En plena pandemia la situación en los campamentos se complejiza, con hacinamiento, falta de agua, despidos, entre otras graves problemáticas. La exposición al contagio y al hambre es cada vez más brutal en una de las regiones más ricas de Chile.
Gaba La Izquierda Diario Antofagasta
Viernes 24 de abril de 2020
En plena pandemia, la situación a la que están expuestas miles de familias al vivir en campamentos es bastante compleja. Según el Catastro Nacional de Campamentos 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en Chile existen 802 de estos lugares, los que equivalen a 47.050 hogares; esto sin considerar las tomas más recientes que aumentaron desde octubre del año pasado.
En la región de Antofagasta hay 79 campamentos, donde viven alrededor de 7.641 familias, las cuales no tienen acceso a agua potable de forma regular, no cuentan con acceso formal a la electricidad, no poseen alcantarillado y muchos no poseen acceso a internet, por lo que las clases online son un privilegio.
A esta situación, donde el hacinamiento y el agua potable son factores de riesgo de mayor contagio de COVID-19 -considerando que el 92% de las familias de campamentos no cuenta con acceso formal al agua- se suman los problemas económicos profundos, debido a las miles de suspensiones y despidos que viven las y los trabajadores, que implica una carestía de la vida mayor e incertidumbre, con un robo descarado a los ahorros como con el Seguro de Cesantía, todo esto por la mal llamada “Ley de protección del empleo”, firmada desde la derecha, el PC y sectores del Frente Amplio.
Lo anterior no sólo agudiza las malas condiciones de vida, sino que también el estrés y la violencia hacia la mujer. Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género las llamadas al "fono de ayuda" para estos casos aumentaron en un 70%.
Elizabeth Andrade, vocera del Movimiento Pobladores Vivienda Digna de Campamento Los Arenales, señaló en Diario Uchile que “Hay cosas como las condiciones en que las casas están hechas, o las familias que han sido vulneradas en su trabajo: la gran mayoría han sido despedidas, trabajan en restaurantes, en la construcción…”, agregando que hoy “el encierro se mezcla con el hambre”, sumándose casos de violencia .
Ante esto, consultamos al médico del Hospital Regional de Antofagasta, Nestor Vera, manifestó que “Las recomendaciones sólo para un buen lavado de manos para evitar el contagio de COVID-19, implica hacerlo varias veces, lo que desde ya es imposible para las personas que viven en campamentos sin agua potable. No puede ser que existan familias hacinadas en viviendas precarias, mientras otros viven como reyes en mansiones. Acá hay un problema estructural que se relaciona con el negocio de la vivienda y el hecho de que es un millonario negocio. Considero que es necesario el impuesto a las grandes fortunas de la región como Luksic, BHP Billiton y Minera Escondida, para implementar un plan de viviendas públicas y que ponga fin a la especulación inmobiliaria, para terminar con los campamentos y el hacinamiento, otorgando viviendas dignas y de calidad para todas las familias”.
Vera se refirió también a que “debe haber un cese de los despidos y un cierre de los trabajos no esenciales, asegurando el pago íntegro del sueldo, y que sea de 500 mil pesos como monto mínimo. Esto es urgente, porque a las trabajadores y trabajadoras no sólo les están robando los sueldos y las pensiones, sino también sus propias vidas, cuando quienes deberían estar pagando la crisis son los mismos que se han enriquecido a costa de la privatización de los recursos naturales, como también de los derechos básicos, como salud, educación y vivienda, gracias a la herencia de la dictadura”.
