Nacional. Carla Lacorte: “Hoy si no podés pagarte un buen abogado, la cárcel es una condena a muerte”

La sobreviviente del gatillo fácil, autora de La disciplina de las balas y referente del FIT en Quilmes habla de la jueza Márquez (defensora de la doctrina Chocobar), denuncia al Gobierno del Frente de Todos y desnuda qué esconde el debate sobre las domiciliarias a presos por el Covid-19.

Lunes 4 de mayo de 2020 17:32

-Carla ¿Qué opinás de la campaña de los medios y la derecha contra las detenciones domiciliarias a los presos en grupos de riesgo respecto al COVID 19?

En esta verdadera campaña, en la que te olvidás de nombrar a personeros del propio gobierno como el represor de obreros Sergio Berni, se aborda un tema complejo amalgamando casos de femicidas o ex funcionarios responsables de hechos como la Masacre de Once con presos que están en esa condición por delitos menores. De esta manera se oculta lo que son las cárceles hoy, las responsabilidades de los distintos gobiernos en esta situación y cuál es el verdadero objetivo de la derecha.

Hay que partir de lo hipócrita que es esta discusión, en primer lugar, arrancando del hecho de que según el propio Servicio Penitenciario el 60% de los presos de las cárceles bonaerenses está en esa situación con prisión preventiva, es decir sin juicio que determine o no su culpabilidad. Mientras tanto los empresarios o los policías de gatillo fácil, como por ejemplo el que me dejó en una silla de ruedas, aún estando condenados pueden apelar en libertad hasta agotar todas las instancias judiciales, lo que puede llevar años ¿Por qué se da esta situación? Por el endurecimiento penal que trajeron las llamadas “leyes Blumberg” del 2004, votadas tanto por la derecha como por el kirchnerismo que en ese entonces gobernaba, y las votadas durante el gobierno de Macri, que también fueron apoyadas por ambos sectores ¿Cuál fue la consecuencia de estas leyes? Miles de presos con delitos menores, muchas veces originados en situaciones de pobreza extrema, que no pueden pagar un abogado. La consecuencia es que en las cárceles bonaerenses, que tienen capacidad para 24000 internos, en este momento hay más de 44.000 presos, es decir casi el doble, una situación de hacinamiento total que durante la pandemia puede producir estragos. Pareciera que a todos estos sectores que no pueden pagar un abogado que los saqué rápidamente o que no son poderosos tienen que estar condenados a muerte y no pueden tener ni siquiera el beneficio de una prisión domiciliaria para poder prevenirse de la pandemia.

La situación de las cárceles y la demagogia punitivista frente a la crisis sanitaria

-Recién hablabas de que los empresarios o los policías de gatillo fácil no reciben el mismo trato judicial que los presos comúnes ¿Qué dicen sobre esto los sectores que se oponen a estas reclusiones domiciliarias?

Ninguno de estos sectores plantea ninguna objeción cuando se trata de conceder domiciliarias a los genocidas, a policías de gatillo fácil o a grandes empresarios. Por ejemplo en Quilmes hace unos días le dieron ladomiciliaria en tiempo récord al dueño del Frigorífico El Federal, que violó la clausura del establecimiento siendo que ya había un muerto y se multiplicaban los casos de coronavirus entre los trabajadores. El argumento fue que era de un grupo de riesgo. El Poder Judicial de Quilmes es además ampliamente conocido por haber absuelto a policías de gatillo fácil como el que me dejó en una silla de ruedas o a los que mataron a Andrea Viera en el 2003. También por permitirles permanecer en libertad con condena efectiva hasta agotar las instancias de apelación, como es también el caso del policía que me disparó, al que además le redujeron la condena. Mientras tanto, por ejemplo, en 2014 los jueces quilmeños condenaron injustamente a la cárcel a una mujer originaria, que ni siquiera podía defenderse porque no hablaba castellano. Son rapidísimos para meter presos sin condena, o con condenas arbitrarias, y más que lentos cuando se trata de los poderosos. Y la situación no es privativa del Poder Judicial quilmeño.

Ninguno de los sectores que se oponen a las domiciliarias se expresó sobre este tema. Tampoco lo hizo la Jueza de Ejecución Márquez que se convirtió en una de las principales caras de esta campaña de la que venimos hablando.

-Recién hablabas de la Jueza Márquez de Quilmes, por qué opinás que asume esta postura?

La Jueza Márquez, que tuvo que corregirse de los datos que había dado sobre las domiciliarias, no es la primera vez que tiene este nivel de cobertura mediática. Cuando Patricia Bullrich lanzó la Resolución 956, la que legalizaba el gatillo fácil y ante la que interpusimos un recurso de amparo con mi compañera Myriam Bregman y María del Carmen Verdú, salió a defender la Resolución que era tan escandalosa que hasta se negaron a aplicarla nada menos que Vidal y Larreta. Y en múltiples oportunidades posteriores se mostró como una firme partidaria de las “Leyes Blumberg” y las resoluciones represivas de Vidal inspiradas en la llamada Doctrina Chocobar. O sea no es una casualidad.

Tampoco es casual que ni ella, ni ninguno de los sectores más activos de esta campaña, hayan planteado en su momento ninguna objeción al dos por uno para los genocidas. La ONG a la que pertenece la Jueza, Usinas de Justicia, tuvo como uno de sus principales invitados en su cóctel anual de 2018 al Juez de la Corte Rosatti, uno de los principales impulsores de la impunidad a los genocidas.

En su defensa de la Resolución 956 la Jueza decía: “El delito no se combate con palmaditas en el hombro”. Claramente, cuando la jueza habla de delitos no se refiere a ni a los asesinos de gatillo fácil, ni los genocidas que habitualmente acceden a domiciliaria con la peligrosidad que esto implica.

-Qué opinás de los cacerolazos?

Hay un sector de la sociedad que tiene una postura de derecha dura y que cada vez que puede se manifiesta, pero se sumaron otros sectores. Esto último me parece una consecuencia de la política del gobierno que le da un peso enorme a la coerción y a las fuerzas represivas en la cuarentena, mientras faltan cuestiones sanitarias fundamentales. Si le das tanto peso a la cuestión coercitiva vas a cosechar lo que sembraste.

En Quilmes, en particular, la Intendenta le agregó a esto la presencia de las Fuerzas Armadas que no solo reparten comida (solo un 10 %) sino que patrullan con helicópteros en coordinación con las fuerzas de seguridad. Y esta política de derecha envalentona a la derecha. Vos fijáte que el gobierno municipal le aceptó la renuncia a una de las más importantes especialistas en cárceles que tiene el país, Claudia Cesaroni, que integraba el gabinete de Mayra Mendoza. Y esto no fue por una denuncia de corrupción sino por un simple pedido de concejales del macrismo, que la impugnaban por su postura de apoyo a las protestas en las cárceles. Esto fue horas después del cacerolazo, que en Quilmes centro fue muy intenso. Es decir ni siquiera se defienden de los ataques de la derecha. Le dan la razón.

También hay que decir, respecto a los cacerolazos, que hubo zonas donde no se hizo y en otras se hizo el ya clásico aplauso una hora más tarde, para separarse del reclamo de la derecha. Es decir, en el marco de un amplio pronunciamiento por derecha, también empieza a expresarse una cierta polarización.

-Para terminar, ¿qué expresan para vos los cacerolazos?

Los cacerolazos, y otras manifestaciones de distinto signo que vimos en las últimas semanas, son expresiones aberrantes de conflictos sociales más profundos que se están engendrando con la pandemia. Son formas distorsionadas de conflictos de clase. Considero particularmente que cuando la clase trabajadora, que es y va a ser la principal afectada por esta situación, comience a dar una respuesta contundente a los ataques que viene sufriendo, los conflictos se van a expresar en forma más directa. La lucha de los obreros de Penta, y otras que se están desarrollando, pueden estar indicando el inicio de una dinámica en ese sentido.