La Contraloría General de la República desarrolló una fiscalización que tuvo por objeto efectuar una auditoría a los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas en la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Las irregularidades son catastróficas: armas registradas a menores de edad, a personas fallecidas, miles de armas sin dato de quien las posee ni donde y, como si eso fuera poco, más de 1700 agresores intrafamiliares poseen un arma “debidamente inscrita”.
Viernes 25 de junio de 2021
Luego de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se determinó abrir un sumario contra Carabineros y la Dirección General de Movilización Nacional, esto a propósito del sinnúmero de irregularidades que arrojó la investigación respecto a los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas de fuego.
Entre las irregularidades de mayor gravedad destaca el hecho de que una importante cantidad de armas están inscritas a nombre de personas menores de edad o personas fallecidas. Además, dentro del proceso de inscripción la certificación de salud mental es de primer orden, sin embargo, estas certificaciones han sido emitidas por personas que no cuentan con el título de psiquiatras. Por otro lado, hay registro de armas vigentes sobre los que no existe identificación de quién las tiene ni en qué lugar.
Se advirtieron, además, un total de 22.987 casos de civiles con antecedentes penales que mantienen armas vigentes en Chile; según el informe “1.714 personas no reúnen la idoneidad requerida para mantener armas de fuego a su nombre, toda vez que poseen antecedentes penales por violencia intrafamiliar.”
La posibilidad de habilitar a un agresor de mujeres con armamento es una bomba de tiempo. Cabe recordar que al 24 de junio de 2021, en Chile se registran 19 femicidios consumados y 69 femicidios frustrados, sin contar la terrible cifra de asesinadas durante el 2020 que llegó a 43 mujeres.
Es un tormento para las mujeres y las familias habilitar a un agresor con una herramienta capaz de mantenerlas bajo el yugo de la violencia y con la incertidumbre de poder ser asesinadas en cualquier momento.
Es necesaria más que nunca una ley de Emergencia contra el femicidio y la violencia de genero, que garantice condiciones básicas para la autonomía social y económica de las mujeres, que responda con viviendas de emergencia, trabajo, cuidado de hijos/as, tratamiento psicológico y de salud en general, que incluya el derecho al aborto, pero, además, que promueva la educación sexual y no sexista de forma transversal para prevenir la violencia.
Estamos cansadas de esta violencia en contra de las mujeres y la diversidad sexual que cada día va sumando una más a la larga lista de mujeres asesinadas. ¡El Estado y su policía son responsables!
