El pasado 9 de enero, el Gobierno declaró mediante el decreto 5/2018 al presente año como el “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.
Sábado 20 de enero de 2018 23:18
El pasado 9 de enero, el Gobierno declaró mediante el decreto 5/2018 al presente año como el “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.
Al inicio de cada año se resalta algún hito preponderante y así esta leyenda se anexa a toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, así como en los entes dependientes de ésta.
Como el 2017 fue “el año de las energías renovables”, en el actual se recuerda al centenario de la reforma Universitaria de 1918.
En este caso, el título no es un mero homenaje, sino que, como figura en el DNU, se va buscar "evocar, analizar y actualizar el legado de esta gesta" en las casas de altos estudios del país.
Nada más contradictorio a las políticas educativas a todo nivel que se vienen sucediendo tales como el cierre de carreras, la precarización de los trabajadores de la educación y la clausura de terciarios de formación docente. Todo dado en el marco de la nefasta contrarreforma educativa que intenta imponer el Gobierno a partir del 2018.
Estas medidas no solo atentan contra la educación pública, sino que son parte de un plan económico del gobierno de Mauricio Macri. Compuesto por un intento de implementación de una reforma laboral (que ataca los derechos laborales y la organización de los trabajadores), la persecución e intervención en los sindicatos y los sucesos de la policía entrando a los colegios frente a la organización de los secundarios.
Te puede interesar: Paritaria nacional: Macri descarga nuevos ataques sobre los docentes
Esta semana anticipándose a la negociación salarial con los docentes, el Gobierno decidió mediante el decreto 52/2018 poner fin al salario mínimo nacional docente y desarticular la próxima paritaria. Además de doblegar al gremio de mayor representación, Ctera, eliminando la participación proporcional en la mesa de negociación.
El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro con total ignorancia y desconocimiento sostuvo que la paritaria nacional docente “nunca existió” y, admitiendo que el decreto del Ejecutivo limita a los sindicatos su facultad legal de negociar aumentos argumentó “tenemos que poner las cosas en su lugar y con los gremios hablar de cuestiones estrictamente gremiales como la capacitación y el régimen de vacantes”.
Pero los ataques hacia el sector de la educación pública y sobre todo a los trabajadores de la educación no es nuevo.
Te puede interesar: La contrarreforma laboral en educación se llama Plan Maestro
Repasemos:
En el marco de la Marcha Federal Docente, Macri junto al entonces Ministro de Educación Esteban Bullrich brindó una conferencia de prensa donde sinceró su concepción sobre la educación libre y gratuita al remarcar “una terrible inequidad, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”.
Te puede interesar: La “revolución educativa” de Macri y la “herencia” kirchnerista
Capítulo aparte para María Eugenia Vidal. La gobernadora no dudó en atacar sistemáticamente a los docentes:
A principios del 2017 y luego del mezquino ofrecimiento de aumento salarial de la Provincia de un 18 %, los docentes bonaerenses decidieron parar. Argumentando que la propuesta no contemplaba la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante 2016.
El conflicto se extendió durante un mes y medio.
Vidal por su parte manifestó a su equipo de gabinete que “ningún maestrito nos va a torcer el brazo”.
Ya en marzo del año pasado y ante la ejemplar resistencia de los docentes a rechazar las migajas que ofrecía el Gobierno provincial, desde el Espacio Clarín, la gobernadora convocó a los supuestos 60 mil voluntarios que se ofrecieron a reemplazar a los docentes ante el paro. Luego, abrió un registro público para quienes querían inscribirse, utilizando para ello la página oficial de la Dirección General de Cultura y Educación.
La campaña #VoluntarioDocenteNoAlParo la inició Mariano Bronenberg, un oficial de Inteligencia del Ejército e integrante del Batallón 601, unidad que funcionó en la última dictadura.
Luego Vidal reconoció que los "voluntarios" eran en realidad "sesenta mil tuits", y que van a "evaluar caso por caso", y a ponerse "en contacto con ellos".
En abril se desató una dura represión contra los docentes cuando intentaban realizar una manifestación en el Congreso de la Nación.
Los manifestantes procuraban instalar una Escuela itinerante y fue en ese momento cuando las fuerzas policiales iniciaron la ofensiva utilizando gas pimienta.
La represión (cuya orden fue emitida por la Presidencia de la Nación) implicó la detención de cuatros docentes. Más tarde, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado donde justificó la represión y acusó a los manifestantes de "hurto", entre otras cosas.
Nada cambió en el 2018 ya que, en el marco del feroz ajuste a la caja de los jubilados y otras áreas sensibles del Estado, la gobernadora bonaerense firmó el despido de miles de docentes suplentes y provisionales que accedieron a su cargo con título habilitante en trámite o a punto de conseguirlo.
Con el cinismo y la hipocresía que caracteriza a los funcionarios de Cambiemos, en las argumentaciones del decreto se puede leer que “la presente norma tiene el propósito de acompañar el objetivo de evocar, analizar y actualizar el legado de esta gesta protagonizada por los estudiantes universitarios en el año 1918”.
Una gesta que cabe repasar y tomar como ejemplo para enfrentar los embates que se vienen sucediendo contra la educación pública en su totalidad.
Cuesta creer que los ideólogos de este “homenaje” conozcan realmente lo que significó la Reforma Universitaria de 1918. Un triunfo que se logró gracias a numerosas movilizaciones estudiantiles, marchas a las cuales se sumó el pueblo cordobés en general y sobre todo el movimiento obrero. Medidas de fuerza y tomas de la Universidad por parte de los estudiantes que fueron reprimidos y en gran número detenidos por las fuerzas de seguridad.
¿Qué fue la reforma universitaria?
Corría el año 1917, y con la asunción de Hipólito Yrigoyen (mediante la ley Saenz Peña) se ponía fin a una época de gobiernos directos de la oligarquía agroexportadora. Se terminaba así el periodo conocido como la “República conservadora”.
Hasta ese momento el acceso a la universidad era exclusivo de los hijos de las familias patricias. Las entidades educativas funcionaban como un instrumento esencial de control ideológico, formadoras de los futuros dirigentes de un país al cual consideraban su propiedad privada.
La llegada al poder del radicalismo significó un giro esperanzador en la clase media que veía ahora la oportunidad de conquistar ciertos ámbitos que hasta el momento eran de privilegio.
Uno de esos ámbitos era el universitario. Hasta ese momento existían solamente tres universidades en el país (Buenos Aires, Córdoba y La Plata) y la cantidad total de alumnos no llegaba a catorce mil.
Envalentonados con el contexto político los estudiantes comenzaron a cuestionar el obsoleto y reaccionario sistema universitario. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba era tan fuerte la influencia clerical que los egresados al recibirse, más allá de su credo debían jurar obligatoriamente por los santos evangelios.
Ante estos cuestionamientos, las autoridades de la Universidad de Córdoba decidieron modificar el régimen de asistencia a clase y cerrar el internado del Hospital de Clínicas.
Esto llevó a la movilización de los estudiantes que crearon un “Comité pro Reforma” integrado por ocho delegados de las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería.
El 31 de marzo de 1918 tuvo lugar la primera huelga estudiantil.
El 2 de abril el Consejo Superior decidió clausurar la Universidad por lo que El comité estudiantil redactó un memorial con sus reclamos y se lo envió al ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, José S. Salinas: “No sólo es el régimen orgánico de los estudios superiores que precisa modificase: es urgente la renovación del profesorado, en forma que asegure la competencia de los docentes designados; es indispensable la reforma de los planes de estudio para modernizar y mejorar la enseñanza, y queremos, por fin, los estudiantes, otra organización disciplinaria, menos meticulosa, más sincera y más útil. Todo ello, a nuestro juicio, si no es secundario, tiene como base la reforma de la constitución universitaria, que, entregando hasta la fecha, a unos pocos el gobierno de la casa, mediante las academias vitalicias, ha substraído la universidad a las innovaciones que su propio progreso necesita”.
En los meses subsiguientes mediante una votación fraudulenta (ya se había logrado la instancia del voto para elegir al rector) se impuso el conservador Antonio Nores para ocupar dicho cargo.
Esto motivó una movilización el 23 de junio a la cual además de los estudiantes de la recientemente creada FUC (Federación Universitaria de Córdoba) se sumaron organizaciones políticas y miles de obreros.
El 21 de junio los reformistas dieron a conocer el denominado “Manifiesto Liminar”, redactado por Deodoro Roca, figura del movimiento reformista, y dirigido a "los hombres libres de América del Sur”.
El texto constituyó la base de la reforma universitaria denunciando la “antigua y anacrónica estructura”.
Este documento histórico realzaba en uno de sus pasajes: “Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes”.
El contagio de las luchas estudiantiles y populares había llegado a Buenos Aires y los intelectuales porteños como Homero Manzi, José Ingenieros, Juan Bautista Justo y Mario Bravo entre otros se adhirieron rápidamente a las mismas. Fue justamente en una movilización encabezada por Mario Bravo el 30 de junio donde la Policía reprimió ferozmente deteniendo a cientos de manifestantes.
La permanente movilización estudiantil dio sus frutos y el 7 de agosto el reaccionario rector Nores presentó su renuncia. Yrigoyen decidió enviar un nuevo interventor.
La demora en la llegada del mismo impacientó a los estudiantes que el 9 de septiembre decidieron tomar la Universidad dando por terminada la huelga e intentando implementar una experiencia de autogestión y amplitud de la casa de altos estudios hacia el pueblo en general.
Este intento quedó trunco ya que un contingente de más de cien policías irrumpió y detuvo a los ocupantes.
Finalmente, el interventor que había sido nombrado por Yrigoyen viajó a Córdoba, asumió su cargo y llevo adelante la tarea de reapertura del Hospital de Clínicas haciendo caso a las demandas de los reformistas.
Con el aval de la FUC fue elegido como rector Eliseo Soaje quien renovó los programas de estudio, posibilitó la apertura de la universidad a un mayor número de estudiantes, promovió la participación de estos en la dirección de las universidades e impulsó un acercamiento de las casas de estudios a los problemas del país. Implantó el cogobierno de la universidad por graduados, docentes y estudiantes; la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.
