La presidenta del Parlament de Catalunya tendrá que declarar como investigada por desobediencia al Tribunal Constitucional. Sigue en marcha la ofensiva contra el “procés” independentista.
Martes 25 de abril de 2017
Este martes se ha hecho pública la decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Maria Eugènia Alegret, de citar a declarar a la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell.
Junto a Forcadell, el TSJC ha llamado también a declarar a los miembros de la Mesa del Parlament, Joan Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Todos ellos investigados por desobediencia al Tribunal Constitucional, permitiendo que el Parlament votara la hoja de ruta del procés independentista catalán.
En julio de 2016 Carme Forcadell permitía, a propuesta de Jordi Turull (JxSí) y Anna Gabriel (CUP), que en el Pleno de ese día se votara la resolución soberanista de desconexión con el Estado español aprobada el 9N de 2015. Las formaciones independentistas acordaron aprobar por mayoría absoluta el procés catalán, desobedeciendo así al TC.
Por ello, el TSJC admitía a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Superior de Catalunya en octubre pasado para abrir una investigación contra Carme Forcadell por desobediencia y prevaricación. El 23 de febrero de este año el Tribunal de Catalunya admitía otra querella por su “contumaz y obstinada voluntad” de apoyar un referéndum vinculante. Querella que ampliaba la investigación a los demás citados. El hecho de aceptar las dos querellas, además ha permitido a la magistrada declarar como compleja la causa y aumentar el periodo de investigación a petición de la Fiscalía.
La decisión de investigar a Carme Forcadell viene precedida de la sentencia con la cual condenaban al expresident Artur Mas y a las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau a inhabilitación temporal para ejercer cargo público alguno y una multa de 100€ diarios por la celebración de la consulta soberanista del 9N de 2014; así como la amenaza del TC de suspender los presupuestos aprobados por el Parlament que incluyen una partida para realizar el referéndum.
El proceso judicial al que está sometida la presidenta del Parlament es un paso más en la ofensiva del PP, el PSOE y C’s, junto a las principales instituciones del Estado español, con la judicatura a la cabeza, no contra la figura de los que vienen dirigiendo el “procés” desde 2012 en el marco de la constitucionalidad vigente, sino contra las aspiraciones y reivindicaciones democráticas de cientos de miles de catalanes. Aspiraciones que los mismos dirigentes y partidos soberanistas están llevando a un callejón sin salida.
