Marcela Cubillos despide a José Palma Vega (UDI), director de la División de Educación General, y pone en su lugar a Raimundo Larraín, quien sin más ni menos resultaría ser el hijo de Carlos Larraín.
Sábado 2 de febrero de 2019
El pasado 10 de enero, fue removido de su cargo José Palma Vega, quien se desempeñaba como jefe de la Dirección de Educación General (DEG) del MINEDUC, decisión tomada por Marcela Cubillos, Ministra de Educación, la cual nombró en dicho cargo al hijo de Carlos Larraín (RN), Raimundo Larraín Hurtado, quien ya había sido nombrado anteriormente bajo la administración del cuestionado ex ministro de educación -Gerardo Varela- como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Parvularia, y posteriormente fue ascendido a jefe de gabinete del Ministerio de Educación, siendo en ese entonces recién egresado como profesor de educación media con mención en Biología.
El día 4 de enero, Raúl Figueroa -Subsecretario de Educación- firmó un documento en el cual se concreta la reorganización dentro de la DEG, por su parte las y los trabajadores de dicho ministerio señalan estar en descontento respecto a este cambio realizado por la ministra Cubillos, ya que el cambio de dirección de Palma a Larraín “no es justificado” puesto que el actual titular no cuenta con la suficiente experiencia académica ni laboral para hacerse cargo de un puesto como este. Además, las y los funcionarios/as señalan que la destitución de Palma del directorio fue, debido a las molestias que le generaron a Cubillos, el protagonismo que este tenía ante la prensa.
Discurso vs realidad: La hipocresía de la derecha
La actual ministra de educación se encuentra sumamente cuestionada, no solamente por sus dichos violentos en contra del derecho al aborto, o el divorcio, si no también por las polémicas declaraciones respecto al “mérito” y los despidos masivos que ejerció arbitrariamente dentro del Ministerio de Educación.
Hace pocos días, la derecha intentó recomponerse dentro de la agenda política, imponiendo su proyecto estrella, la Ley de Admisión Justa, donde en el discurso oficial estarían “premiando” la meritocracia y el esfuerzo individual para finalmente reponer la selección dentro de las y los estudiantes secundarios, justificando la estandarización y la competencia entre ellos mismos. Mientras que lo que realmente buscan es garantizar que continúe la brecha social estructural dentro de la sociedad, donde existe educación para ricos y otra para pobres. Es por eso por lo que la “meritocracia” a la derecha solo le queda en el discurso, ya que mientras impulsan este demagogo proyecto de ley, por dentro continúan dirigiendo los organismos estatales bajo los personeros de su misma clase social, como es el caso de los Larraín quienes han sido históricamente defensores de la herencia de la dictadura y las ganancias empresariales que les generan sus inversiones en todas las ramas de la sociedad.
Ante esta situación, es necesario que este 2019 el debate lo retome las calles con el movimiento estudiantil en conjunto con las y los trabajadores de la educación a la cabeza, imponiendo un financiamiento integral de las universidades, garantizando el 100% de acceso a la educación pública.
