El debate en la superestructura sobre los indultos continúa. A pesar de que el gobierno, por declaraciones de Carolina Tohá, cierra la posibilidad de revocar los indultos concedidos aumentó la presión para que se anulen, de parte de Chile Vamos y la Democracia Cristiana.
Jueves 12 de enero de 2023
El diputado del Partido Socialista Tomás de Rementería tampoco quedó atrás, declarando que “desde el punto de vista político sin duda hay elementos que hacen cuestionables los indultos, ya que estamos ante delincuentes comunes que con oportunidad del estallido continuaron su historial delictual”.
Desde Socialismo Democrático, algunos parlamentarios socialistas y del PPD llamaron este martes al gobierno a dejar atrás las “desprolijidades” e incluso instaron al Presidente Boric a reorganizar el gabinete ministerial como respuesta a la crisis desatada por la concesión de los indultos presidenciales.
Estos sectores de la ex Concertación aprovechan la campaña criminalizadora de la derecha y los medios para exigir que el gobierno de Boric gire más aún a la derecha. Nos hace pensar que estas propuestas de “reorganización de gabinete” es justamente para poder aumentar la influencia de aquellos partidos (PPD) por sobre la alicaída influencia del Frente Amplio y el PC, que hasta el momento mantienen la alianza dejando de lado las aspiraciones de sectores populares y de izquierda que les votaron.
El gran montaje
Uno de los indultos más cuestionados, es el de Luis Castillo, su nombre está ligado a 26 causas judiciales durante 12 años. Esta situación ha formado la base para la argumentación desde RN hasta la DC para decir que se ha indultado a “delincuentes”. Lo cierto es que en contexto de revuelta, la Fiscalía acusó a Luis por delitos de desórdenes públicos, ilícitos de daños simples, robos consumados en lugar no habitado y un delito de daños calificados, todos en carácter de reiterados. Hechos que además significaron la primera condena en la Región de Atacama en que se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Esto significó una condena de cuatro años por los cargos mencionados anteriormente. Aunque la fiscalía declaró la sentencia como un delito penal, también se condenó a Luis con seguridad interior del Estado, esta condena fue conocida a los dos años de prisión preventiva, una prisión preventiva que vulnera todos los límites de tiempo que corresponden a los derechos penales de un individuo incluso si miramos los tratados internacionales ratificados en Chile.
De esto resulta que, Luis cumplió casi en totalidad una condena que se le hizo de manera desproporcionada al delito penal cometido, además de ser un preso político, encarcelado en contexto de revuelta y perseguido con la ley de seguridad interior del estado que extiende las penas.
Finalmente, Carolina Tohá, defendiendo a la ex Ministra de Justicia, señaló que "esas condenas siguen siendo válidas, los procesos no quedan en cuestión, pero hay una retribución excepcional que se le entrega a los presidentes para que ellos, en una evaluación, puedan considerar cuando corresponde o es adecuado que esa persona no siga en prisión, pero sigue condenada y sigue responsable de un delito".
Esta discusión por lo tanto no tiene nada que ver con la seguridad y la delincuencia. El de Luis es un caso excepcional, la mayoría de los indultos se dan en un contexto en el que los procesos judiciales han vulnerado los debidos procesos y derechos de los acusados, incluso por las propias investigaciones ha salido a la luz el montaje hecho hacia jóvenes de sectores populares que se manifestaron en la revuelta. Algunos han sido liberados luego de que se haya descubierto que todo se trató de un montaje de Carabineros, como ha sido el caso de Mauricio Cheuque, Kevin Godoy o Cristian Cayupán (indultado a quien se le acusa de disparar a una funcionaria policial a quien había disparado un compañero suyo de la misma institución).
Es necesario desmantelar el gran montaje que hacen Chile Vamos, los medios de comunicación tradicionales, la DC, e incluso el mismo gobierno, que mediante las palabras de su vocera Camila Vallejos, ha pedido disculpas a estas acusaciones diciendo que “si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación habría sido distinta”. Dando razón al discurso de los “delincuentes del estallido” fomentado por los sectores mencionados anteriormente.
Contra la criminalización y persecución política a la juventud movilizada
Es preciso destacar, que la dinámica de la justicia Chilena desde las detenciones el 18 de Octubre del año 2019, ha sido la de la criminalización y persecución de la juventud que se movilizó contra una realidad precarizada y con un futuro poco prometedor, heredada del sistema neoliberal implantado en dictadura, incluso desde que estudiamos en la educación superior, las deudas inauguran nuestras proyecciones de vida.
Como bien destaca la periodista Josefa Barraza Diaz, ”un tercio de los indultados fueron por condenas de investigaciones de agentes intra marcha, que incluso el Ministerio Público autorizo y aceptó las investigaciones de los intra marcha en estos casos a pesar de que no contaban ni con la autorización de un juez de garantía para actuar ni con la de un fiscal.”
Emblemático es el ejemplo de Nicolás Ríos joven secuestrado en contexto de movilización por agentes intra marchas. La incansable lucha que han dado familiares y amigos de presos políticos de la revuelta y mapuche sigue en pie, durante el gobierno de Gabriel Boric continúan habiendo presos políticos, Chile Vamos y la DC con el visto bueno de Apruebo Dignidad aprovechan cada oportunidad para reafirmar su devoción a la justicia heredada de la dictadura, donde se persiguen a jóvenes luchadores sociales de los sectores populares, y se les encarcela con cualquier justificación para castigar la movilización.
