Durante la mañana del miércoles 21 de enero, Carabineros ingresa a la población La Victoria y allana la radio comunitaria de dicho lugar, sin orden judicial de allanamiento, rompiendo en local del medio de comunicación y llevándose los equipos de trabajo sin previo aviso ni explicación.
Viernes 23 de enero de 2015

La Dictadura y represión para los medios de comunicación en Chile no se ha terminado. Así lo demuestra el operativo desplegado por Carabineros, el miércoles 21 de enero, que terminó por destrozar parte del local de la Radio Comunitaria La Victoria- ubicado dentro de la Junta de Vecinos- donde también se requisaron los equipos de trabajo de la radio, sin explicación, ni tampoco orden de allanamiento. Uno de los trabajadores del canal Señal 3, Polo Lillo, afirmó que “llegó Carabineros a las 7 de la mañana, cerrando varias cuadras a la redonda, como cuando hacen operativos para narcos. Rompieron todas las puertas y lo que estaba dentro del local, y se llevaron los equipos de transmisión”.
Por otra parte, la directiva de la Junta de Vecinos de la población La Victoria hizo hincapié, por medio de las redes sociales, en que la policía al allanar el lugar no presentó ninguna orden judicial para llevar a cabo la operación. Incluso, algunos vecinos, hicieron énfasis en que parecía más bien un operativo de “narcotráfico”, por lo agresivo de este, tal cual como hacía la policía en Dictadura, cuando allanaba y reprimía al interior de las poblaciones, sin justificación, sin previo aviso. “Queremos manifestar nuestro rechazo ante tanta violencia utilizada destruyendo la puerta de acceso y las puertas de oficinas interiores, además un operativo de esta envergadura sin precedente en democracia, nos hace recordar otras prácticas utilizadas en dictadura”, plantearon desde la Junta de Vecinos.
Al día siguiente, Carabineros determinó que el allanamiento fue por una denuncia realizada por la Subsecretaria de Telecomunicaciones, ya que la radio infringía la “Ley de Radiodifusión”. José Medel, dirigente vecinal, quedó citado a tribunales por infringir esta ley, la que ha llevado una nueva política respecto a las transmisiones radiales, la que incluye la adquisición de Centro de Radio Monitoreo que fiscaliza las frecuencias que funcionan en la Región Metropolitana. Según Lillo, “con esa herramienta (refiriéndose al Centro de Radio Monitoreo) está cerrando radios, mientras que no han invertido nada en el sector comunitario, no han hecho nada con la ley de radios. Eso no es diversidad”.
Este repudiable hecho por parte de la policía, pone en el tapete nuevamente las múltiples restricciones que existen para poder tener y mantener un medio de comunicación que sea independiente y alternativo a los medios existentes, los cuales mantienen una brutal hegemonía y monopolio en el país. Desde la Dictadura Cívico-Militar de Pinochet, donde se ilegalizaron y cerraron decenas de medios de comunicación de izquierda y opositores a la Dictadura; no existe una real libertad de expresión para quienes son críticos al sistema político actual, a los gobiernos de turnos y a sus políticas que nos precarizan cada día más. Al contrario, cada gobierno de turno ha mantenido esta violación a la libertad de informar, opinar y analizar, intacta, sin cuestionar el autoritarismo y la represión que existe a la hora de hacer un periodismo crítico y alternativo, al servicio de las luchas de trabajadores, pobladores y estudiantes; un periodismo que informe y milite la verdad a contracorriente, mientras la mayoría de los medios informativos siguen la pauta de quienes gobiernan, de los políticos en el poder y de los empresarios, dueños de los medios.
Sabemos que en Chile existe un feroz monopolio en los medios de comunicación. En el caso de la prensa escrita, el 90% está concentrada en dos medios: El Mercurio, con Las Ultimas Noticias y La Segunda y con una veintena de diarios regionales; y Copesa, con La Tercera, La Cuarta y La Hora. Las radioemisoras no escapan de esta cruda realidad, Ibero Americana Radio Chile es el principal conglomerado radiofónico chileno perteneciente a Prisa Radio, filial del grupo español PRISA, el que posee más de 200 estaciones en todo el país.
La discusión sobre la prácticamente nula libertad de expresión en Chile y la inmensa hegemonía de empresarios que son dueños de los medios de comunicación que tienen mayor tiraje y difusión, tomó mucha más fuerza desde las grandes movilizaciones del 2011, y los sucesivos cuestionamientos al régimen político heredado de la Dictadura. Todo esto porque justamente los medios de comunicación tradicionales cumplieron un rol importante para mantener desinformada a la población sobre lo que estaba sucediendo, y también fueron central para criminalizar a los sectores que salieron a luchar y cuestionar la inmensa represión en el país. No es casualidad que empresarios y políticos patronales tengan directa relación con medios de comunicación de gran relevancia, pues la información y comunicación son vitales para influir en el pensamiento de las personas y generar opinión, ahí recae la importancia de mantenerlos controlados y censurar a todo medio informativo que se plantee ser una alternativa. El brutal allanamiento que padeció la Radio Comunitaria La Victoria es parte del autoritarismo y la censura que viven los medios informativos alternativos, los que se proponen estar al servicio de las transformaciones sociales y los cuestionamientos que se traducen en luchas y movilizaciones.
Este nuevo atentado contra la libertad de prensa y de expresión se enmarca en un momento donde diversos periodistas y figuras públicas salieron a impulsar una campaña llamada #DerechoalaComunicacion, que busca instalar en el debate público la importancia que tiene la comunicación para la democracia, instalando frases como “no más invisibles”, “voz para los que no tienen voz” y “más diversidad”.