El ’sueño de la casa propia’ en un país donde todos los derechos esenciales se encuentran privatizados y convertidos en grandes negocios, es una frustrante ilusión para miles de habitantes. En 2017 más de 40.000 familias vivían en campamentos.
Jueves 28 de marzo de 2019
El Chile capitalista de las dos caras. Mientras grandes empresarios- el propio presidente Piñera- tienen patrimonios millonarios y expulsan a personas "de sus lagos y terrenos", y el 1% de la población tiene riquezas equivalentes al 30% del PIB del país; más de 40.000 familias viven en campamentos, es decir, la misma cantidad que en 1985, en plena dictadura e impulso del modelo neoliberal.
Según Techo Chile en 2017 los campamentos en el país llegaban a los 702 y las familias a 40.541. La región con mayor cantidad de familias viviendo en esta situación es Valparaíso con 10.072, seguida por Bío Bío con 7.484 y Antofagasta con 6.771. La Metropolitana alcanza las 4.337.
Le siguen otras regiones como Tarapacá 3.164, Atacama con 3.097 y Los Lagos con 2.444 familias viviendo en campamentos.
Respecto a condiciones de vida, Techo Chile afirma que el "Promedio nacional de distancias a servicios", en el caso de Servicio de urgencia, es de 21.280 metros, es decir, más de 21 kilómetros, para llegar a una Posta es de 11.133 metros, y para ir a consultorios alcanza los 9.645 metros.
Dentro de las razones que tienen las personas para irse a vivir a campamentos, según datos de la última Encuesta a Campamentos Migrantes realizada por CIS TECHO-Chile en 2017-, se encuentran el alto costo de los arriendo, con 6 de cada 10 personas que lo hacen por esta razón, y 3 de 10 lo hacen porque antes vivían en condición de allegados.
Según datos del Ministerio de Vivienda (Minvu) las familias en esta situación subieron 48% en los últimos seis años. El incremento más notorio se focalizó en el norte del país, por ejemplo, en Antofagasta donde se produjo un alza de 487% desde 2011.
De acuerdo al Centro de Investigación Social (CIS) un arriendo podría requerir cerca del 45% de los recursos de un hogar del primer quintil, que percibe menos del mísero sueldo mínimo, o sea, unos $263.000. Si consideramos que más del 50% de las y los trabajadores del país ganan sueldos inferiores a los $300.000, no es difícil concluir que un alto porcentaje de la población se ve sumamente afectada por el valor de los arriendos, y con lo de fondo que es la privatización de la vivienda.
El estudio “Pobreza y fragilidad del modelo chileno”, de Fundación Sol, afirma que en Chile la pobreza sería muy superior a lo entregado en cifras oficiales, como la encuesta Casen 2015 que asegura que esta alcanza un 11,7%. De acuerdo al informe, al no considerar en el índice “el alquiler imputado”, la pobreza llega a casi un 27%. "El informe utiliza la base de datos pública de la encuesta Casen y, al no considerar “los subsidios y transferencias que entrega el Estado”, la pobreza sube de un 11,7% a más de un 15%", aseveran en el informe.
Estas cifras "se calculan sobre la base del “ingreso autónomo”, el cual es recibido por los núcleos familiares debido a su trabajo, vale decir, un ingreso sujeto a la vicisitudes del sistema de mercado. De acuerdo a este modelo, “prácticamente 3 de cada 10 chilenos(as) no cuenta con los ingresos autónomos para superar la línea de la pobreza respectiva”, establece el estudio de Fundación Sol.
Esta realidad muestra la cruda desigualdad que genera el capitalismo, donde, por una parte, millones de personas apenas logran "llegar a fin de mes", cientos de miles viven en campamentos, más de 10.000 personas en situación de calle, millones trabajan toda su vida ganando sueldos miserables y terminan jubilándose con pensiones de hambre, todos los derechos esenciales se encuentran privatizados, y solo un puñado de familias burguesas y ligadas a grandes grupos económicos nacionales y extranjeros se beneficia de las riquezas que produce la clase trabajadora del país, es decir, las amplias mayorías; y, por otra, una minoría de capitalistas- de donde Piñera es parte, con una fortuna de US$2.800- que perciben ingresos estratosféricamente superiores que la gran mayoría, cuentan con propiedades en distintas partes del país, y también fuera de Chile, y viven una realidad totalmente ajena al pueblo trabajador y sectores populares.
La lucha por la "vivienda digna" y por el derecho a tener una vivienda es sumamente actual y necesaria, y por eso también se han realizado diversas manifestaciones en las calles. Fue en la década de 1980, con las grandes privatizaciones que se hicieron en la dictadura de Pinochet, cuando se introduce el principio subsidiario del Estado. "La población más vulnerable es desplazada hacia la periferia y extraperiferia, en los sectores de menor valor del suelo. La propiedad privada se mantiene como un principio insoslayable, en parte en continuidad con la etapa anterior, pero también como una forma de fortalecer la noción de propietario que se encuentra en la base del proyecto neoliberal impulsado por la dictadura", plantea el informe "Acceso a la vivienda en tiempos neoliberales: Un análisis comparativo de los efectos e impactos de la neoliberalización en las ciudades de Santiago, México y Londres", de revista Invi.
Otro derecho más arrebatado por la sed de ganancia capitalista, pero no por eso irrecuperable. La lucha por el derecho a la vivienda garantizada por el Estado y para todas las familias y personas que lo necesiten, que es algo básico para la subsistencia humana, y que esta sea una política estatal y pública, donde se elaboren planes de viviendas para combatir el déficit habitacional, y se combata al negocio de las inmobiliarias privadas, es una batalla sumamente contingente y necesaria a dar.
