DE LA ILUSIÓN AL DESENCANTO. Carmena prepara recortes y venta de suelo público

El Ayuntamiento de Manuela Carmena no solo planea continuar con la reducción de la deuda a ritmo de crucero -incluyendo recortes en gasto social-, sino que además ahora planifica la privatización de cientos de hectáreas de suelo público industrial vendiéndoselos al mejor postor. Todo para mostrar que es un Ayuntamiento que cumple escrupulosamente con el pago de la deuda y le Ley de Estabilidad Financiera, incluso a costa de incumplir su programa reformista que decía impulsar medidas en favor de “los de abajo”.

Está claro que, tras más de dos años de legislatura de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, uno de los objetivos políticos fundamentales para el equipo de gobierno de Manuela Carmena es ser reconocido como un gobierno “eficiente” y cumplidor sin tacha para con la disciplina presupuestaria impuesta por el gobierno de Rajoy y la Ley de estabilidad presupuestaria consecuencia de la Reforma constitucional de Zapatero.

Recordemos que por esta reforma constitucional los dos máximos partidos sustentadores del Régimen del 78, PSOE y PP, se pusieron de acuerdo con nocturnidad y alevosía para poner por delante de gastos sociales tan esenciales como los de sanidad, educación, o los servicios sociales, el pago de la deuda generada por los bancos y las grandes empresas inmobiliarias que generaron la crisis financiera y de deuda tras el “boom especulativo” que generó la crisis de 2008. Para el PSOE y PP los grandes capitalistas tenían que cobrar sus enormes beneficios en plena crisis incluso por encima de atender las necesidades más básicas de las clases populares.

El Ayuntamiento ha dado a conocer ahora sus planes y estimaciones para lo que queda de legislatura. Ahora Madrid pretende reducir fuertemente hasta 2019, último año de mandato, la deuda municipal para dejarla en 1.834 millones de euros. Esto supondría una reducción de tal calibre que situaría la deuda el niveles de 2004, es decir, unos cuantos años antes de la crisis. Y supone una clara mejora en rapidez e intensidad de reducción de deuda a las previsiones realizadas por el gobierno neoliberal del PP de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid y de lo que venía siendo la propia reducción record que viene realizando el gobierno de Ahora Madrid.
De este modo, en tan solo cuatro años, los de toda su legislatura, entre 2015 y 2019 el porcentaje de reducción sobre la deuda heredada por los gobiernos del Partido Popular sería de un 67%.

Esta reducción forma parte, según explicó el propio concejal de Hacienda del Ayuntamiento, anteriormente díscolo con los planteamientos de Montoro, Carlos Sánchez Mato, del plan de ajuste elaborado por el Consistorio para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, se acabó lo que se daba con respecto a la posibilidad de incumplir con los planteamientos más estrictos y asfixiantes del ministro Montoro.

Los argumentos de Ahora Madrid en boca de este concejal para justificar este recorte de la deuda, cuando su programa electoral abogaba por una auditoria y una reestructuración de la deuda, son en las propias palabras de Sánchez Mato que: “Madrid está demostrando, y lo va a seguir haciendo, que es compatible potenciar las políticas públicas, tener superávit y reducir deuda”.

Esto se afirma sin ningún sonrojo, mientras continúan a buen ritmo en la ciudad los desahucios sin alternativa habitacional, los niveles de desempleo en la capital siguen siendo inaceptables, la población situada en el umbral de la pobreza sigue afectando a gran parte de la población, o se dice que no se puede remunicipalizar por incapacidad para asumir financieramente los gastos laborales que ello implica, entre otros argumentos justificativos de otro incumplimiento más del programa electoral de Ahora Madrid.

Lo cierto es que la deuda en la etapa de Gallardón alcanzó los 7.000 millones de euros, siendo reducida en la etapa de Ana Botella, a partir de 2013, hasta alcanzar los 5.600 millones de euros. Es decir, que la reducción en aproximadamente dos años fue de 1.400 millones, mientras que en dos años el Ayuntamiento de Manuela Carmena lleva rebajados ya algo más de 2.000 millones, siendo actualmente de 3.570 millones de euros, según datos del Banco de España.

Todo esto acompañado de ejercicios presupuestarios con superávit que se han destinado al final a reducir deuda prácticamente en su totalidad por imposición de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como en 2016 que se cerró con 1.022 millones de ingresos que no se gastaron. Ha sobrado dinero pero no se han atendido las necesidades sociales de la población de Madrid, esa es la realidad.

Recortes y venta de suelo

Pero es que ahora y para dar otra vuelta de tuerca a los incumplimientos electorales de Manuela Carmena y Ahora Madrid, aunque cumpliendo escrupulosamente lo exigido por el ministro Montoro, el lunes pasado el equipo de gobierno aprobó un ajuste de las cuentas municipales para cumplir esos dictámenes del Ministro de Hacienda y llegar por fin a una reconciliación, cediendo absolutamente a sus planteamientos ultra neoliberales y de cumplimiento con la ley de Estabilidad Financiera.

El plan aprobado prevé recortar el gasto social e inversiones más de 127 millones de euros unido a la venta de suelo público por valor de 203 millones de euros. Según fuentes del propio gobierno de Ahora Madrid: “Se trata de medidas impopulares que el gobierno de Carmena toma con dificultad para cumplir con la ley de estabilidad y sanear las cuentas del Ayuntamiento”. Habría que añadir que no son solo medidas impopulares, sino que contradicen directamente el programa por el que Ahora Madrid llegó al gobierno municipal. Y además, no solo no se están recuperando servicios públicos privatizados durante la etapa del PP, sino que se da un paso más y Ahora Madrid enajena propiedad pública, suelo, privatizándolo al mejor postor. Es decir, se ha convertido, en otro agente privatizador más.

Con este acuerdo final se da carpetazo al amago de conflicto presupuestario que venía teniendo el Ayuntamiento de Madrid con Montoro desde finales del año pasado, una vez que el Ministerio de Hacienda rechazó la aprobación de los presupuestos para 2017 y el sobre todo el Plan Económico Financiero (PEF) para el conjunto de la legislatura que faltaba por desarrollar.

Ya adelantábamos desde Izquierda Diario hace meses que la única desobediencia posible a las exigencias de Rajoy y Montoro que pudiera conseguir algún resultado positivo pasaba por movilizar en la calle a los miles de trabajadores que apoyaron la candidatura de Ahora Madrid y al conjunto de las clases populares que se veían amenazadas con estas imposiciones del gobierno del PP en sus derechos económicos y sociales más esenciales, para imponer el cumplimiento del programa de Ahora Madrid al gobierno de Rajoy.

Cualquier otra cosa, como ha sido al final aceptar estas imposiciones por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena y Ahora Madrid, es ceder a un chantaje antidemocrático al gobierno municipal y la intromisión en el ámbito de sus competencias. Puesto que aceptar esas exigencias del gobierno de Rajoy implica alterar de manera fundamental la aplicación del programa que levantó la ilusión y el voto de amplios sectores de la población de Madrid, lo que supone que desde instituciones no elegidas localmente se imposibilite la aplicación de un programa elegido por una amplia mayoría.

Lo que demuestra, además que en la situación actual de crisis no superada aún, incluso las tímidas reformas políticas de carácter social que sustentaron la candidatura al Ayuntamiento de Ahora Madrid no tienen posibilidad de implementación sin enfrentar las políticas neoliberales de salida de la crisis favorables al capital y al pago de la deuda que la acompañan. La asfixia presupuestaria a la que iba empujando a lo largo de estos meses el gobierno del PP al Ayuntamiento de Madrid tenía que salir de los despachos y empezar a disputarse y derrotarse con la defensa en la calle de las políticas sociales que requieren las necesidades de la mayoría de la población que todavía no se ha recuperado de los golpes de la crisis.

Sin embargo, el equipo de Ahora Carmena es absolutamente impotente políticamente dado que teme impulsar esa movilización social. Una demostración de que desconfía, como todos los reformistas, de la movilización de los trabajadores y las clases populares como método de acción para conseguir las políticas sociales que desde el ámbito municipal posibilitaran atender a las necesidades reales de esa población. Dado que podría suponer un cuestionamiento, si quiera parcial, de los intereses económicos de los poderes fácticos de la ciudad.

Por eso todo el conflicto lo han reconducido a la vía institucional y a la negociación en los despachos, y en última instancia a ceder a los intereses de las grandes corporaciones capitalistas de la ciudad, o al gobierno que los representa como su consejo de administración, porque son quienes detentan en realidad el poder.
Renunciado así a la aplicación del propio programa reformista, todo en aras de la legalidad y el orden establecido desde el gobierno del PP. Y en esa política estéril y fraudulenta se encuentran inmersos todos los sectores de Ahora Madrid, los de la derecha y los de la izquierda, que al final no son más que consejeros críticos pero sostenedores de estas políticas neoliberales impuestas desde el gobierno del PP y la Unión Europea.