOSAC realizó un congreso donde votó nuevas medidas de lucha.
Así, Santa Cruz vivirá esta semana un paro provincial de 72 horas de los docentes. La medida arrancará el miércoles 13/4 y el paro será con movilizaciones. Pero además, hoy martes, desde las 18 h, marcharán en el quinto aniversario de la golpiza en la localidad de 28 de noviembre, denunciando la impunidad en ese hecho.
El kirchnerismo critica abiertamente la inflación bajo el gobierno de Macri. Pero la gestión provincial de Alicia Kirchner quiere imponer un aumento que significa un 10% al salario básico y $2000 no remunerativos. Es decir, un acuerdo que no compensa para nada la caída salarial de estos meses y valida sumas en negro, perpetuando la precarización.
Pero además, en el marco del ajuste, las diferencias entre Alicia Kirchner y Macri desaparecen porque el Ejecutivo provincial también criminaliza la protesta social, aplicando el Protocolo “antipiquetes” que propone el macrismo. A pesar de no haberlo firmado cuando Patricia Bullrich lo presentó, hace pocos días cientos de gendarmes desalojaron a trabajadores de la UOCRA que se manifestaban en las rutas de Caleta Olivia.
Este lunes, el gobierno provincial volvió a demostrar su vocación ajustadora. Ofreció a los estatales la propuesta de un 10% de aumento con una cifra no remunerativa de apenas $1250, menor incluso que la propuesta a los docentes.
El clan Zamora
Santiago del Estero tiene los rasgos de esos regímenes provinciales que han sido llamados “feudales”. Bajo la gobernación de Claudia Ledesma Abdala de Zamora -cuyo esposo Gerardo Zamora fue el anterior gobernador- el poder político provincial funciona de manera completamente autoritaria.
Ambos, Abdala y Zamora, se identificaron por años con el kirchnerismo. Incluso ahora, según informa el Diario De Santiago “militantes del zamorismo y organizaciones sociales k, viajaran a la Ciudad de Buenos Aires para apoyar a la ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner”.
También este gobierno es responsable de un ataque abierto sobre la condiciones de vida de los trabajadores. Son los docentes quienes vienen enfrentando a un gobierno que los mantiene en la precariedad, pagando más del 70% de su salario en negro.
Esta lucha implica un paro por tiempo indeterminado y movilizaciones en las que han sufrido la represión y el hostigamiento policial. Esa pelea tiene, además, que sufrir el constante boicot de los medios afines al gobierno provincial. Muchos de ellos, recién ayer lunes, después de un mes de lucha, mencionaron a CISADEMS, el gremio docente que nuclea a los sectores combativos de los trabajadores de la educación.
Es preciso recordar que el salario en blanco de un docente en esa provincia, no alcanza los $3000, incluso después del aumento impuesto por el gobierno provincial.
Esta pelea recibió hace pocos días el apoyo de Laura Vilches, legisladora provincial del PTS-Frente de Izquierda, que con su visita aportó a romper el cerco mediático existente.
El cinismo de María Eugenia Vidal
Ayer se conoció la información de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires gastará $660.000 en “embellecer” una residencia para que viva la actual gobernadora. La realidad quiso que también se conociera la noticia de la muerte de una auxiliar docente que, según se informó, había recibido un descuento casi total de su salario. Esto le habría ocasionado un infarto. El descuento se lo hizo el gobierno de Vidal.
En la provincia más importante del país, como se informó en este diario, hay un plan de guerra llevado adelante por Cambiemos contra los estatales de la provincia. Plan que implica una batería de leyes y decretos que le otorgan completa arbitrariedad al Estado en materia presupuestaria y de organización de las dependencias, abriendo el camino a la posibilidad de despedir, poner en disponibilidad a todo el personal, abrir el camino de las jubilaciones anticipadas y los retiros voluntarios, entre otras cosas.
Pero además, el gobierno de Vidal avanzó en poner un techo a los salarios, con la firma de un acuerdo salarial a la baja, estableciendo un 15 % de aumento en tres veces, por 6 meses. Un monto que ya fue enterrado bajo el peso de la inflación. Para eso contó con la ayuda indisimulable de un gremio, hasta ayer nomás, ultra-kirchnerista como UPCN.
Los descuentos brutales a los auxiliares, nucleados en gran parte en SOEME y ATE, son parte de este plan de guerra. Tan anti-obrera es la medida que una cautelar de un juez de La Plata consideró que “supera todo límite de legalidad y razonabilidad”, dado que “el carácter alimentario del salario impide que los descuentos y retenciones superen el 20% del haber”.
Pero estos avances de Cambiemos serían imposibles sin la “herencia” de los miles de trabajadores precarios que dejó el gobierno de Scioli y el FpV, luego de más de 8 años de gobierno.
Llegando a Cuyo
El gobierno de Alfredo Cornejo es, esencialmente, el gobierno de la UCR apoyada por el PRO. Sin embargo, como ocurre con mandatarios y mandatarias kirchneristas y macristas, ha lanzado un ajuste abierto sobre los trabajadores estatales y los docentes.
Así, recientemente apeló a un decreto para establecer el ítem aula, un mecanismo que implica un fuerte recorte al salario de los docentes. Ese decreto fue refrendado por la legislatura provincial, pero al costo de una fuerte crisis, que ponía de manifiesto la enorme disconformidad social con la medida.
Ese descontento se vio nuevamente el pasado lunes 4 de abril. Cuando se cumplían 44 años del Mendozazo, la provincia fue sacudida por una gran jornada de lucha, en el marco del paro nacional de los docentes y de medidas provinciales de los estatales. Más de 30 gremios fueron parte de la convocatoria a esta jornada.
Cornejo había demostrado, a los pocos días de haber asumido, su vocación de ajuste. El 24 de diciembre de 2015 decidió dar de baja a más de mil contratos de planes educativos nacionales socioculturales de CAJ (Centro de Actividades Juveniles) y CAI (Centro de Actividades Infantiles), los cuales existían desde 2006 y 2012 respectivamente. Los despidos se hicieron efectivos el 31 de diciembre del año pasado.
Esta política ha sido ratificada por Macri desde el Poder Ejecutivo nacional, enviando fondos constantemente a la provincia para garantizar la gestión de Cornejo.
El país de los ajustadores
Los ejemplos señalados sirven solo como botones de muestra del acuerdo existente entre las diversas fuerzas políticas patronales para aplicar un ajuste sobre los trabajadores y el pueblo pobre.
Al macrismo y al Frente para la Victoria se suman el falso socialismo de Lifschitz en Santa Fe, el gobierno de Schiaretti-De la Sota –un aliado de Sergio Massa- y el puntano Rodríguez Saá. Todos han aplicado despidos, impuesto techos salariales y cerrado dependencias.
En el Congreso Nacional, los senadores del FpV fueron quienes garantizaron la aprobación del acuerdo con los fondos buitre firmado por el macrismo. Los diputados de esa fuerza, a pesar de sus fuertes críticas, se niegan a romper ese espacio.
Los dirigentes sindicales que fueron parte esencial de la coalición kirchneristas -como la UOM y UPCN por citar ejemplos- critican el ajuste pero no toman una sola medida que vaya en contra del mismo. Muy por el contrario, en el caso de UPCN, aparece permitiendo los despidos y garantizando los techos salariales.
La realidad política en curso vuelve a demostrar el acierto del llamado a votar en blanco hecho por el Frente de Izquierda en las pasadas elecciones del 22 de noviembre, señalando la inexistencia de diferencias fundamentales entre las opciones políticas que se presentaban.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
