El Gobierno nacional sube la apuesta de Gerardo Morales y quiere arancelar la atención médica de los extranjeros que usen salud pública en todo el país.
Pablo Minini @MininiPablo
Viernes 2 de marzo de 2018
La semana pasada Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, anunció que va a presentar un proyecto en la legislatura provincial para que la provincia cobre la atención médica a los extranjeros que usen cualquier instancia de salud pública. El anuncio vino luego de que Evo Morales anunciara, por su parte, que Bolivia no está en condiciones de suscribir a convenios de reciprocidad. Es decir, no está en condiciones de no cobrar a los argentinos que se atiendan en su país.
Lo de Gerardo Morales podría haber quedado en una respuesta infantil, del estilo “te pago con la misma moneda”. Pero, ni lerdo ni perezoso, Marcos Peña respaldó la apuesta del jujeño. Y no sólo eso: planteó que esa medida debería tratarse en el Congreso y extenderse a todo el país. Lo dijo en una conferencia de prensa, sentado a la mesa con Morales, Urtubey, el ex radical k Zamora, y el ex ministro de salud de CFK, Manzur, actual gobernador de Tucumán y gran aliado del macrismo a nivel parlamentario.
Luis Petri, diputado radical, sin perder tiempo, presentó un proyecto de ley que contemple "un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud". Y fue más allá, agregando un ítem: "la educación universitaria".
Para no quedarse atrás, Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación, declaró a los medios que “la salud no es gratuita: alguien la paga”. Y para que no quedaran dudas sobre su apoyo a la medida, aclaró: “Como dicen los americanos: no hay almuerzo gratis”.
Dos niveles de análisis
El primero: la clara xenofobia que implica cobrar por la atención a los extranjeros que se atiendan en el país. ¿Por qué xenofobia? Porque los argumentos que se dan para apoyar la medida es la crisis del sistema de salud, el desfinanciamiento, la falta de recursos. El gobierno y sus adalides buscan echar la culpa a los extranjeros de que no haya plata para hospitales y centros de atención primaria y que, por lo tanto, los nativos argentinos tengan una salud pública peor.
El gobierno oculta que en 2017 recortó 2.000 millones de pesos del Programa de Atención a la madre y al niño, 200 millones a atención en el territorio, la baja en distintas jurisdicciones del Programa Médicos Comunitarios, sin contar con los 122 despidos del Hospital Posadas. En resumen, el 2017 vio una rebaja del presupuesto para salud de un 12,2 %. Y eso fue llevado adelante por el gobierno nacional.
Por otro lado, se condena al migrante como chivo expiatorio. Cuando los inmigrantes representan sólo el 4,6 % de la población total. De ese porcentaje, ya bajo de por sí, según la Encuesta de Protección y Seguridad Social, solo el 4 % de los inmigrantes se atendieron en el último año en hospitales públicos y en centros de atención primaria de la salud.
Los inmigrantes representan sólo el 4,6% de la población total de la Argentina, y de esos, solo el 4% se atendieron el último año en hospitales públicos y centros de atención primaria de salud.
Con estos datos en mano, ¿quién puede pensar que los migrantes son realmente causantes del descalabro en salud pública? Parece más bien que el gobierno de los empresarios quiere imponer la idea patriota de que los “otros” son los causantes de todos los males económicos.
De esa forma, por un lado, busca envenenar la conciencia de los trabajadores recurriendo al más burdo y reaccionario sentido común. Por el otro, desvía la atención de los verdaderos causantes de la crisis de salud pública: los empresarios en general y los del sector de salud en particular.
En esto siguen una lógica sostenida: todo se paga. Claro, que los que pagan son los trabajadores y el pueblo empobrecido. Porque la libertad de movimiento por el planeta es sólo para la burguesía; los pobres migran buscando mejores condiciones de vida y trabajo, obligados por el capital. ¿Quién puede culpar a un padre boliviano o una madre peruana por querer que su hijo se atienda en un lugar de calidad, pero que no tiene dinero para hacerlo? ¿Quién, con un mínimo de sensibilidad, puede juzgar a un trabajador colombiano o paraguayo por venir a Argentina buscando un mejor trabajo que en su país de origen? La respuesta a ambas preguntas es: el gobierno de Cambiemos y sus funcionarios.
Buenos alumnos de Estados Unidos
Pero retomemos un segundo nivel de análisis. No por casualidad Rubinstein pretende la humorada de la frase hecha norteamericana: no hay almuerzo gratis.
En Estados Unidos el sistema de salud es marcadamente desigual. Hay una salud para ricos y hay planes para pobres: el Medicare (para mayores de 65 años y discapacitados), y el Medicaid (para personas y familias pobres). Esto que parece un sistema de cobertura integral es en realidad un brutal sistema de seguros, copagos y primas: no están cubiertos todos los medicamentos ni todas las prácticas. Que dentro de la lógica mercantil no son actos de salud sino “prestaciones”, y como tales, tienen que pagarse. Claro que cada Estado define qué cubre por entero y qué debe pagar cada cual de su bolsillo. Ese modelo es el que quiere implementar Cambiemos en Argentina. Aunque debemos retrotraernos unos años para saber de dónde viene.
Más precisamente al 2004, año en que se implementara el Plan Federal de Salud, el entonces ministro de salud Ginés González García, hoy dueño de una empresa privada de educación de médicos (Universidad ISalud). Este plan federal tuvo como objetivo explícito mejorar el acceso a la salud pública de los sectores más vulnerables. Lo oculto en todo el proceso es que para llevar adelante los dos programas estrella (el Plan Nacer y el Programa SUMAR), el Estado contrajo una deuda con el Banco Mundial por 850 millones de dólares.
Esto implicó un “un modelo de financiamiento basado en resultados por el cuál la Nación transfiere recursos a las provincias en función de la inscripción y nominalización de la población objetivo, y a partir de los resultados de cobertura efectiva y la calidad de atención brindada por los establecimientos públicos que integran los sistemas provinciales de salud”, según anunció el sitio de la Casa Rosada… el 19 de octubre de 2012.
Más claro: Nación recibe el préstamo del Banco Mundial y luego transfiere en función de las prestaciones efectivamente realizadas y la calidad de la atención. Traducido: criterios mercantiles para la salud pública. Insólito que sea vendida como “nacional y popular” una medida que en la práctica concreta lo único que logró fue mantener servicios pauperizados, con profesionales precarizados que cobraban un extra (no remunerativo, claro está) si atendían niños o embarazadas, cosa que ya debería hacerse porque el acceso a la salud es universal.
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Pero, dicho sea de paso, la página del Ministerio de Salud ya hablaba en 2012 de cobertura universal de salud, en minúsculas, claro, sin levantar mucho polvo. Porque hubo que esperar a 2014 y la reunión del Consejo de la OMS para que el entonces ministro de salud Manzur (sí, el mismo que dio la conferencia junto a Marcos Peña), suscribiera en nombre de todos los argentinos a la Cobertura Universal de Salud, ahora sí, en mayúsculas.
El decreto 908/2016 firmado por Mauricio Macri sólo puso en letra de molde lo que se preparó durante años: un sistema de copagos y seguros. Del Fondo Solidario de Redistribución, Cambiemos dio 8000 millones de pesos para distribuir entre 15 millones de personas que no tienen cobertura de obra social ni medicina prepaga.
Parece mucho, pero haciendo cuentas vemos que a cada persona se le destinan 44 pesos por mes para atenderse. Pasado ese límite, debe comenzar a pagar las prestaciones. Por ejemplo, la primera tableta de ibuprofeno cualquiera puede tenerla sin pagar en el hospital, pero mejor curarse pronto, pues a partir de la segunda ya habría que desembolsar del propio bolsillo. Con las prácticas (radiografías, ecografías, etc), pasa exactamente lo mismo. Y por supuesto que no hay dinero para inversiones, sino que en tanto el hospital público no pueda cubrir la atención, el paciente deberá acudir a una empresa privada. Si bien no ha comenzado la implementación en pleno de la CUS, sólo el repudio del sector puede frenar definitivamente esta obscena privatización de la salud pública en beneficio de los empresarios del sector.
La xenofobia explícita de Cambiemos es la cáscara y la fachada burda y reaccionaria que pretende culpar a los trabajadores extranjeros por los males y la crisis que los mismos empresarios fomentan. Aunque el proyecto de Petri encontraba ya rechazos dentro del mismo radicalismo -y eso podría hacerlo caer- pinta de cuerpo entero la política del oficialismo.
No caer en el juego del odio a otros trabajadores es el primer paso; luego viene unirse para enfrentar a los que solo quieren aumentar sus ganancias.
