Entrevista. Carlos Lombardi: “Sin parasitar al Estado, la Iglesia sería una sociedad de fomento”

¿Cuále son las leyes más importantes en ese sentido?

Pero hay que decir que la separación no sólo debe plasmarse a nivel normativo. Ese sería quizás el primer paso. Debe proyectarse, también, al plano político.

A trazo grueso, comparando Argentina con el resto de Latinoamérica y del “mundo católico” ¿en qué nivel está la relación Iglesia-Estado en nuestro país?

Lombardi hace mención al cuerpo de leyes y artículos que son fundamentales para entender por qué la Iglesia Católica tiene tanto peso en la vida política.

La Constitución Nacional afirma en su artículo 2 (apenas después de fijar qué forma de gobierno tiene la nación) que “el Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico romano”. Nada menos. Y vale decir que a ese artículo redactado en 1853 no se le tocó una coma en la reforma de 1994.

Por su parte el Concordato firmado entre el Vaticano y el dictador Onganía el 10 de octubre de 1966 creó un enclave jurídico con el que la Iglesia se aseguró hasta el día de hoy su más amplia libertad de acción, tanto en asuntos internos como en su relación con el Estado, al punto que tiene sus propios tribunales para juzgar delitos comunes. Eso sí, constitucionalmente el Estado la sigue sosteniendo.

Las negociaciones del Concordato se habían iniciado durante el gobierno radical de Arturo Illia, pero quien finalmente lo firmó por Argentina fue Nicanor Costa Méndez, el canciller de Onganía que, 16 años después, ocupando el mismo cargo pero en otra dictadura, sería una de las caras visibles de la derrota militar en Malvinas.

El artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación le da a la Iglesia Católica la misma categoría de un país, una provincia o un organismo compuesto por varios estados. Así, bajo la figura de “persona jurídica pública”, el código reformado durante el gobierno de Cristina Fernández reconoce a la institución dirigida por Jorge Bergoglio con un estatus insuperable.

Y respecto a los decretos “sagrados” firmados por Videla, Galtieri y Bignone, fijaron privilegios y beneficios como el pago estatal de sueldos y jubilaciones especiales para obispos y sacerdotes, subsidios para seminaristas y diversas leyes que reglamentan el sostenimiento del culto. Esos decretos siguen intactos. Ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde, ni Kirchner, ni Fernández ni Macri osaron tocarlos.

Parásitos

En una reciente columna de opinión titulada “Aborto y religión en el escenario público”, Lombardi asegura que “sin parasitar al Estado, la Iglesia Católica estaría reducida a una especie de asociación de fomento”. Tal afirmación se basa en que hace tiempo que “la alta y baja clerigalla no asume su rol secundario en la toma de decisiones de la sociedad” y que “como no saben dónde ubicarse socialmente -porque se extinguió para siempre la organización religiosa de la sociedad- continúan enquistados en el poder político”.

¿Qué dos o tres ejemplos concretos podés dar para demostrar ese parasitismo de la Curia argentina?

Ni hablemos de las cuestiones inmobiliarias y prebendas procesales que permiten a los obispos no concurrir a un tribunal si son citados a declarar, lo hacen por escrito.

El Estado es una entidad indispensable para la iglesia. Algo tiene que sacarle. No puede vivir sin él.

¿Por qué afirmás que el “mandato constitucional” del sostenimiento del culto católico es anacrónico?

Si fuese como la Iglesia dice, se trataría de una especie de indemnización. Pero toda indemnización tiene plazo y vencimiento.

Las preguntas que habría que plantear entonces son ¿hasta cuándo habrá que pagar esa compensación? ¿Cuál es el monto que se les debe? ¿Tan rica era la Iglesia, y tanto dinero perdió, que hasta en siglo XXI hay que compensarla?

Vos también afirmás que la Iglesia juega un rol de “veedora moral del sistema político”. Además de lo que vimos en el debate por la legalización del aborto, ¿a través de qué elementos o prácticas juega ese rol?

Recordemos que todo ese bagaje es elaborado por el clero. Los laicos, el católico “de a pie”, no participa en nada de eso. Solo cumple. Es tal la invasión a su privacidad y el papel de sujeto pasivo que se le da que los curas les dicen hasta cómo tener relaciones sexuales.

Y también se ejerce mediante el lobby formal e informal en diversas esferas de poder. No solo la votación del aborto, sino todos aquellos proyectos de leyes, políticas públicas y sentencias judiciales que pudieran representar el ejercicio de las libertades de decisión y elección, pasaron por el “filtro moral” clerical. Se ve claramente en lo que hace a la educación sexual.

Ese rol de “veedora” se da lógicamente en función de sus intereses. ¿Quiénes son las víctimas de ese lugar que el Estado le da a la Iglesia?

El problema en este punto es que las religiones, incluida la católica, ya no organizan a la sociedad. Ese nuevo rol es el que no aceptan. Las mujeres, y cada vez más los varones, no toman sus decisiones pensando en “modo religión”.

Reacciones

La campaña de los pañuelos naranjas, que propone la separación efectiva de la Iglesia y el Estado y que surgió al calor del debate nacional sobre la legalización del aborto, ya tiene diversas expresiones. Una de ellas es la iniciativa impulsada por el diputado Nicolás del Caño y las diputadas Myriam Bregman y Nathalia González Seligra del PTS-FIT, por la “derogación de los privilegios de la Iglesia Católica”, que ya cuenta con casi cien mil firmas en pocos días.

Otra acción, impulsada por diversas agrupaciones, plantea la “apostasía colectiva”, es decir la renuncia formal a ser consideradas y considerados miembros de la Iglesia Católica por el solo hecho de haber sido bautizados en la niñez. Vale decir que la Curia recibe cuantiosas sumas de dinero en base a ese poco confiable “padrón de afiliados”.

¿Qué consecuencias tendría para la Iglesia una apostasía colectiva general en Argentina?

En 2006 el Vaticano se negó a suscribir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw -siglas en inglés-). Y la Conferencia Episcopal Argentina fue la más ferviente opositora a que el Estado argentino ratificara esa convención. ¿Cuáles fueron los argumentos?

Pero la verdadera razón, que no dijeron ni van a decir, es que no toleran que las mujeres sean autónomas y decidan sobre sus cuerpos. Cabe recordar que la Iglesia se opuso al voto femenino...

¿Hay otros ejemplos como ese, de negación institucional del Vaticano y los obispos a reconocer derechos elementales de las mujeres?

Tristes, deprimentes y represivos

En la misma nota que escribió en este diario, Carlos Lombardi asegura que la Iglesia Católica detenta una “cosmovisión triste y deprimente por su antropología negativa y altamente represiva”. Lo dice tras años de lidiar con los más rancios y conservadores exponentes de la institución.

Como asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico y especialista en Derecho Canónico, Lombardi avanza unos pasos más en la caracterización de esta multinacional con casa matriz y banco central ubicados en el Vaticano y con CEO argentino desde 2013.

¿Cuáles son las “coordenadas” generales de esa cosmovisión triste y deprimente y de esa antropología negativa y altamente represiva?

¿Vos creés que la separación efectiva de la Iglesia del Estado es una cuestión de tiempo o pensás que si no se da una lucha a brazo partido ese parasitismo eclesiástico puede durar por los siglos de los siglos?

En parte es una cuestión de tiempo, porque las generaciones jóvenes no están tan ligadas a la religión. En la sociedad, la presencia de la religión es una manifestación cultural más, una especie de folclore, de tradiciones.

En ese sentido la secularización, que es la presencia en menor o mayor medida de la religión, es un fenómeno que no se detiene. Hoy prima lo individual.

Ahora bien, la laicidad, es decir el hecho de que las políticas públicas y leyes no necesitan un fundamento religioso, eso hay que consolidarlo. Y no se logrará sin la separación de estas dos entidades. Es fundamental.

En ese sentido, a fines de julio acompañaste en Mendoza a Noelia Barbeito, a Nicolás del Caño y al senador Víctor Da Vila en la presentación del proyecto de Ley para eliminar los privilegios de la Iglesia Católica