Según admitió el ministro Andrés Ibarra, el Gobierno elaboró un documento con un plan para “adecuar” la planta estatal. Nueva ola de despidos en el Estado para fin de año.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Viernes 9 de septiembre de 2016
"Programa de Análisis de Dotación del Personal" es el título del documento que el Ministerio de Modernización dirigido por Andrés Ibarra, envió a todos los ministerios y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo.
Con ese nombre de carácter técnico, fiel al estilo de Cambiemos, el Gobierno esconde nada más y nada menos que una nueva ola de despidos en el Estado. Se viene la “tercera modernización”, con el viejo argumento de la presencia de “ñoquis” y “personal excedente” en la planta estatal como pretexto.
“El plan”, según lo definió Ibarra, está previsto para fin de año y pone “bajo análisis” a 114.962 puestos de trabajo. La cifra representa el 53,9% del total de empleados públicos (exceptuando el personal de seguridad) de los cuales 78.533 se encuentran en planta permanente y 36.409 son contratados.
“En los últimos años tuvimos un crecimiento del Estado de un 64% aproximadamente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Atacar el verdadero problema de las personas que no venían o no trabajaban. Terminado ese proceso, tenemos la obligación de ver con lo que hay, que el Estado funcione. Porque la verdad, es que no funciona o funciona mal", afirmó el ministro en declaraciones a La Nación y enfatizó: “Vamos a ser implacables con los que no trabajan”
El objetivo sería, según el documento, “producir una adecuación entre los organismos públicos y los aspectos cualitativos y cuantitativos del personal”.
Para esto, Modernización elaboró una especie de instructivo que cada ministerio debería seguir para extraer la información necesaria y llevar adelante la tan mentada “optimización”. La idea es alcanzar la “dotación óptima” o “la cantidad de recursos humanos para hacer frente a los volúmenes de trabajo de cada uno de los organismos”.
Según afirmaron desde Modernización a Página/12, no habrá un nuevo decreto como el 254/15, que habilitó la primera “revisión” en diciembre. “De haber nuevos despidos, correrá por cuenta de cada ministerio”. Claramente el Gobierno nacional intenta separarse de la nueva sangría que se proponer llevar adelante en el Estado. Los despidos serían resultado del análisis radiográfico de las necesidades y objetivos de cada una de las dependencias.
Detalles del plan antiobrero
Si bien el ministro Ibarra aseguró que la idea no es avanzar en más despidos, el documento abunda en eufemismos y mecanismos retorcidos para efectivamente, reducir la planta de personal del Estado.
En un apartado titulado “Mecanismos de adecuación”, el documento blanquea la intención de “ofrecer” retiros voluntarios a trabajadores de planta y contratados. El objetivo es “identificar las dotaciones de empleados “jubilables” y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario. De acuerdo a la Ley de empleo público el Gobierno está habilitado para avanzar en al menos 21 mil jubilaciones.
El texto también habla de “revisión de los sistemas de contratación” y de “movilización transversal”, lo cual implica el traspaso de trabajadores entre distintas dependencias y la reasignación de funciones.
El plan prevé, por supuesto, la no renovación de contratos. Desde el ministerio también aseguran que hacia fin de año incorporarán a planta permanente a 2500 personas que lleven más de diez años trabajando en el Estado. ¿Reivindicación justa no?, sin embargo, el Gobierno no se priva de insultar cada vez más burdamente a los trabajadores. Para poder pasar a planta después de diez años de trabajo en su puesto, deberán rendir un examen para determinar si son “idóneos”. La herencia kirchnerista dejó alrededor de 13.000 personas con más de diez años de antigüedad que no integran la planta permanente, en una situación de total precariedad. Esto, más que una pesada herencia, constituye un elemento que permite al actual oficialismo “desvincular” con mayor facilidad a los trabajadores.
Otro aspecto en el que se propone avanzar el texto es el combate al ausentismo. El Gobierno intentará instalar un sistema de medición del presentismo mediante datos biométricos.
El documento girado a los 20 ministerios, también proporciona una encuesta que debe ser respondida por los trabajadores. Allí deben detallar información sobre su vida personal como estado civil, su formación académica, sus actuales tareas, la cantidad de horas de trabajo, etc. Según trascendió el Gobierno involucraría a consultoras privadas para efectuar este relevamiento, aunque en algunas dependencias donde ya se está llevando a cabo, la tarea recayó sobre los propios trabajadores estatales.
Broche de oro
Esta tercera etapa de la “modernización del Estado”, sería el broche de oro con el que Cambiemos se propone cerrar el año. La lluvia de inversiones parece no llegar nunca, pero la ola de despidos se reeditará por tercera vez. Los más de 100.000 puestos bajo análisis podrían sumarse a los 10.662 puestos de trabajo perdidos durante las primeras etapas de la modernización, iniciada en diciembre de 2015. De este proceso se desprende la realidad de muchos de los trabajadores “analizados” actualmente, quienes no cuentan con tareas concretas para desempeñarse, producto del cierre de las áreas de gobierno en las que trabajaban.
Los nuevos líderes de la CGT siguen amenazando con que quizás, algún día, llamarán a un paro general. Por su parte las direcciones de ambas CTA también deslizaron su intención de confluir con la CGT recientemente unificada en una medida contundente. Sin embargo, más allá de las declaraciones de intenciones y las amenazas, las cúpulas sindicales de todos los colores sostienen la tregua con el Gobierno.
UPCN, gremio que hasta hace poco representara a la mayoría de los estatales, sostiene su rol traidor y da la espalda a los trabajadores. Su secretario general Andrés Rodríguez, ya adelantó que el paro nacional no está en el horizonte. ATE convoca a un paro para el 29 de septiembre, pero como se ha señalado desde el PTS en el Frente de Izquierda desde que asumió Cambiemos, no propone plan de lucha serio para ponerse a la altura de las circunstancias.
Ante estas intenciones confesas por parte de Ibarra, se recrudece la necesidad de romper la tregua para poner un freno a los planes que el Gobierno se propone llevar adelante.
