La imagen de un Sebastián Piñera que piensa más allá de la cifras, fue el sello que intento darle el expresidente de RN, sin embargo la declaración de guerra hacia el sector público en su programa dice todo lo contrario.
E.E. Vergara Valparaíso, Chile
Lunes 13 de noviembre de 2017
Como cada domingo, se abrió el debate en el programa Estado Nacional, transmitido por Televisión Nacional de Chile (TVN), en el cual uno de los invitados centrales, fue el ex presidente de Renovación Nacional (RN), a quien muchos recuerdan por ser también el padre de Martín Larraín, el joven que atropelló a una mujer bajo la influencia del alcohol, quitándole la vida, y siendo absuelto –insólitamente- bajo la más absoluta libertad.
La discusión comenzó con la interpelación de la conductora Andrea Arístegui, en torno a los dichos de Larraín quien señaló que “la pelea verdadera es la parlamentaria y la carrera presidencial está ganada”, recalcando su postura, pero enfatizando en que no está de acuerdo con la tesis de que sale en primera vuelta. A su vez el ex presidente de RN se refirió a la fuerza que ha tomado Sebastián Piñera, como el candidato con mayores posibilidades de instalarse en la Moneda, al contrario de sus contrincantes.
“Creo que Sebastián Piñera encarna esa desafección por el ataque ideológico que hemos sufrido”, manifestó Larraín, referido a la propuesta de reformas llevadas a cabo por el gobierno.
En relación al sistema de salud público y la ley de despenalización del aborto en tres causales, negó la posibilidad de que para que exista una mejor calidad de la salud en el país, el Estado debiera hacerse responsable, por el contrario indicó que “hay un millón novecientas mil personas en espera, y eso nada me hace asegurar de que haya una mejor atención en salud a manos del Estado” añadiendo “está claro que este gobierno apostó por el Estado y exageradamente”. La línea de castigo al sector público por medio de recortes y despidos, ante un eventual gobierno de Sebastián Piñera, también fue un tema sensible, al cual respondió vagamente Larraín, cuestión que luego tuvo que ser reforzada por la ex ministra de Sebastián Piñera y panelista permanente del programa, Cecilia Pérez.
En materia del “crecimiento económico” –punto central junto a la reestructuración del sector público- Larraín señaló que el método concreto que aplicará Piñera será a través de la “inversión”, lo cual obviamente es un incentivo para que los empresarios tengan absoluta libertad para hacer y deshacer con los derechos del pueblo trabajador. Sin embargo recalcó a que no se puede ver el programa de Sebastián Piñera solo como el “crecimiento económico” y señalando que esu programa “va mucho más allá” incluso utilizando términos como “solidaridad” para darle un toque más humano, y no caer en el peso aislado de las cifras.
Por último, también se refirió a la constitución vigente manifestando que Piñera deberá “reafirmar que existe una constitución muy potable” y que “tiene los mecanismos para ser modificada si se quiere”, algo de esperarse de la derecha, que se escuda en la constitución de la dictadura, y recurre al tribunal constitucional, cada vez que tiene que defender el modelo empresarial.
Los trabajadores del sector público son el primer enemigo de un probable gobierno de Piñera
Si hay algo que caracteriza a la derecha chilena, es intentar mostrar una imagen de solidaridad y empatía con amplios sectores de masas, sobre todo al sujeto que siempre apuntan en su política que es la denominada “clase media”. Sin embargo está claro que no es más que otra actuación, en su historial de vulneraciones a los derechos sociales. Así lo demuestra la alta tasa de desempleo, sobre todo en el sector de la minería, su negativa a una ley de aborto en cualquier tipo de causal, o la justificación de los crímenes a los DD.HH.
Caer en la ilusión de que un próximo gobierno del ex presidente Piñera velará por los intereses de los sectores populares, como una forma de castigo al gobierno de la Nueva Mayoría, solo envalentona a los sectores de derecha, que no dudarán en hacer caer todo el peso de los embates de la economía en sus diversas expresiones, sobre trabajadores, mujeres y estudiantes. Todo esto en concordancia con el giro derechista que crece en Latinoamérica con gobiernos como los de Temer en Brasil, PPK en Perú, o Macri en Argentina.
Sebastián Piñera ya ha declarado la guerra, y su principal enemigo son los trabajadores públicos, donde para valerse de su discurso de “hay que acabar con los operadores políticos”, no dudará en atacar al conjunto de trabajadores del Estado, y junto con eso implementar una serie de medidas antipopulares, que pavimenten la confianza de los inversores nacionales y extranjeros, que se llenan sus bolsillos con millones, a costa del esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras.
La Nueva Mayoría le ha hecho fácil el camino, por medio de su política neoliberal pero también de concesiones, ha generado el rechazo generalizado de la población, convertido en una enorme desconfianza al conjunto del régimen político, los empresarios y sus partidos corruptos. Sin embargo, la calle ha mostrado ser la mayor oposición a los gobiernos de turno, donde nuevas alternativas de ruptura con el modelo capitalista, comienzan a emerger al calor de diversas formas de combate, que no se plantean mejorar las condiciones de miseria a la que nos empuja el sistema, sino acabar con su macabra existencia de raíz.
