en este artículo repasamos los principales hitos de la represión policial y los casos de corrupción de carabineros
Martes 16 de febrero de 2021
Sólo mediante un breve repaso (pues el número de atropellos contra el pueblo por parte de la institución es muchísimo mayor), se confirma la acción represiva de Carabineros en al menos seis grandes y conocidas masacres desde su fundación en 1927 por el dictador Carlos Ibáñez del Campo. Dichas tragedias fueron la Masacre de Ranquil (1934), la Masacre de la Plaza Bulnes (1946), la Matanza de la José María Caro (1962), la Masacre de El Salvador (1966), la Masacre de Puerto Montt (1969) y la Masacre de Laja (1973). Cientos de víctimas fueron obreros, pobladores de tomas de terrenos, campesinos, mapuches y militantes de izquierda. Estos son atentados directos a los sectores populares.
Más tarde la institución será protagonista junto a las Fuerzas Armadas de los incontables atropellos contra los DDHH cometidos por la dictadura cívico-militar de Pinochet desde 1973 a 1990 (recordar que la Junta Militar siempre contó entre sus miembros con el General Director de Carabineros César Mendoza hasta 1985 y luego con Rodolfo Stange).
Tras la vuelta a la democracia, se mantuvo una política de represión sistemática contra el pueblo mapuche con múltiples desalojos, detenciones irregulares, asesinatos, montajes y una larga lista de abusos entre cuyos casos emblemáticos se encuentran los asesinatos de Matías Catrileo, Alex Lemun, Jaime Mendoza y Jhonny Cariqueo; la desaparición forzosa de José Huenante; el montaje de la Operación Huracán; el homicidio e intento de montaje de Camilo Catrillanca; y la ola de conflictos en la Araucanía que se mantienen desde la huelga de hambre liderada por el machi Celestino Córdova a comienzos de la pandemia en 2020.
Otros casos emblemáticos producto de la represión de Carabineros en los últimos años son los asesinatos de Manuel Gutierrez, Nelson Quichillao, Rodrigo Cisternas, Jorge Mora, Ariel Moreno y Cristián Valdebenito; la golpiza que dejó en estado vegetal a Mario Acuña; y los brutales disparos efectuados contra Fabiola Campillay y Gustavo Gatica.
En movilizaciones de masas recientes, la labor represiva ha mostrado su cara en las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, junto con la ola de protestas iniciada con la Revuelta de Octubre de 2019 (donde Carabineros concentra el93% de las querellas por violación de DDHH presentadas por el INDH).
El viernes 5 de febrero de 2020 es brutalmente ejecutadoFrancisco Martínez por parte de funcionarios de Carabineros. Días después (domingo 7 de febrero) ocurre la más que sospechosa muerte de Camilo Miyaki Salinas dentro de la 51° Comisaria de PAC. Finalmente, el 9 de febrero son detenidos dos carabineros imputados por apremios ilegítimos y el cuasidelito de homicidio de Jaime Veizaga Sánchez, joven cuyo cuerpo fue abandonado por los funcionarios en un sitio eriazo a un costado del edificio del SML de Calama.
Lógica represiva
Vivimos en el capitalismo salvaje del neoliberalismo, cuya formación socio-económica se basa en la gran propiedad sobre los medios de producción por parte de los grandes empresarios.
Aquí se explica en Chile el clásico antagonismo de la lucha de clases que tiene al país en la máxima desigualdad: las grandes familias y el sector empresarial que constituyen el 1% de la población chilena concentran el 26,5% de la riqueza que genera el país V/S el sector popular donde el 50% de los hogares de menores ingresos concentra solo el 2,1% de la riqueza neta del país y donde el 75% de los trabajadores del país percibe ingresos por trabajo inferiores a los 500 mil pesos mensuales.
Los grandes patrones chilenos son minoría, por lo que necesitan de un instrumento para perpetuar su dominio económico y el sometimiento de las masas. Aquí entra el Estado como garante de la relación entre los patrones y los medios de producción.
De forma sencilla, la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile constituyen el marco legal que forma y protege el modelo neoliberal, pero incluso esto puede fallar y dejar vulnerable a la burguesía.
Es necesaria una póliza de seguro; las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad se aferran al bolsillo de las grandes fortunas para salvaguardar intereses personales y del empleador que los mantiene apitutados mientras asesinan, torturan y mienten para menoscabar al pueblo combatiente.
Reprimen sin piedad cada protesta de Plaza Dignidad para abajo, mientras escoltan lasmarchas de la extrema derecha por el barrio alto y a fascistas como Roberto Belmar.
“Esto no es un hecho aislado, corresponde a los mecanismos de un gobierno burgués que desea aplacar el avance de los explotados.” (Amador Ahumada, Diario Andino, 10 de marzo de 1973).
Hoy en día, la represión es la herramienta de la burguesía neoliberal que se extiende desde los partidos de la Concertación, pasando sobre el pacifismo reformistas del Frente Amplio que no logra ni puede cambiar la situación de inestabilidad, llegando finalmente a la coalición de Chile Vamos y a la extrema derecha del Partido Republicano. Ninguno de estos personajes quiere un Estado obrero al servicio de la causa popular.
Carabineros defiende al patrón adinerado independiente de lo que quiera el pueblo por dos simples razones: el gran capital burgués se pone con el financiamiento para represión y los recompensa con beneficios y dinero corrupto..
Promoción de la represión
Carabineros solicitó más de $1.200 millones de pesos a ser aprobados en la Ley de Presupuesto 2021 para la institución.
Solamente entre 2011 y 2019 Carabineros gastó $4.993 millones de pesos en gases lacrimógenos y perdigones antidisturbios.
Desde el 28 de octubre de 2019 hasta febrero de 2020 Carabineros gastó más de $1.830 millones de pesos en lacrimógenas y gas pimienta.
Más tarde, se revelaron los gastos del “Plan Ubilla” liderado por el ex subsecretario del Interior y asesor presidencial Rodrigo Ubilla, donde se desembolsaron más de $10.700 millones de pesos para la compra de nuevos vehículos lanza gases, lanza aguas, retenes móviles y furgones para transporte de personal tras la revuelta popular de octubre.
Sin embargo, los incentivos para reprimir no se limitan a armamento y vehículos.
Carabineros gasta constantemente recursos en entrenamiento para formar funcionarios en ramas especializadas como el polémico Comando Jungla.
Además, la legislación chilena favorece constantemente la represión al dar cada vez más herramientas para este fin a Carabineros, como son el abusivo control de identidad preventivo, la aprobación de la Ley Anti-Protesta y la actual discusión que mantiene el Senado en torno al peligroso proyecto de ley que exime de responsabilidad penal a carabineros por uso de arma.
Corrupción monetaria
Al incentivo de la represión se suma la corrupción interna de Carabineros mediante tratos favorables y fraudes al fisco.
Los funcionarios de la institución cuentan con pensiones 4 veces mayoresal promedio de las entregadas por las AFP, donde las llamadas pensiones “dobles” ascendieron en total a montos sobre los $4.400 millones de pesos en 2019 (año en que el total destinado a pensiones de carabineros fue superior a los $700.000 millones de pesos).
También cuentan con beneficios comoarriendos a precios ridículamente bajospor viviendas fiscales y respaldo legal financiado por el Estado.
Fuera de los beneficios legales se han visto enormes casos de corrupción dentro de la institución, como fue el conocido “Pacogate” (fraude de más de $35.000 millones de pesos); más de $750.000 millones de pesos sin respaldar en la administración de Andrés Chadwick; gastos de más de $13.300 millones de pesos en Gratificaciones de Riesgo que beneficiaban a 9 mil funcionarios más que los autorizados por el Ministerio del Interior; aparte de millonarias irregularidades en operaciones contables y cheques sin respaldo por parte de DIPRECA (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile).
¡Abolición de la policía ahora ya!
Queda claro que la cultura represiva de Carabineros no se constituye de hechos aislados, sino que existen vulneraciones sistemáticas por parte de una institución policial utilizada como herramienta política.
Hay que superar la ilusión progresista que busca dominar a la policía por la vía democrática, pues no hay mayor sin sentido que esperar que el gran capital chileno permita la entrega del armamento y los recursos de Carabineros para luego disolver su máquina represora de 60.000 miembros entrenados sin oponer resistencia.
En palabras del profesor Juan Valenzuela: “la disolución de la policía solamente será posible si los trabajadores y los sectores populares desarrollan sus métodos de lucha de clases como la huelga general, sus propios organismos de lucha y su propio poder”.
¡Basta de subestimar a la clase trabajadora! El pueblo chileno ha demostrado incansablemente su capacidad de organización y coordinación en diversos espacios y épocas; desde los Cordones Industriales del periodo de Allende; las valientes formas de seguridad organizada actuales como las brigadas de salud, la primera línea que combate sin cesar desde el Octubre Rojo y los crecientes colectivos antifascistas; formas avanzadas de autoorganización como el Comité de Defensa y Resguardo de Antofagasta; e instancias de cooperación y organización como las ollas comunes, las asambleas territoriales y las coordinadoras por la liberación de los presos políticos.
El pueblo aprende. La inagotable experiencia obtenida por los sectores populares gracias a la lucha de clases aumenta las instancias creativas y profundiza la innovación por parte del proletariado organizado. Es mediante este camino que se puede avanzar en la creación de comités de autodefensa que eliminen la necesidad de una policía estatal que siempre será engendrada por el sistema legislativo de la burguesía para la defensa del Estado capitalista.
¡No habrá confianza para nuevos organismos represores capitalistas y reformismos vacíos al servicio de los grandes empresarios!
