Con el aval del massismo logró la aprobación en general. Pero, cuando empezaron a discutirse los artículos en particular, Elisa Carrió tuvo que postergar el debate por la falta de acuerdo.
Jueves 29 de junio de 2017 07:57
Este miércoles, en una sesión convocada por Cambiemos, el oficialismo no consiguió aprobar la ley de Responsabilidad penal empresaria, cuyo objetivo inmediato es lograr un acuerdo de “confesión” con los ejecutivos de Odebrecht, por la vía administrativa esquivando a la Procuración General de la Nación.
El fundamento demagógico general sostiene que esta norma permitirá aumentar las multas y penalizar a las empresas que formen parte de entramados de corrupción con el Estado. Pero el objetivo real es negociar con los ejecutivos de la empresa para acusar a los corruptos ajenos y encubrir a los propios.
Luego de una serie de idas y vueltas, con el aval del bloque de Sergio Massa, la sesión pudo iniciarse por haber logrado el quórum. En la misma sobraron los reproches y las críticas cruzadas. Sin embargo, también gracia al aval del massismo, el proyecto puedo ser aprobado en general.
Sin embargo, cuando comenzaba la discusión de los artículos en particular, quedo en evidencia que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para avanzar. De hecho, el primer artículo de la ley fue votado en contra. En ese marco, Elisa Carrió pidió postergar el debate para la semana próxima, algo que fue aceptado por los distintos bloques.
El Gobierno aspiraba a aprobar la normativa que permite a empresarios confesar hechos ilícitos por vía administrativa y ante el Procurador general del Tesoro de la Nación. En la actualidad ese cargo lo ocupa el ex abogado del Grupo Macri, Bernardo Saravia Frías.
De esta manera se busca abrir una vía alternativa para lograr la “delación” e impedir que el procedimiento siga en manos de Alejandra Gils Carbó, la funcionaria ligada al kirchnerismo que ocupa la Procuración General de la Nación.
Con la aprobación de la ley, el oficialismo buscaba una habilitación para obtener información sobre los 35 millones de dólares de coimas que los empresarios brasileños confesaron haber pagado en Argentina. Esa información está en la justicia Brasil, a la que sólo podría acceder la procuradora Gils Carbó.
Ayer se conoció que, por orden de Laura Alonso –titular de la Oficina Anticorrupción- y el ministro de Justicia Germán Garavano, los diputados de Cambiemos incorporaron el artículo 37 a la ley para permitía que los empresarios, para causas pasadas, confiesen ilícitos para reducir condenas ante el procurador de Macri. Una especie de “delación premiada” como la que existe en Brasil. Esto favorece claramente a Odebrecht ya que los pagos admitidos ocurrieron entre 2007 y 2015.
En el proyecto también se diferenció entre coimas pagadas por directivos y empleados de las empresas, al tiempo que se permite que las empresas continúen con las licitaciones, pese a haber confesado coimas. Eventualmente, cortar algunas cabezas para salvar al negocio de conjunto.
El rechazo del peronismo y del kirchnerismo a esta ley no es inocente. Pretende mantener las cosas como están, para que la investigación siga en manos de Alejandra Gils Carbó, vinculada políticamente a ese espacio. La pelea es por ver quien se queda con el “monopolio” de la investigación, con la intención de juzgar a los corruptos del otro bando y encubrir a los propios.
Los representantes del Frente de Izquierda rechazaron este proyecto pensado como una maniobra para seguir encubriendo a corrutos y corruptores. La diputada del PTS en el Frente de Izquierda aseguró que no va a apoyar un proyecto que llama a “confiar en las mismas empresas que cometen los delitos de corrupción”.
