El martes, en el TOF 1 de San Martín, arranca el juicio oral contra directivos de la automotriz por delitos de lesa humanidad. Uno de los obreros sobrevivientes habla de la lucha de su clase, ayer y hoy.
Domingo 17 de diciembre de 2017 10:09
Las cuatro décadas a la espera de justicia no lograron doblegarlo. Carlos Propato espera el inicio del demorado juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por parte de directivos de la empresa Ford Motors Argentina S.A. con toda la garra que caracteriza a este luchador, a quien sus amigos definirían como solidario y alegre.
Propato Integra el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de la zona norte del Gran Buenos Aires y milita en derechos humanos: no falta cada año, por ejemplo, a la Marcha del Apagón en Jujuy. Sabe que lo que se viene no será fácil, enfrentan a una de las multinacionales más poderosas del mundo. Y además, el tribunal que juzgará a los imputados (Pedro Müller, exgerente de manufacturas y segundo en la escala jerárquica de Ford, y el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla, exjefe de seguridad de la planta de General Pacheco, que llegó a tener su propio centro de detención y torturas en el campo de deportes) es el que recientemente absolvió a un genocida de Campo de Mayo que practicaba la tortura con perros, Rafael López Fader.
Propato tiene 69 años, vive con su compañera Mariana, hija de Miguel Angel Rouseaux, trabajador desaparecido de Gilette.
El juzgamiento de la denominada “pata civil” de la dictadura, que lejos de ser mera cómplice fue partícipe o directamente autora intelectual de estos crímenes que no prescriben, acumula una demora que otorgó mayor impunidad a estos genocidas de saco y corbata. Aún hoy sigue siendo ardua tarea destrabar los burocráticos escollos que se empeña en poner la corporación judicial. Por eso, a horas de la primera audiencia, durante la charla de Propato con La Izquierda Diario se cuela una pizca de ansiedad.
El martes a las 9:30 los dos exdirectivos de la automotriz norteamericana se sentarán como acusados junto al exgeneral Santiago Riveros ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (Pueyrredón 3728, San Martín). La causa se elevó hace tres años y medio, el inicio se postergó dos veces, y en el camino fallecieron dos de los acusados: el exgerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga, que llegó a estar procesado por su participación primaria en estos delitos de lesa humanidad, y el entonces presidente de la compañía, Nicolás Courard.
A mediados de 1975, en el marco de una huelga con ocupación de fábricas por parte de los obreros de automotrices, los de Ford marcharon hasta la sede de Smata, que conducía José Rodríguez, para rechazar la paritaria y exigir la convocatoria a un plenario de delegados. En ese proceso los delegados presentaron su renuncia al sindicato, al que la empresa aceptó aportar un 2 % de los salarios de cada obrero, aún de los no afiliados.
Aquella lucha concluyó con el despido de más de 300 trabajadores, un estricto régimen de control policial dentro y fuera de la planta, y el desplazamiento de la comisión interna, según se relata en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, coeditado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, Flacso, el CELS e Infojus.
El 25 de marzo de 1976, un día después del golpe, los delegados fueron citados a una reunión. Galárraga les leyó una esquela, que adjudicó a un coronel, que los exhortaba a olvidarse de todo reclamo gremial. “Se acabaron todos los problemas”, ironizó el gerente. “La empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”, afirmó. En los últimos días de marzo comenzaron los secuestros, la mayoría en el predio de Pacheco, en horario laboral y frente a compañeros, seguidos por interrogatorios y torturas en el quincho del campo de deportes donde el Ejército había instalado su campamento.
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Durante las detenciones varios militares mostraron a sus víctimas las fotos tamaño carnet que obraban en sus fichas de ingreso a Ford y admitieron que la empresa les había facilitado los legajos.
La jueza Alicia Vence procesó en mayo de 2013 a los tres exdirectivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores, todos delegados o activistas gremiales, de los cuales tres permanecen desaparecidos. Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados, y por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte, para que en sus dependientes fueran interrogados, en ese lugar fueron golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”.
La magistrada dio por probado que “la empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la limpieza de los elementos que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. A su criterio, los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros. “La automotriz quería generar más productividad a bajo costo. Por otro lado, los militares necesitaban un ‘enemigo’ interno para justificar la estabilidad del régimen ilegal. De esa conjunción emergió la llamada ‘subversión industrial’, que no era otra cosa que un puñado de delegados de base que pujaban por los derechos laborales de sus compañeros, obviamente impidiendo así los atropellos de la patronal y minando la posibilidad de que la productividad creciera a cuesta de su salud física y mental”, explicó Vence.
La expropiación del llamado “quincho recreativo” de la Ford, donde funcionó el campo de exterminio a medida fabril, tiene media sanción en la Legislatura bonaerense, a propuesta del diputado (mandato cumplido) Christian Castillo. En tanto, en mayo de 2012 los sobrevivientes habían logrado ingresar a la planta para realizar una inspección ocular: Propato, Pedro Troiani, Carlos Garey, Rúben Traverso, Ismael Portillo y Carlos “el Negro” Cantelo, entre otros.
“Acá el Ejército ocupó la planta. La llenaron de camiones y tanquetas, mientras sobrevolaban rasantes los helicópteros. Rápidamente la empresa nos marcó, les entregó el comedor y los abasteció de combustible. En pocas horas instalaron un cuartel militar dentro de la fábrica”, recordó uno de ellos, que habían sido acompañados por Victoria Moyano, hija de desaparecidos y miembro del Ceprodh.
“Éramos muy chicos, adolescentes, estábamos empezando una vida. De tanta picana me generaron un derrame cerebral, y nunca más pude volver a trabajar”, dijo otro. “Peleábamos por el salario, por el día femenino, la guardería”, contó aquel día Propato a Moyano, quien tras su secuestro, estuvo en la comisaría de Tigre y luego en Sierra Chica.
“Vamos a financiar el golpe”
“La organización de aquellos años arranca alrededor de 1972 dentro de la Ford, anteriormente era un mundo totalmente distinto, no había una organización directa, eso fue una lucha de hablar de hombre a hombre y día a día. La lucha sindical existía en ese momento en todo el cinturón industrial de Pacheco y toda zona norte. Peleábamos en Ford, en el Cordobazo, y en otras automotrices”, describe Propato, que pronto será testigo en el juicio, entrevistado por La Izquierda Diario.
“En aquel momento los compañeros que trabajaban en la sección Chasis morían por plomo en la sangre, esos eran los grandes problemas que teníamos en Ford, los que entraban al año o dos años terminaban con cáncer de pulmón pero nunca se sabía por qué. Los echaban y les pagaban plata que les alcanzaba solamente para su cajón, y desaparecían de la planta. Un compañero nuestro hizo un estudio, la gente pulía los lomos del baúl a cara descubierta por eso se fue tragando y tragando tóxico, y esos hombres morían y no sabíamos por qué. Reclamamos por eso y ahí empezaron en el 74 y 75 nuestros grandes enfrentamientos contra la Ford.
¿La empresa cómo reaccionó?
¿Cuándo empezó la represión adentro de la planta?
¿Considera que el caso de Ford es emblemático respecto del rol central que tuvieron durante la dictadura empresas y muchos sindicatos?
¿Es decir que recrudece la represión en medio de una fuerte ebullición de lucha sindical?
¿La situación cambió a partir del 76?
El inicio del juicio sucede en un momento particular, con el intento de imponer un ajuste brutal con represión y con un gobierno que niega el genocidio. ¿Qué apreciación le merece?
¿Qué valor cree que tienen sus testimonios para las nuevas generaciones de trabajadores?
¿Con qué expectativa llega al inicio del juicio?