Un informe de la ONU recomienda despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Bullrich aseguró que están “dispuestos a discutir”. El titular de Sedronar dijo que “no está en agenda”.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Martes 7 de febrero de 2017
Ayer se conoció un informe elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, el cual recomienda, entre otros aspectos, la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. La sugerencia parte de una evaluación realizada durante 2016 y destaca el “fallo Arriola”, emitido por la Corte Suprema en el año 2009, que declaró la inconstitucional la pena de prisión sobre dos jóvenes que fueron detenidos en la calle con dos cigarrillos de marihuana.
"Estamos dispuestos a discutirlo. Siempre estamos abiertos a la discusión, como discutimos el cannabis medicinal y salió una media sanción en el Congreso, pero hay que pensar todo lo que pasa con la droga y no solamente desde una perspectiva cool, sino con los problemas sociales que tenemos en nuestros país", aseguró la ministra de Seguridad. Detrás de la supuesta “disposición” del Gobierno a debatir, la ministra dejó entrever su postura contraria al respecto y aseguró, como si fuera una experta, que “la marihuana ya no es la marihuana de hace 40 años. Es transgénica, es mucho más fuerte. No se trata de la misma manera, hay marihuanas que generan niveles de locura y de incapacidad de saber lo que la persona hace”.
El titular de Sedronar, Roberto Moro, fue mucho más explícito y directamente afirmó: “No está en nuestra agenda llevar adelante un proyecto de ley para la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal porque nos encontramos con problemas mucho más graves”. Y enfatizó que “según estadísticas de universidades privadas, el consumo se triplicó en los últimos años y, además, hacen falta más espacios terapéuticos, por eso el presidente de la Nación Mauricio Macri decretó la emergencia en adicciones”.
La emergencia a la cual se refiere Moro fue declarada por decreto presidencial en diciembre del año pasado, tras un fuerte lobby de la Iglesia Católica y pocas semanas después de que se aprobara la media sanción en favor del uso del cannabis medicinal.
“Hoy estamos trabajando en conjunto con los ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social para desarrollar programas específicos y ampliar los espectros terapéuticos, pero también en el abordaje preventivo porque sino no vamos a cortar nunca la cadena. Lo preventivo no corta cinta, pero sí genera muy buenos resultados a largo plazo”, agregó el titular de Sedronar.
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Una política que apunta hacia una mayor criminalización
“Se vende y se mata para mantener el negocio. Atrás del negocio ilegal de la marihuana mueren chicos, hay soldaditos, hay muerte, violencia, hay destrucción de familias. Primero tenemos que arreglar este tema” aseguró la ministra de Seguridad y remarcó que “Argentina ha dado pasos muy importantes en el combate contra narcotráfico”.
Las declaraciones de Bullrich reafirman la línea del Gobierno en materia de adicciones y la supuesta “guerra contra el narco”. El resultado: mayor criminalización sobre los usuarios y mayor militarización de los barrios con la excusa de perseguir a los narcotraficantes.
El informe estadístico publicado por la Procuraduría de Narcocriminalidad a fines de octubre del año pasado indicaba que el 44 % de las causas penales iniciadas en 2015 en la justicia federal corresponden a delitos relacionados con los estupefacientes. Respecto al tipo de delitos, 5 de cada 10 causas iniciadas por estupefacientes tienen como objeto lo que el informe llama “delitos menores”, que se refiere a la tenencia simple o para consumo personal (art. 14 de la Ley 23.737). En CABA la cifra supera la mitad. Respecto a la forma en que las causas se inician, el 62 % corresponden a “prevención”, o sea las mal llamadas tareas preventivas de las fuerzas de seguridad, porcentaje que está directamente relacionado con la gran cantidad de causas que tienen como objeto los “delitos menores” antes mencionados.
El artículo 14 castiga “con prisión de uno a seis años” a cualquier persona adulta “que tuviere en su poder estupefacientes” e invierte la carga del “principio de inocencia”: la persona detenida es la que debe demostrar que no se encuentra traficando y que las sustancias halladas son para consumo personal.
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El fallo Arriola
En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la pena de prisión sobre dos jóvenes por ser encontrados en la vía pública con dos cigarrillos de marihuana. El caso, retomado en el informe de la ONU, marcó un precedente para declarar inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes que ningún Gobierno, desde su sanción en 1989 hasta la actualidad, ha optado por modificar. El caso “Arriola” se remonta a su vez al primer fallo contra la penalización por tenencia de drogas, el fallo “Bazterrica”, en el año 1986. Ambos basaron sus fundamentos en el derecho y el resguardo a las libertades individuales que contempla el artículo 19 de la Constitución Nacional.
La prohibición y la penalización que se mantiene no es más que un argumento legal que todos los Gobiernos han optado por mantener, y que es directamente funcional a los verdaderos administradores y gerenciantes del negocio como lo son las fuerzas de seguridad. El caso del exjefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, es sólo un botón de muestra.
Las declaraciones de los funcionarios de Cambiemos ratifican la política seguida por Cambiemos de “guerra contra el narco” y la complicidad por parte del Estado en el enorme negocio que representa el narcotráfico.
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